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Hacienda litiga por 995 millones en créditos fiscales del Santander

El Estado impugna ante la Audiencia Nacional la conversión de impuestos diferidos monetizables reclamados por la entidad en 2017 tras la adquisición de Banco Popular

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María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno, durante una sesión de control en el Senado, el pasado 6 de febrero.Kiko Huesca (EFE)

El Estado se enreda con el Banco Santander a cuenta de los activos fiscales diferidos (DTA, acrónimo de defferred tax assets, en inglés). En este caso ha sido Hacienda la que ha recurrido ante la Audiencia Nacional la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central español con la que se dictó el abono de 995 millones en créditos fiscales procedentes del Banco Popular. El pago se hizo el año pasado, aunque la petición se remonta a 2017, cuando el grupo financiero se encontró con la negativa de la Agencia Tributaria al reclamar su conversión. Una oposición que mantiene el departamento que dirige María Jesús Montero, que ha decidido alargar el proceso.

Así consta en el informe anual de 2023 del Santander, emitido por la entidad este lunes a última hora de la noche a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). “La citada resolución favorable ha sido declarada lesiva para los intereses públicos e impugnada ante la Audiencia Nacional por la Administración tributaria”, se desgrana en el prolijo documento. Y añade: “La estimación de este recurso implicaría que grupo Santander debería reintegrar los fondos recibidos y volvería a acreditar dichos activos monetizables limitándose el impacto a los intereses de demora”.

De esta forma, el impacto en caja de la entidad se circunscribiría a la parte adicional por el tiempo de espera entre la reclamación y la pasada sentencia, que asciende a alrededor de 30 millones. Pese a ello, el grupo que preside Ana Botín es optimista y considera que “existen sólidos argumentos de defensa en relación con este recurso”.

La disparidad principal entre el Santander y la Administración Tributaria era si se cumplían las condiciones a cierre de 2017. Ambos estaban de acuerdo en que se trataba de unos activos fiscales monetizables, pero existían diferencias en si había que tomar el resultado del banco de origen cántabro a cierre del ejercicio o el del Popular, que se apuntó pérdidas. El Estado considera que este segundo ya había sido absorbido por el Santander. Es decir, no reconoce su conversión, ya que el Santander no registró números rojos.

Estos créditos fiscales, en la práctica, son unos derechos de cobro frente a la Administración, que los bancos se van deduciendo en los ejercicios siguientes en su factura fiscal. Cabe destacar que esta conversión en un pago solo se puede exigir en los ejercicios en los que se registren pérdidas en España o en el caso de liquidación, de ahí la disputa. Y eso explica, por ejemplo, que en la pandemia activaran parte de sus DTA tanto el Santander como el BBVA.

Por otra parte, el informe anual señala que la anulación del Tribunal Constitucional de la reforma de Sociedades de 2016, de Cristóbal Montoro, no afectará de forma significativa al grupo. En concreto, señala que la aplicación de la sentencia no tiene efecto en resultados ni un “impacto relevante en la declaración del Impuesto sobre Sociedades a presentar en 2024″ por parte del banco.

Además, el grupo que preside Botín recoge una serie de litigios, entre los que destacan en número los generados en Brasil. De hecho, un tercio de las provisiones del grupo (1.618 millones de 4.634 millones) para cuestiones procesales y litigios por impuestos pendientes se han constituido en Brasil. Entre ellos está el caso del impuesto del Programa de Integración Social y la Contribución para la Financiación de la Seguridad Social del país, para el que la entidad estimaba un coste de unos 400 millones de euros. El Supremo brasileño resolvió el pasado junio en contra de los intereses de la entidad, que ha impugnado dicho fallo. “El banco ha recurrido la sentencia, considerando la posible pérdida como un pasivo contingente”, recoge el informe anual del Santander.

‘Caso Orcel’

En el Reino Unido, el grupo se ve afectado por una investigación sectorial sobre el mercado de financiación de vehículos. Hubo una revisión de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA, por sus siglas en inglés) en este mercado en 2019, lo que ha provocado la llegada de demandas y reclamaciones judiciales sobre las comisiones pagadas en aplicación de los acuerdos del banco con sus agentes.

