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Madrid regula los VTC: impone límites a los precios y exige exámenes del callejero

Los conductores de estos vehículos deberán tener una antigüedad en el carnet clase B de al menos dos años

CINCO DÍAS
Vehículo de Cabify en Madrid.
Vehículo de Cabify en Madrid.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado el primer reglamento para vehículos de alquiler con conductor (VTC), que entrará en vigor en los próximos días, con el que impone exámenes del callejero a los conductores y limita los precios abusivos en situaciones de alta demanda como macro eventos o conciertos, en los que los viajes no podrán superar el 75% del coste ordinario.

En rueda de prensa tras el primer Consejo de Gobierno de 2024, el portavoz y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha avanzado que el Ejecutivo regional ha aprobado definitivamente la nueva normativa autonómica para regular a un sector que cuenta con alrededor de 9.000 autorizaciones en la región de empresas como Uber, Cabify o Bolt.

El Gobierno regional ha defendido que la nueva normativa autonómica para VTC dará”seguridad jurídica a usuarios, empresas y profesionales y una mayor calidad a los ciudadanos” que opten por este servicio.

Una de las principales novedades del texto, cuya aprobación será casi a la par que la prevista para el sector del taxi, es la limitación de los precios abusivos en picos de alta demanda, como macro eventos o conciertos en los que su coste de duplica o triplica, y que ahora “no podrá superar el 75% de la media del coste ordinario”, ha señalado García Martín.

Exámenes a conductores

El reglamento exige una prueba a la que tendrán que someterse los conductores en un plazo de 18 meses, salvo quienes lleven trabajando al menos durante uno o dos años en el período de los cuatro anteriores a la aplicación efectiva de la nueva normativa.

El examen consiste en el manejo de dispositivos digitales con mapa de navegación, el uso del castellano, primeros auxilios y lugares más importantes de la región. También deberán acreditar la posesión de un permiso de conducir de la clase B con, al menos, dos años de antigüedad y estar libre de condenas por delitos contra la libertad sexual.

Asimismo, no podrán llevar distintivos que conduzcan a la confusión con el taxi, captar a clientes ni tampoco permanecer en lugares como aeropuertos, estaciones de ferrocarril o autobús o cualquier otro emplazamiento donde haya una afluencia masiva de personas, algo reservado exclusivamente al taxi.

Por otro lado, se incorporan cuestiones como la activación de una línea telefónica de atención, y una nueva modalidad de viajes compartidos que podrá suscribir cada usuario por plaza y con pago individual, en función del recorrido que vaya a realizar. Esta alternativa de transporte permite al primer pasajero contratar un trayecto, al que podrán sumarse otros para el mismo itinerario o una parte, ya que pueden hacerse paradas intermedias de subida y bajada de clientes, conociendo todos ellos su precio previamente.

Además, desde el 1 de enero de 2025, de cada 10 vehículos a disposición del público, uno deberá ser accesible, y deberán ser retirados de la actividad cuando hayan cumplido los 10 años, así como tener distintivo ambiental Cero emisiones o ECO, aunque permitirán hasta finales de 2027 la circulación de los que tengan etiquetas C.

Para obtener y mantener las autorizaciones, las empresas deben contar, al menos, con un número de conductores igual al 75% de permisos en alta, y podrán disponer de los coches en régimen de propiedad o mediante alquiler bajo las figuras de renting o leasing. El Gobierno regional también contempla en el articulado de la normativa que las compañías deben tener cubierta su responsabilidad civil por los daños que puedan causar a los pasajeros durante el servicio de transporte y, además, estarán obligadas a impartir a sus trabajadores una formación continua.

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