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Golpe al taxi: El TJUE rechaza la limitación de licencias a las VTC, pero avala la doble autorización

La sentencia del máximo tribunal europeo abre una nueva batalla judicial. Considera que exigir un doble permiso puede ser necesario para gestionar el transporte

Un VTC frente a un taxi
Un VTC frente a un taxiJose Manuel Vidal (EFE)

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha sentenciado que la limitación de una licencia VTC (Vehículo de Transporte con Conductor) por cada 30 taxis vulnera las normas europeas. Esa es la conclusión del máximo tribunal europeo sobre uno de los principales conflictos que existe en este sector, que lleva años en manos tanto de la justicia española como de la europea. Sin embargo, el tribunal con sede en Luxemburgo avala que las administraciones puedan exigir una doble licencia para poder gestionar adecuadamente el transporte, el tráfico, el espacio público, incluso las medidas para la protección del medio ambiente.

Así se desprende de la sentencia que el TJUE ha dado a conocer este jueves, en la que resuelve una cuestión relativa al Área Metropolitana de Barcelona (AMB), pero que tiene trascendencia en todo el territorio nacional, por la ratio 1/30 que opera sobre plataformas como Uber y Cabify. En concreto, los magistrados han resuelto una cuestión prejudicial del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que albergaba dudas sobre la compatibilidad con el derecho a la Unión Europeo tanto de la limitación impuesta al número de autorizaciones de VTC como la obligación de tener una doble autorización para poder prestar servicios, tal y como ocurre en el AMB.

En su sentencia, los magistrados afirman, al igual que hizo el abogado general de la Unión Europea, Maciej Szpunar en su dictamen (preceptivo pero no vinculante) emitido el pasado mes de diciembre, que el “objetivo de garantizar la viabilidad económica de los servicios del taxi” no permite imponer la restricción de un VTC por cada 30 taxis. En este sentido, concluyen que la limitación de las licencias “no parece idónea para garantizar la consecución de los objetivos de buena gestión del transporte, del tráfico y del espacio público, así como de protección del medio ambiente”.

Libertad de establecimiento

En su opinión, lo que sí parece garantizar dichos objetivos, que constituyen “razones imperiosas de interés general”, según subraya la sentencia, es la exigencia de tener un doble permiso para poder operar, es decir, que además de la licencia obtenida a nivel nacional se obtenga uno adicional de las autoridades regionales.

El TJUE admite que las dos autorizaciones son restricciones al ejercicio de la libertad de establecimiento, ya que una limita efectivamente el acceso al mercado y la otra limita el número de prestadores de servicios de VTC establecidos en un área concreto, en este caso el Área Metropolitana de Barcelona. Por ello, advierte que la restricción específica “debe basarse en criterios objetivos, no discriminatorios y conocidos de antemano, que excluyan cualquier arbitrariedad y que no se solapen con los controles ya efectuados en el marco del procedimiento de autorización nacional”. Es decir, debe responder a necesidades particulares.

En España, la regulación de la VTC tiene su origen en 2018 cuando el Gobierno aprobó el conocido como ‘decreto Ábalos’, que abrió la puerta a que las comunidades autónomas establecieran las condiciones para la concesión o denegación de nuevas licencias. De este modo, algunas regiones como Cataluña, Comunidad de Madrid o Andalucía tienen su propia normativa para controlar el número de licencias.

Con esta sentencia, el TJUE marca el camino a seguir a todos los tribunales españoles que tienen pendiente resolver los litigios sobre la limitación de licencias. Entre ellos, se encuentra el Tribunal Supremo, que tiene pendiente la resolución de una treintena de recursos, a la espera de conocer el dictamen de la Justicia europea.

El Alto Tribunal español avaló en 2018 esta ratio de una licencia VTC por cada 30 licencias de taxis, pero en los casos en los que este límite sea necesario y proporcional para “garantizar el equilibrio” entre estas dos modalidades de transporte y para asegurar el mantenimiento del servicio del taxi como un servicio de interés general. No obstante, pasados los años ha seguido teniendo dudas por lo que también ha planteado una cuestión prejudicial al TJUE, que de resolverse en el mismo sentido que la reciente sentencia obligaría a estos magistrados a revisar su jurisprudencia y anular la ratio vigente. De ser así, al menos, 25.000 VTC más, solicitadas con carácter previo a 2018, podrían acceder al mercado.

Efectos de la sentencia

En cualquier caso, los efectos de la sentencia del máximo tribunal europeo no serán inmediatos. En el caso de Barcelona, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que planteó la cuestión prejudicial, tendrá que analizar los argumentos conocidos este jueves para decidir si alguno o todos los preceptos del Reglamento de la AMB deben ser anulados. De ser así, las fuentes jurídicas consultadas por CincoDías explican que la oferta de VTC podría crecer en gran medida, ya que unos 1.000 vehículos se encontraban autorizados previamente a las limitaciones previstas en la norma y ahora podrían instar a su autorización.

En el caso de todos los juzgados ordinarios que estudian las demandas impuestas contra las limitaciones, estos deberán seguir los criterios expuestos por el TJUE, si bien el tiempo hasta obtener una respuesta judicial firme es largo, ya que estas sentencias podrán ser recurridas en varias instancias judiciales hasta llegar de nuevo al Tribunal Supremo, que tiene la última palabra.

