El abogado general de la UE desoye al Supremo y respalda las ‘trabas’ para demandar al cártel de camiones
El Alto Tribunal instó a suavizar los requisitos de notificación a las empresas matrices en otros países para rebajar los costes de las demandas y agilizar los procedimientos
El cártel de camiones tiene aún aristas pendientes de resolver. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tiene que dilucidar si los demandantes están obligados a notificar reclamaciones de indemnización a las sociedades matrices de los fabricantes de los vehículos, que en gran parte se encuentran en otros países, o bien pueden evitar este requisito, tal y como sugirió el Tribunal Supremo con el objetivo de abaratar los costes de los trámites y agilizar los procesos. Por el momento, se ha conocido la opinión del abogado general de la Unión Europea, que considera que esta exigencia debe mantenerse firme, ya que así lo establecen las normas europeas.
El debate jurídico lleva tiempo encima de la mesa, pues los demandantes han denunciado en varios procesos judiciales que estos trámites sirven de excusa a las compañías para retrasar el posible pago de una compensación. En octubre de 2022, el Alto Tribunal lo elevó a la máxima instancia judicial europea, al plantear una cuestión prejudicial tras constatar que no existe un criterio unánime en los tribunales sobre la necesidad de emplazar en el domicilio social de las empresas matrices las demandas por los perjuicios ocasionados por el pacto de precios que llevaron a cabo seis principales fabricantes de camiones (MAN, Daimler, Iveco, Volvo-Renault, DAF y Scania) entre 1997 y 2011.
Por estos hechos, la Comisión Europea sancionó a las compañías con 3.600 millones de euros, lo que abrió la puerta a miles de demandas. En España se adquirieron más de 300.000 camiones de estos fabricantes.
Obligación de notificar a la matriz
El TJUE ya solventó una de las trabas en estas reclamaciones y confirmó el plazo de prescripción de cinco años para que los afectados puedan reclamar a los fabricantes. Pero aún queda por resolver otras de las discusiones: el de la comunicación de la demanda.
El abogado general de Maciej Szpunar emitió este jueves su informe de conclusiones, no vinculantes para el tribunal –que aún tiene que dictar sentencia–, en el que, de acuerdo a la normativa europea, respaldó la obligación de notificar las demandas de indemnización a las compañías matrices y no solo a las filiales en España, responsables de la venta de camiones a los perjudicados por el cártel de camiones.
En este sentido, según el jurista polaco, la matriz establecida en otro Estado miembro tiene derecho a no comparecer cuando la demanda ha sido notificada solo en la filial de esa compañía en otro país. Del mismo modo, tampoco puede exigirse que la filial acepte la comunicación que va dirigida a la matriz. Todo ello porque, en muchos casos, las matrices y las filiales son personas jurídicas distintas, añadió el abogado general.
Consecuencias
Así las cosas, Szpunar no comparte el criterio del Tribunal Supremo, que considera que esta obligación complica el avance de los procedimientos, dado que el coste de la tramitación incrementa por los gastos derivados de la traducción de la demanda al idioma oficial donde se produce la notificación y depende de la cooperación judicial entre Estados para el envío de toda la documentación. Asimismo, el Alto Tribunal destacó que otros de los aspectos a tener en cuenta es el perfil del demandante, que en gran parte de los casos es “una persona física o una pequeña o mediana empresa que compró un número muy reducido de camiones”.
Fuentes jurídicas conocedoras de estos procedimientos señalan a CincoDías que una de las consecuencias de este requisito formal de notificación es que muchos de los demandantes “terminan abandonando sus pretensiones” por el elevado importe que puede llegar a sumar todo el trámite, a lo que añade el tiempo de espera para conseguir la indemnización. Cabe recordar que el TJUE dictaminó, el pasado mes de febrero, que los perjudicados asuman los costes judiciales proporcionales a su parte si sus demandas son estimadas parcialmente.
Sin embargo, otras fuentes jurídicas destacan que la interpretación del abogado general es “lógica”, ya que “es una cuestión regulada en un Reglamento europeo”, que establece reglas comunes para toda Europa en materia de notificación judicial. En este sentido, explican que la persona o empresa que decide demandar a una compañía por el sobreprecio en la compra de camiones “no puede eludir una correcta notificación en la sede de la sociedad demandada por razones de coste, pues de hacerlo así estaría comprometiendo gravemente el derecho de defensa de la sociedad demandada”. Por tanto, en opinión de las mismas fuentes, antes de iniciar una acción judicial, el afectado debe valorar estas cuestiones relativas al coste y dilación.
Un 5% del precio de compra
El Tribunal Supremo resolvió el pasado mes de junio cómo se debe cuantificar las indemnizaciones que los fabricantes de camiones sancionados por Bruselas deben abonar por inflar los precios. La Sala de lo Civil del Alto Tribunal fijó que la compensación debe ser del 5% más intereses del precio de compra del vehículo. De este modo, cerraba uno de los debates abiertos, después de que los tribunales españoles no tuvieran un criterio unánime sobre este porcentaje. Las audiencias provinciales habían estimado la compensación por el daño causado entre el 5% (el mínimo posible) y el 10% del importe de adquisición.
Finalmente, el Supremo apostó por resarcir con el 5% del coste del camión, siempre y cuando no se demuestre que la cuantía del daño es superior o inferior a esta estimación, más los intereses generados desde la compra del vehículo. El tribunal entiende que de este modo el resarcimiento es “pleno” y no se limita a compensar “un retraso en el pago”.
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