Competencia pide a las autonomías que eviten imponer requisitos que lastren la competitividad de las VTC
Solicitan una regulación del sector no perjudique a los consumidores
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y las autoridades de competencia de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Extremadura y País Vasco han hecho un llamamiento para que las comunidades autónomas eviten imponer requisitos "innecesarios y desproporcionados" en la regulación del sector del taxi y de las VTC.
En un documento conjunto de las autoridades de competencia reclaman que la regulación que adopten las comunidades para este sector no perjudique a los consumidores ni suponga una reducción de la competencia en el mercado global de los taxis y de los vehículos con conductor.
Como recuerdan los citados organismos, el llamado Decreto Ábalos (Real Decreto Ley 13/2018) establecía un periodo transitorio de cuatros años, que prohíbe a las licencias de VTC realizar trayectos urbanos más allá del próximo 1 de octubre de 2022 si la comunidad autónoma no regula antes su actividad urbana de modo expreso. Algunas comunidades autónomas han regulado los servicios VTC urbanos, pero algunas, como la de Cataluña, han impuestos "unas condiciones de difícil cumplimiento", lo que reduce, según aseguran, el atractivo de estos servicios para los consumidores y "lastran su competitividad frente al taxi".
Entre las restricciones que establece, por ejemplo, la regulación de Cataluña destaca la exigencia de un tamaño mínimo de los vehículos adscritos a las licencias de 4,90 metros, una condición que solo cumplen algunos turismos de gama más alta y las furgonetas de pasajeros.
La Comunidad de Madrid es una de las pocas que ha establecido una regulación que satisface a las VTC. Por su parte, Andalucía, aprobó a finales de septiembre in extremis un decreto ley que permite al sector seguir haciendo trayectos urbanos, pero que prohíbe a las VTC estacionar a menos de 300 metros de aeropuertos o estaciones de buses, y parar a menos de 150 metros de hospitales o centros comerciales con más de 500 plazas de aparcamiento.
Las autoridades de competencia recuerdan también que algunas comunidades autónomas no hans llegado a regular el sector después del real decreto, por lo que en sus territorios los operadores VTC se exponen a no poder prestar servicios urbanos.
Ante esta situación, dichas autoridades urgen a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a que regulen "efectivamente" la prestación del servicio urbano de VTC en sus territorios y les recuerdan que la adopción en la regulación de cualquier limitación o restricción que altere el funcionamiento del mercado debe respetar los principios de necesidad, proporcionalidad y no discriminación.
En un comunicado conjunto, recuerdan igualmente la conveniencia de que toda medida regulatoria o administrativa que pueda restringir o limitar el acceso a un mercado o la capacidad de las empresas para competir en el se someta a consulta previa a las autoridades de competencia.
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