El Ciadi pone en marcha el arbitraje del Canal de Isabel II contra Colombia por la expropiación de Triple A
Ambas partes logran formar el tribunal que estudiará la demanda de la compañía pública madrileña por la pérdida de su filial colombiana
El arbitraje entre el Canal de Isabel II y Colombia da sus primeros pasos. El tribunal para dirimir la demanda que la compañía pública que gestiona el agua de la Comunidad de Madrid planteó, el pasado mes de enero, ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) –organismo dependiente del Banco Mundial– contra el país americano por la expropiación de su filial Triple A ya está formado. De este modo, se abre el plazo de dos meses para que se celebre la primera sesión (salvo que las partes acuerden otro plazo) para fijar un calendario y establecer las reglas del procedimiento.
El tribunal se formó el 4 de diciembre, según consta en la web del Ciadi, después de que ambas partes alcanzaran un acuerdo para nombrar un tercer árbitro, tal y como marca la normativa del organismo. Este tercer miembro, precisamente, será el presidente, cargo que ha recaído en el británico-italiano Luca G. Radicati di Brozolo, reconocido jurista en el mundo del arbitraje, que además ha defendido a importantes clientes públicos y privados internacionales, como el banco de la Reserva Federal de Nueva York en el tribunal Irán-Estados Unidos, que resuelve las controversias comerciales entre ambos países.
La terna está completada por el belga Bernard Hanotiau y la costarricense Dyalá Jiménez Figueres. El primero, propuesto por la defensa del Canal (representado por el despacho Uría Menéndez), posee una amplia experiencia en arbitrajes internacionales al haber participado en más de 500 casos, según su currículum vítae. En cuanto a Jiménez Figueres, abogada y consultora especializada en esta materia, es conocida por ser ministra de Comercio Exterior de su país entre 2018 y 2020.
Salpicado por el caso Lezo
El arbitraje fue instado por Canal Extensia, el brazo de la sociedad pública al otro lado del Atlántico, que reclama una indemnización –la cuantía se concreta con el proceso más avanzado– por la pérdida forzosa de la filial colombiana Triple A, tras verse salpicada por el caso Lezo, la trama de corrupción que investiga la Audiencia Nacional sobre las irregularidades en el Canal de Isabel II mientras Ignacio González presidía la Comunidad de Madrid (entre 2012 y 2015), administración de la que depende la compañía.
Unas de las líneas de investigación de esta macrocausa –y la primera en estar lista para juicio– se centra en el supuesto sobreprecio de la compra de Inassa en 2001 (bajo la presidencia de Alberto Ruiz-Gallardón), cuyo principal activo era Acueducto, Alcantarillado y Aseo Barranquilla (Triple A). Para ello, el Canal de Isabel II utilizó su vehículo en América, Canal Extensia. “Un pelotazo”, afirmó González, según se escucha en una grabación telefónica que obra en el sumario de Lezo.
Este caso estalló en abril de 2017, con la detención de González, pero en paralelo la justicia colombiana inició una investigación para aclarar si los políticos locales recibieron mordidas de esta trama. Así, y en el marco de estas pesquisas, en 2018 la Fiscalía colombiana congeló las acciones en Triple A (el 82% del total) bajo el argumento de que la compañía española cobró a su filial más de 60 millones por asesorías técnicas que no se realizaron. El valor del embargo fue de 202.000 millones de pesos colombiano (46,6 millones de euros, al cambio actual).
De este modo, el Canal de Isabel II perdió el control de Triple A, que pasó a Sociedad de Activos Especiales (SAE), dependiente del Ministerio de Hacienda. Para ello, se aplicó una ley que regula la administración de bienes incautado a narcos y paramilitares. La expropiación adquirió firmeza en 2021.
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