Emilio Domínguez del Valle, abogado experto en movilidad y transportes, explica a CincoDías que la sentencia del TJUE de este jueves da un portazo a las limitaciones a los VTC que la Autoridad Metropolitana de Barcelona regulaba en su reglamento urbano restringiendo a una autorización de VTC por cada 30 taxis, porque tenían base en la protección a las licencias del taxi y respondían a razones de oferta y demanda, declarando que una intervención cuantitativa así en el mercado del transporte es contraria a los principios al Tratado de la Unión Europea.

El abogado matiza que la sentencia aún no modifica de facto la situación puesto que la ratio 1/30 se encuentra recogida en una Ley estatal, “pero sí que va a promover que tanto el Gobierno que salga de las urnas como las Comunidades y Ayuntamientos intenten regular de nuevo estos sectores a través de otras normas que incidan en las limitaciones cualitativas al sector, y que por la presión de taxistas y empresas de VTC establecidas valoren añadir otras de índole cuantitativo, que tendrían que pasar el filtro de los tribunales, siempre se que funden en la la buena gestión del transporte, del tráfico y del espacio público, así como de protección del medio ambiente”. En opinión de Domínguez, “seguramente en unos años veremos más VTC y más taxis en nuestras ciudades, pero sin aumentar la huella de carbono”.

Así, según este abogado, el pronunciamiento del TJUE abrirá una nueva guerra judicial tanto por algunas solicitudes pendientes de estas autorizaciones en toda España (solo en Barcelona más de 1.000), como por otras nuevas que se harán y que tendrán nuevamente que dirimir el Tribunal Supremo.

Desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana aseguraron hoy que el Gobierno “respeta la resolución judicial” y que está analizando los efectos de la sentencia. No obstante, recordó que este Ejecutivo estableció un periodo de transición de cuatro años para que las autonomías y ayuntamientos regularan sobre las concesiones de VTC de carácter urbano, periodo que concluyó el 30 de septiembre de 2022. Por ello, añadió que son las CC AA las que deberán evaluar el impacto del fallo en sus propias autorizaciones, ya que actualmente existen licencias VTC estatales y autonómicas, y determinar sus propios cambios normativos.

En España hay actualmente 18.480 licencias de VTC por 60.402 de taxi, aproximadamente un tercio, según los datos del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana del pasado 1 de junio. Fuentes del sector señalan que el ratio 1/30 se supera prácticamente en todas las ciudades donde el servicio de los VTC está operativo.

Las patronales del sector de los VTC, Feneval y Unauto-VTC, han recibido “con satisfacción” la ratificación este jueves del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de la opinión emitida por Szpunar. La sentencia pondría en cuestión, según ambas organizaciones, gran parte de las restricciones que en los últimos años han impuesto a las VTC las autoridades de Aragón, Baleares, Cataluña o Valencia.

Sobre la exigencia de una segunda licencia para operar si persigue objetivos de “buena gestión del transporte, del tráfico, del espacio público y del medio ambiente”, las patronales creen que es “algo que parece muy alejado de algunas restricciones recientes como la longitud mínima de los vehículos impuestas en el decreto ley de la Generalitat”. “De hecho, el propio tribunal explica que los servicios de VTC favorecen la consecución de los objetivos comunes perseguidos en estos ámbitos, como la reducción del coche particular en las ciudades, destacando el nivel de digitalización de las plataformas y su flexibilidad para prestar servicios, además con vehículos más sostenibles”, continúan.

Adaptación de la normativa

Ignacio Manzano, portavoz de Feneval VTC, destaca que “el sector de la VTC celebra esta sentencia, que no hace sino demostrar que la regulación de algunas regiones españolas es contraria al Derecho Español y Europeo, y nos coloca a la cola de muchos países de la región en materia de movilidad y sostenibilidad”. Por su parte, el portavoz de Unauto-VTC, José Manuel Berzal, apunta que “Tras esta sentencia, el regulador español deberá adaptar la normativa para que el número de licencias sea determinado en función de las necesidades de movilidad de los ciudadanos y el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad y no en base a los intereses de la minoría más radical del taxi”.

La decisión de la justicia no ha sido tan bien acogida por todos. El portavoz de Élite Taxi, Tito Álvarez, llama a todos los taxistas de Cataluña a una “gran movilización” el próximo miércoles para exigir que se limite las licencias de VTC fuera del área metropolitana de Barcelona. En declaraciones a los periodistas, ha añadido que la sentencia “refuerza todos sus argumentos” y a buena gestión del transporte, del tráfico y del espacio público y de la protección del medio ambiente.

Para Álvarez, la sentencia “refuerza todos sus argumentos”, porque según explica la sentencia justifica las medidas de restricción para asegurar la buena gestión del transforme, del tráfico y del espacio público y de la protección del medio ambiente, pero cree que falta un último empujón por parte del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. “Hay que proteger a todos los taxistas de fuera del AMB porque los VTC pueden hacer transporte interurbano y, si desde el Ministerio no ponen remedio y lo restringen, puede haber una invasión”, ha añadido.

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