El juicio a Iberdrola por el ‘tarifazo’ de la luz a finales de 2013 queda visto para sentencia
La defensa de la compañía tachó la vista oral de “ciencia ficción” y aseguró que no se ha acreditado una manipulación del mercado ni el perjuicio a los consumidores
El juicio contra Iberdrola Generación por la presunta alteración del precio de la luz a finales de 2013 ha quedado visto para sentencia. Después de 21 jornadas, el magistrado del Juzgado Central de lo Penal Único, José Manuel Clemente Fernández-Prieto, comienza ahora a analizar en profundidad todas las declaraciones y pruebas practicadas en la vista oral para esclarecer si la compañía eléctrica manipuló el sistema de fijación del coste de la electricidad. La Fiscalía Anticorrupción pide que se imponga a la eléctrica una multa de 5,4 millones de euros y una responsabilidad civil de más de 100 millones de euros para indemnizar a consumidores y comercializadoras que se vieron perjudicados por estos hechos.
Antes de declarar el final del juicio –que se inició el pasado 17 de octubre– y de que Iberdrola Generación, como persona jurídica, y los cuatro directivos de la filial acusados (para los que Fiscalía pide dos años de prisión) rechazaran hacer uso de su derecho a la última palabra, el juez ha escuchado el informe de conclusiones de la compañía, que ha insistido en que no existe ningún delito contra el mercado y los consumidores como atribuye Anticorrupción.
En esta línea, la defensa de Iberdrola Generación ha calificado el juicio de “ciencia ficción” porque, según ha indicado durante su exposición, gran parte de lo que se ha expuesto durante la vista oral no tiene ningún tipo de relación con lo que regula el artículo 281 del Código Penal, por el que se le acusa. Este precepto señala que “el que detrajere del mercado materias primas o productos de primera necesidad con la intención de desabastecer un sector del mismo, de forzar una alteración de precios, o de perjudicar gravemente a los consumidores, será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses”.
Anticorrupción y las acusaciones particulares (Geotlander, Facua y Axpo Iberia) afirman que Iberdrola Generación subió sin justificación el precio de las ofertas de energía eléctrica de sus centrales hidráulicas de Duero, Sil y Tajo entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013, en plena bajada de temperaturas. Esta actuación reportó un beneficio de 21,2 millones de euros a Iberdrola Generación. La investigación penal se inició en 2017 después de la Fiscalía presentara una denuncia contra la cotizada. Dos años antes, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) multó a la compañía con 25 millones de euros por estos hechos.
Una posible “venganza”
Según ha indicado el abogado de Iberdrola, ningún perito ha podido demostrar que la empresa tuviera una intención de sustraer la energía disponible, ni que tuviera una intención de perjudicar a los consumidores o comercializadoras. En esta línea, ha cargado duramente contra Anticorrupción, a quien reprochó que no dedicara, en su acusación, “ni una sola” referencia a la responsabilidad de la persona jurídica. Es más, ha lamentado que el fiscal sugiriera que la actuación de Iberdrola fuera una especie de “venganza” de la cúpula de la eléctrica hacia el Gobierno de Mariano Rajoy por cambiar de opinión y eliminar de los Presupuestos Generales para 2014 la partida que, inicialmente, iba a financiar el déficit tarifario de 3.600 millones de euros.
En este sentido, la defensa ha señalado que si de verdad el fiscal creía que la tensión entre el sector y el Ejecutivo era el motivo de la subida de la luz hubiese acusado al consejo de administración de Iberdrola al completo y no solo a cuatro directivos de la filial. “Era un disparate”, ha apostillado el abogado. “Se quedaron con los que es más fácil quedarse y eso que algunos no estaban ni siquiera en las reuniones” donde se fijaban precios, ha concluido.
El turno del teniente fiscal de Anticorrupción, Antonio Romeral, para exponer sus conclusiones fue este martes. Durante su intervención, insistió que Iberdrola Generación “maquinó” para alterar los precios de la luz “sin causa justificada”. De este modo, y tras comparar las reservas de agua embalsada en 2013 con las existentes en 2011 y 2012, el fiscal trató de desmontar las tesis de defensa de la compañía y afirmó que había un claro “desfase de producción en igualdad de nivel de agua”. Así las cosas, el fiscal recordó que durante el juicio se habló en varias ocasiones del malestar de las eléctricas con el Gobierno, si bien precisó que el objeto del juicio es aclarar cuál era el verdadero precio de la luz a finales de 2013.
Con todo ello, Anticorrupción mantiene su acusación contra Iberdrola Generación y cuatro de los directivos de la filial. Sin embargo, el fiscal se vio obligado a rebajar su petición inicial de multa de 84,9 millones de euros para la compañía (el cuádruplo del beneficio de 21,2 millones de euros que obtuvo) por el delito de manipulación de los mercados, hasta los 5,4 millones de euros (5.000 euros al día durante tres años), debido a una reforma del Código Penal en 2015 que no había contemplado antes del inicio del juicio. Asimismo, ha interesado el decomiso de las ganancias generadas por estos hechos.
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