Bruselas investiga si el decreto ley de VTC infringe la ley europea
Se espera que hoy se convalide la nueva norma, aprobada el 27 de junio
La Comisión Europea ha iniciado una investigación para determinar si el decreto ley para regular la actividad de las VTC, aprobado por el Gobierno español el 27 de junio incumple la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que el 8 de junio tumbó la limitación de una licencia VTC por cada 30 taxis, al considerar que dicho ratio vulneraba las normas europeas. Así lo asegura la comisaria de Transporte, Alina Vălean, en una carta enviada a las patronales del sector de las VTC, Feneval y Unauto, a la que ha tenido acceso CincoDías. La misiva llega después de que ambas asociaciones, que representan a empresas como Uber, Bolt y Cabify, remitieran a la comisaria el 20 de junio otra carta denunciando el propósito del Gobierno español de “burlar” en un nuevo decreto ley la sentencia del TJUE y “favorecer nuevamente al taxi”, lo que infringiría la ley europea.
La carta de Vălean, que se conoce horas antes de que la Diputación Permanente del Congreso convalide hoy el decreto ley, recuerda que el TJUE rechaza la limitación de una licencia VTC por cada 30 taxis por vulnerar las normas europeas, pero que avala que las administraciones puedan exigir una doble licencia para poder gestionar correctamente el transporte, el tráfico, el espacio público y proteger el medio ambiente. Sin embargo, advierte que esta restricción específica “debe basarse en criterios objetivos, no discriminatorios y conocidos de antemano, que excluyan cualquier arbitrariedad y que no se solapen con los controles ya efectuados en el marco del procedimiento de autorización nacional”.
También recuerda que la citada sentencia indica que garantizar la viabilidad económica del servicio del taxi no puede ser considerada una “razón imperiosa de interés general” para justificar medidas restrictivas a la libertad de establecimiento de las VTC. La carta subraya que cualquier legislación nacional que restrinja esa libertad de establecimiento sin justificación contradice la legislación de la UE.
Bruselas quiere determinar con su investigación si las medidas del Gobierno español para proteger la industria del taxi vulneran la normativa comunitaria. Y es que el citado decreto ley no solo introduce criterios medioambientales y de gestión del tráfico para poder restringir el otorgamiento de licencias VTC, sino que blinda al taxi, al declararlo en su artículo 151 “servicio de interés público”. Un hecho que, según denunciaron las patronales del sector de VTC, supone “burla” al TJUE, porque “permitirá fijar requisitos diferentes” a ambos colectivos.
Feneval y Unauto ya advirtieron entonces que iban a solicitar a la Comisión que abriera un procedimiento de infracción contra el Gobierno de España, pues en su opinión esa “definición” del taxi contradice expresamente la reciente sentencia del TJUE, que establece claramente que las regulaciones de movilidad deben estar destinadas a proteger el interés general (protección del medio ambiente, gestión de tráfico y del espacio público) y “que éste no es en ningún caso la viabilidad económica del sector del taxi”. Además, añadieron que todas las regulaciones aprobadas deben ser “proporcionales y no discriminar entre taxis y VTC”.
En este contexto, la carta de la comisaria aclara que los servicios de la Comisión Europea ya iniciaron antes de la sentencia del TJUE un diálogo con España para entender las diferentes normativas que se aplican en el país a taxis y VTC. “Esta información debería ayudar a la Comisión a evaluar si estas normas infringen el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea [TFUE]”, continúa la carta, que añade que “la Comisión también evaluará el Real Decreto Ley 5/2023, de 28 de junio de 2023 sobre taxis y VTC para determinar su compatibilidad” con el citado artículo.
La misiva apunta la obligación de España de cumplir con la sentencia del TJUE, ya que el artículo 49 del TFUE prohíbe restricciones a la libertad de establecimiento a menos que estén justificadas. Por lo tanto, advierte, “cualquier legislación nacional que la restrinja sin justificación contradice el derecho de la UE”.
La Comisión Europea no ha sido la única institución que ha puesto la lupa sobre el nuevo decreto ley de las VTC. Hace unos días, la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) emitió un informe donde señalaba que las medidas contempladas en la nueva normativa “no están alineadas con la sentencia del TJUE”. Así, subrayó que el real decreto ley no suprime la ratio 1/30 y que el texto profundiza en la dualidad regulatoria existente en el mercado de los servicios de transporte de viajeros bajo demanda.
La ACCO añadió que el Gobierno ha desperdiciado la ocasión blindada por la sentencia del TJUE para emprender un proceso de revisión completo del marco normativo básico aplicable a los operadores que actúan en ese mercado, taxis y VTC, “restrictivo para ambas tipologías de operadores y obsoleto en muchos aspectos”, en la línea de lo manifestado por la Comisión Europea en febrero de 2022.
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