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La opa de Talgo pende de 227 millones en créditos controlados por la banca

Las garantías de amortización anticipada pesan sobre el 70% de la carga financiera, que lideran Santander, Sabadell, BBVA y el BEI

El presidente de Talgo, Carlos de Palacio Oriol.
El presidente de Talgo, Carlos de Palacio Oriol.EFE

Siete de cada diez euros de la deuda de Talgo con entidades bancarias están cubiertos, a favor de estas últimas, por cláusulas de amortización anticipada en caso de cambio de control. Eso supone que, en caso de un nuevo propietario, las entidades pueden instar el cobro de esos préstamos. La carga del fabricante de trenes era de poco más de 330 millones de euros al cierre de 2022, último ejercicio auditado. Un 68% del total de la deuda financiera, por tanto, tiene algo que decir antes de que el fondo Trilantic, la familia Oriol o Torreal, vehículo inversor de Juan Abelló, decidan vender sus acciones del fabricante español de trenes al consorcio húngaro Ganz-MaVag Europe Zrt.

Es esta circunstancia la que ha llevado al grupo que lidera Magyar Vagon, del empresario húngaro afincado en Londres András Tombor, a supeditar el lanzamiento de la oferta pública de adquisición (opa) por Talgo al cierre de acuerdos con los acreedores financieros. Se quiere evitar a toda costa la ejecución de los créditos. De no darse el buscado consentimiento a la opa por parte de los bancos, entre los que destacan Santander, Sabadell, BBVA y el Banco Europeo de Inversión (BEI), la ofensiva en España de Magyar Vagon y sus socios podría salir muy por encima de los 632 millones en que han valorado el 100% del capital de Talgo (a cinco euros por acción).

La parte compradora dejó claro el viernes, en un comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que le interesa mantener la estructura de financiación de la española, con lo que se ahorraría tener que buscar respaldo adicional para devolver los préstamos. Incluso llegó a señalar que “no existe certeza de que se vaya a formular una oferta pública de adquisición de acciones de Talgo”, ante la incertidumbre del resultado de las conversaciones con la banca.

Los contactos se están produciendo a varias bandas. La deuda de Talgo está muy repartida entre diferentes entidades financieras, entre las que las españolas son mayoría. En los contratos en vigor se incluyen las citadas cláusulas que permiten a los bancos resolver los acuerdos ante un cambio en el control de la compañía, lo que le sitúa en una inmejorable posición para reforzar tanto sus garantías como las propias condiciones de los préstamos. “Los bancos analizarán la opa y pedirán un plan de negocio para revisar las condiciones de la financiación”, explica una fuente financiera sobre lo que suele ocurrir en este tipo de procesos. Es decir, todo apunta a que se deberá renegociar euro a euro, de mantenerse el núcleo de acreedores, como si fuese una reestructuración en la que pueden adaptarse las condiciones al actual contexto de mercado.

Talgo repartía sus 332 millones en créditos, al cierre de 2022, entre 18 entidades. Una situación que poco o nada ha cambiado a la conclusión de 2023, según apuntan fuentes financieras. Dos tercios de la deuda está nominada a tipo fijo con un interés medio del 1,7%, hoy fuera de mercado.

Por ello se espera que los posibles nuevos propietarios vean empeorar las condiciones de su financiación con una renegociación en el contexto actual, tras las subidas de tipos del último año y medio del Banco Central Europeo (BCE). Según las últimas cifras del Banco de España, la TAE (tasa anual equivalente) ofrecida a las sociedades no financieras superó el 5% en la parte final del pasado ejercicio.

Oferta a examen

En el entorno de la opa, de la que Magyar Vagon informó en noviembre al consejo de administración de Talgo, se afirma que el tira y afloja con la banca no debería arrojar sorpresas en contra de una operación que también va a someterse al filtro del Gobierno. “Lo normal es que le den luz verde a la operación, más si cabe por la influencia política que pueda tener”, añade otra fuente financiera. El fabricante de trenes es considerado estratégico por contar con fábricas en Madrid y Álava, además de participar en sociedades mixtas con Renfe para el mantenimiento de la flota de la operadora ferroviaria pública.

El escudo antiopas articulado por el Ejecutivo, en forma de real decreto-ley, llega hasta final de 2024 y blindó a empresas estratégicas, primero, ante la pérdida de valor en Bolsa derivada de la pandemia y, posteriormente, tras la invasión rusa de Ucrania. En manos del Consejo de Ministros queda prácticamente cualquier operación que pretenda ir más allá del 10% de una cotizada o que supere los 500 millones de euros en sociedades no cotizadas.

Talgo ofrece una plataforma de desarrollo en la alta velocidad ferroviaria al fabricante húngaro de trenes DJJ (Dunakeszi Jarmüjavító), propiedad de Magyar Vagon. Esta última tiene una fábrica en Dunakeszi especializada en trenes ligeros y de mercancías. Además de contar con una cartera de 4.200 millones (1.900 millones adjudicados entre enero y septiembre de 2023), la firma que preside Carlos de Palacio avista oportunidades por 10.000 millones de euros. Durante años no se ha dejado de otorgar a Talgo un papel, en este caso pasivo, en la integración del sector ferroviario, llegando a oídos del Ejecutivo incluso el interés de grandes conglomerados industriales chinos.

Golpe del 6,17% en la vuelta al parqué

Corrección. La cotización de Talgo sufrió ayer en Bolsa ante la incertidumbre que rodea a una opa que parecía inminente. Si el jueves su cotización fue suspendida cuando escalaba un 9,4%, a la espera de que fuera formulada la oferta de compra, el lunes volvió a negociarse el valor con una sangría que al cierre fue del 6,17%. Magyar Vagon enfrió expectativas en la tarde del viernes al reconocer que depende de los acreedores de Talgo para lanzar la opa sin verse penalizada con el pago anticipado de créditos por cambio de control.

Pacto. Un 40% del capital de Talgo es propiedad de la sociedad instrumental Pegaso Transportation International. Y dentro hay un accionista, el fondo de capital riesgo Trilantic, con el 63%, en clara posición de salida desde antes de la pandemia. Otro 20% de Pegaso está en manos de la familia fundadora Oriol. Y el resto es del vehículo Torreal, de Juan Abelló. Los socios de Pegaso tienen acordada una cláusula de arrastre por la que una decisión de desinversión de Trilantic llevaría consigo a los otros dos inversores. Otros partícipes del fabricante de trenes son la familia Torrente Blasco, con un 5,03% de Talgo a través de la instrumental Torreblas, y la aseguradora Santa Lucía con un 2,86%. Entre los miembros del consejo se reparte otro 3,5% de la empresa.


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