Abertis estima un impacto de 29 millones en 2023 al ver denegada la liquidación de 4.000 millones en la AP-7
La concesionaria estudia cómo impugnar el fallo del Tribunal Supremo que tumba el convenio de compensación de tráfico firmado en 2006 con Fomento
El fallo del Tribunal Supremo contra los intereses de Abertis, en el caso de la liquidación de Acesa por inversiones extraordinarias en la autopista catalana AP-7, tiene un alcance muy limitado en las cuentas de la compañía que participan la italiana Mundys y el grupo ACS. Así al menos lo ha comunicado esta mañana Abertis a través de una notificación enviada a la CNMV: " Teniendo en cuenta reversiones de provisiones e ingresos extraordinarios, el impacto neto en el resultado de Abertis en 2023 será de sólo unos 29 millones de euros”, explica la firma que dirige José Aljaro tras ver denegada una reclamación de 4.150 millones al Estado.
“La compañía [por Abertis] continúa enfocada en la ejecución de su estrategia decrecimiento global, con el apoyo de sus accionistas ACS y Mundys”, culmina la nota hecha pública por el regulador bursátil. La decisión del Alto Tribunal hizo que la cotización de ACS cayera ayer en picado hasta un 9,99%. La compañía que preside Florentino Pérez cuenta con el 50% de la concesionaria de forma directa (30%) y a través de su filial germana Hochtief (20%). Esta última también sufrió un revolcón del 9,1% en el parqué.
Media hora antes de la apertura del mercado, la propia ACS ha tratado de taponar la herida asegurando que tan solo sufrirá un golpe de 14,5 millones en sus cuentas consolidadas de 2023. Por tanto, explica la firma de infraestructuras, el efecto “es inmaterial y no afectará a sus resultados”. Sus acciones han subido hoy un 1,63% en Bolsa.
Abertis va a seguir presentando batalla. De momento, dice haber tomado conocimiento del fallo del Supremo “en el contencioso que su filial Acesa ha mantenido con la Administración Pública, en relación con el cálculo del saldo de compensación que resulta de la modificación del contrato en 2006 del convenio de la AP-7″. El Tribunal no ha estimado la pretensión principal de Abertis “basada en su derecho a ser compensada por el margen diferencial entre el tráfico real y el previsto, al no considerar que dicho convenio estableciera una redistribución del riesgo de tráfico entre Administración concedente y concesionaria”, insiste la empresa. Abertis no comparte la interpretación del convenio de 2006, firmado con el Ministerio de Fomento que lideraba entonces la socialista Magdalena Álvarez. En este contexto, dice estudiar “en defensa de sus legítimos intereses, las posibles vías de impugnación”.
La sentencia supone una pérdida contable neta de provisiones de unos 250 millones de euros. Asimismo, ofrece un ingreso de caja neta de unos 65 millones de euros para la Compañía, al reconocer el Tribunal Supremo el derecho de la concesionaria a ser compensada por ciertas inversiones complementarias. Los citados 65 millones salen de restar el apunte en libros por el impacto de la puesta en operación de autovías paralelas a la AP7 y del propio capex en la infraestructura, menos los 250 millones de pérdida contable.
La sentencia del Tribunal Supremo, que es el órgano judicial competente para revisar los acuerdos del Consejo de Ministros, es firme y agota toda vía judicial. En principio, el único recurso que le quedaría a Abertis sería el Tribunal Constitucional, si bien para ello debe justificar la vulneración de algún derecho fundamental, lo cual es complicado jurídica y técnicamente. El tribunal de garantías solo admite a trámite el 1% de los recursos de amparo presentados. La segunda vía al alcance de la firma de autopistas es la del Tribunal Europeo de Dercehos Humanos, que también presta amparo a empresas, ante la violación de un derecho que Abertis cree tener por contrato.
La firma de calificación de riesgo S&P ha dado un espaldarazo a Abertis al mantener la calificación BBB- con perspectiva estable para la deuda de la concesionaria. De este modo, la nota no se ha visto afectada por el revés judicial recibido en el Supremo.
Los analistas de S&P dan por descontado que habrá recurso de Abertis y recuerda que su visión por la catalana no incorporaba una potencial compensación del Estado por la liquidación de la AP-7, “dada la incertidumbre del resultado” del proceso judicial. Sin embargo, la agencia reconoce que un cheque de 4.150 millones como el demandado por Abertis “sería una palanca importante para que la empresa pueda financiar adquisiciones o desapalancarse mucho antes de los vencimientos de 2031-2033 de concesiones francesas clave”.
500 millones de inversión extra
Acesa destinó más de 500 millones de euros a la ampliación de la AP-7 con nuevos carriles. Por su parte, el Estado asumió el riesgo de tráfico en esa vía hasta el final de la concesión de Acesa, que venció en agosto de 2021. El acuerdo con la Administración consistía en un aumento de las tarifas por encima de la inflación. Así, en el momento de la expiración de la concesión, si el tráfico era mayor que el fijado en el convenio, Acesa habría obtenido ya su premio, y si estaba por debajo era el Ministerio quien pagaba la diferencia.
En 2006 se tenía claro que el tráfico adicional generado en una carretera con mejores prestaciones cubriría la inversión, pero estalló la crisis financiera y el volumen de usuarios se desplomó, activándose los mecanismos de compensación y, años después, también los pleitos.
El Consejo de Ministros adoptó, el 18 de febrero de 2022, el acuerdo de compensación de las obras realizadas, cifrado en 1.069,9 millones de euros. De esa cifra, 505,5 millones de euros fueron reconocidos por la inversión ejecutada, 143,5 millones de euros responden al efecto impositivo, y el resto a la capitalización del saldo de compensación. Lo que no tuvo en cuenta el Ministerio son los descuentos en los peajes que Abertis realizó en los tramos Tarragona-Barcelona y Barcelona-La Junquera, y tampoco se reflejó compensación alguna por el descenso del tráfico durante la crisis financiera o durante la crisis del Covid-19. Acesa impugnó la liquidación ante el Supremo y este le ha denegado los más de 4.000 millones adicionales que la empresa había estimado como compensación tras hacer un cálculo total de 5.373 millones de euros.
El fallo discrepa de la interpretación de Acesa al considerar que el convenio no hace ninguna referencia ni se incluye ningún acuerdo entre las partes sobre una transferencia del riesgo de demanda, ni garantía de tráfico a favor de la concesionaria, sino que únicamente se contempla una compensación por las inversiones y obras ejecutadas con la correspondiente actualización. Y añade que un pacto de esa clase, que garantice a la concesionaria un tráfico determinado, es contrario al “régimen jurídico de las concesiones de autopistas”, al contemplar una eliminación del riesgo.
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