“La FCA anunció el 11 de enero de 2024 que tiene la intención de analizar los acuerdos históricos de pago de comisiones y la procedencia de tales reclamaciones”, incide el informe anual. El grupo recoge que no existe provisión para ello todavía, ya que es difícil de predecir su resultado por el momento. “Siguen existiendo importantes incertidumbres en cuanto a la existencia, el alcance y la duración de cualquier posible responsabilidad que hacen imposible revelar el alcance de cualquier potencial impacto financiero”, zanja el documento.

Además, el Santander repasa la situación del caso sobre el fichaje frustrado en 2019 del italiano Andrea Orcel para sustituir como consejero delegado a José Antonio Álvarez, entonces en el cargo. El pasado 11 de abril, el banco interpuso un recurso ante el Tribunal Supremo contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, que todavía está a espera de resolución. En el fallo en cuestión, del 20 de enero, los magistrados rebajaron en 8 millones la compensación al banquero italiano hasta los 43 millones. “En la medida en que fueron abonados en la ejecución provisional, ya han sido devueltos al banco junto con otros importes en concepto de intereses, que la sentencia de apelación considera asimismo improcedentes”, recuerda la compañía.

Las derivadas del Banco Popular

En su informe anual, el Banco Santander hace un repaso de todos los litigios que tiene pendiente derivados de la adquisición del Banco Popular por el valor simbólico de un euro, tras su resolución en junio de 2017. De este modo, expone la previsión de los costes millonarios en algunos de estos pleitos que le persiguen desde entonces, como sucesor del negocio. 

- Cláusulas suelo: el informe anual hace referencia a las reclamaciones por las cláusulas suelo del Banco Popular. "El grupo está expuesto a un número importante de operaciones con cláusulas suelo", advierte Santander en el documento. Según señala, tras las sentencias del TJUE y del Tribunal Supremo, que declararon como abusivas las cláusulas incluidas en préstamos hipotecarios que fijaban un tipo de interés mínimo -lo que impide a los hipotecados beneficiarse de posibles caídas del índice de referencia, como ocurrió con el euríbor hace unos años-, el Banco Popular ya hizo provisiones con objeto de cubrir "el efecto de la potencial devolución del exceso de intereses cobrados" entre la fecha de contratación de los correspondientes préstamos y mayo de 2013.

En este sentido, a fecha de 31 de diciembre de 2023, "y tras atender la mayor parte de las solicitudes de clientes", el banco asegura que "la potencial pérdida residual asociada a procedimientos judiciales en curso se estima en 52,6 millones de euros cubierta íntegramente con provisiones"

- Caso Popular: la entidad se detiene en la investigación abierta en la Audiencia Nacional, en la que figura como posible responsable civil subsidiario. Este procedimiento se centra en las presuntas irregularidades de la ampliación de capital del Popular en mayo de 2016 y en la supuesta filtración de información que provocó la caída de la cotización de la acción. En esta línea, el banco estima que el coste por una eventual compensación a accionistas del Banco Popular registrados en 2017 asciende a 680 millones de euros. No obstante, precisa que 535 millones de euros de dicha cantidad ya se aplicaron a la acción comercial de fidelización, unos bonos que se pusieron a disposición de los clientes que adquirieron acciones de Popular en la mencionada ampliación, a cambio de renunciar a cualquier tipo de reclamación o acciones legales.

En cualquier caso, Santander afirma que prevé una "disminución muy importante del riesgo asociado" a las reclamaciones de accionistas por la resolución del Popular, ya que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó una sentencia, el 5 de mayo de 2022, en la que cerró la puerta a los accionistas que participaron en dicha operación a dirigir cualquier reclamación al Banco Santander.

En cuanto al estatus procesal del Banco Santander en esta causa aún no es definitivo, ya que tiene que ser resuelto por el juez instructor José Luis Calama, que aplazó la decisión hasta el final de la fase de instrucción. Las pesquisas concluyeron en abril de 2023, si bien el magistrado no ha dado a conocer todavía si propone juzgar a alguno de los investigados o si el caso queda archivado para alguno de ellos, ni tampoco ha aclarado la situación del Santander. Esta resolución se esperaba para la primera quincena de febrero, pero finalmente se ha retrasado hasta "el 28 o 29 de febrero", según una última providencia que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 remitió a las partes, consultada por CincoDías.

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