La factura de los carteles empresariales en España
Aunque es incalculable el número de personas damnificadas y el sobrecoste que recaudan estas prácticas ilegales, las sanciones impuestas han sido irrisorias
En los últimos 27 años, España ha sido arrasada por la operativa de múltiples cárteles empresariales. Estos acuerdos secretos entre empresas del mismo sector no solo han ensombrecido la libre competencia y generado un gran impacto negativo en la economía nacional, sino que han perjudicado directamente el bolsillo y la calidad de vida de una gran parte de la población.
Uno de los primeros fue el cartel de los pañales que operó entre 1996 y 2014 estableciendo un acuerdo sobre los precios de los pañales financiados por la Seguridad Social de venta en farmacias y pacientes no hospitalizados. En este caso, los principales afectados durante esos 18 años fueron las residencias de personas mayores y centros socio-sanitarios daban servicio a más de 2,5 millones de personas. La multa que se les impuso ascendió a 128,8 millones de euros.
Paralelamente, el cartel de camiones actuó entre 1997 y 2011. La Comisión Europea impuso una sanción de 3.600 millones de euros a estos fabricantes por prácticas colusorias que inflaron los precios de los camiones de medio y alto tonelaje, perjudicando a los consumidores. Solo en España se adquirieron más de 300.000 camiones de las empresas del cartel durante los 14 años que estuvo en activo.
Entre el 2000 y el 2013 más de 50.000 ganaderos se vieron afectados por el cartel de la leche. La CNMC penalizó a estas empresas y asociaciones con 80,6 millones de euros por intercambiar información durante 13 años que les permitía coordinar estrategias comerciales en detrimento de los intereses de los ganaderos.
El más actual es el cartel de coches, que intervino entre 2006 y 2013 pactando una estrategia común para fijar el precio de venta de los automóviles. Los 25 principales fabricantes y distribuidores del sector se embolsaron 27.000 millones de euros aproximadamente a costa de más de 9 millones de personas durante los años en que actuó. La ridícula multa impuesta ascendió a un total de 117 millones de euros.
¿A cuánta gente han afectado estas empresas? ¿Dónde quedan los derechos de los consumidores? ¿Cuánto se han embolsado a nuestra costa? ¿Son esas multas suficientes? Aunque es incalculable el número de personas damnificadas y el sobrecoste que recaudaron, lo que está claro es que las sanciones impuestas son irrisorias y todavía hoy en día continuamos viendo el impacto que han generado en nuestra economía (no obstante, podemos estimarlo en base a las sanciones económicas impuestas en el cartel de camiones, que suman más de 3.925 millones de euros).
Lamentablemente, año tras año continuamos viendo la irresponsabilidad de las empresas implicadas y, más aún, cómo estas prácticas se extienden a otros sectores. Ahora es el momento de que el poder judicial respalde a los afectados de forma contundente y defienda los derechos de los consumidores frente a los abusos corporativos. Por suerte, vamos en el buen camino.
En junio de 2022, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea falló que el plazo para reclamar los daños de un cartel es de 5 años y el plazo debe contarse desde la última resolución del Tribunal Supremo. Por ello, las reclamaciones de los afectados por el cartel de coches, el más reciente en ejercer estas prácticas contra la competencia, estarían en plazo hasta 2026.
Además, el cartel de coches no fue un cartel al uso porque no fue un simple acuerdo entre competidores para la fijación de los precios, el reparto de territorios o clientes; sino que consistió en un intercambio de información comercial sensible sobre la estrategia de la distribución comercial, los resultados de las marcas y la remuneración y márgenes comerciales a sus redes de concesionarios.
Por ello, las últimas sentencias en la Comunidad Valenciana, Cataluña o País Vasco entre otras no solo han impuesto indemnizaciones de entre el 5% y el 12,5% en la valoración de los daños e imposición de intereses, sino que los distintos juzgados mercantiles ya están aplicando también las costas del proceso a los demandados.
Otros de los grandes perjudicados por los cárteles han sido las empresas -incluidas las pymes- y los autónomos. En el caso del cartel de coches, aquellas con flotas de vehículos o furgonetas (estas últimas amparadas por las sentencias de los Juzgados Mercantiles de Palencia y Pontevedra). Se estima que en España más de mil empresas de este sector poseen alrededor de 150 unidades de vehículos, por lo que la repercusión económica de la operativa del cartel podría suponer una elevada cuantía para estas compañías.
Esta práctica monopolista tuvo un impacto directo: si los particulares asumieron un sobrecoste de entre el 10% y 15%, ¿a cuánto podría ascender esto para una empresa cuyo modelo de negocio se basa en explotar una flota de automóviles? La realidad es que si las reclamaciones oscilan entre los 2.000 euros y los 9.000 euros por vehículo, la indemnización para una empresa que tenga varios vehículos afectados por las prácticas del cartel de coches puede suponer una gran diferencia para su negocio, ya que, en estos casos, las indemnizaciones suelen ser superiores debido a que la mora entre comerciantes es más alta (entre el 12% y 13% de interés anual).
Sin embargo, hasta la fecha, menos del 2% de los damnificados han iniciado los trámites y es imperativo que tanto consumidores como empresas lo hagan. Las sanciones deben tener una condición ejemplarizante y la única forma que existe ahora mismo para ello es que los afectados reclamen el dinero que les robaron.
Gonzalo García de Diego es co-CEO de Cartel.es
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