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Abertis designa a una árbitra para su demanda contra Argentina por sus autopistas en el país

La concesionaria avanza con su denuncia ante el Banco Mundial

La autopista Buenos Aires-Luján, en una imagen de archivo de Abertis.
La autopista Buenos Aires-Luján, en una imagen de archivo de Abertis.

Abertis sigue avanzando en su denuncia contra Argentina ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), el tribunal de arbitrajes del Banco Mundial, por el litigio que mantiene respecto a la extensión del contrato de sus dos autopistas en este país. La compañía española de movilidad acaba de designar a la jurista Elisabeth Eljuri, con doble nacionalidad de Venezuela y de San Cristóbal y Nieves, como árbitra para su defensa, encargo que la abogada ha aceptado, según las actas del caso consultadas por Europa Press.

La jurista ya ha participado en cerca de una veintena de arbitrajes internacionales, en varias ocasiones para petroleras que denunciaban actos contra la competencia llevados a cabo en Venezuela. También medió, por ejemplo, en una denuncia de Enel (la matriz italiana que controla la española Endesa) contra Costa Rica por una expropiación indirecta de dos centrales eléctricas en ese país. La disputa se resolvió amistosamente entre las partes, restableciéndose la compra de electricidad por parte de Costa Rica a esas centrales.

Abertis, controlada por la italiana Mundys y por ACS, comenzó esta disputa en agosto a través de sus representantes legales Freshfields Bruckhaus Deringer, radicado en Nueva York, y Marval, O’Farrell & Mairal, ubicado en Buenos Aires.

La compañía responde así a las demandas de lesividad recibidas por parte del Estado argentino para revertir sus dos concesiones en el país, al considerar el Gobierno nulo el acuerdo integral de renegociación contractual que el anterior Ejecutivo de Mauricio Macri firmó en 2018 con Abertis. Este acuerdo supuso otorgar una extensión de ambas concesiones hasta el año 2030. Sin embargo, el actual Gobierno de Alberto Fernández decidió revisar estas concesiones con una auditoría, que reveló “objeciones en relación con la legitimidad” de esa renovación.

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