Iberdrola y cuatro directivos afrontan el juicio por el ‘tarifazo’ de la luz en la ola de frío de 2013
La Fiscalía Anticorrupción solicita una multa de más de 100 millones de euros para la compañía y dos años de cárcel para cada uno de los ejecutivos acusados
Iberdrola Generación (Ibergen) y cuatro de sus directivos se sentarán a partir del martes, 17 de octubre, en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional por el tarifazo de la luz de 2013. La Fiscalía Anticorrupción considera que la compañía manipuló el coste de la energía a finales de ese año, en plena ola de frío, lo que le permitió tener un beneficio de 21,2 millones de euros. Por ello, solicita para la filial de grupo energético una multa de más de 100 millones de euros por “provocar una subida del precio de la energía eléctrica y perjudicar a los consumidores”. Asimismo, el ministerio público acusa a cuatro altos cargos de la empresa por participar en este objetivo, quienes se enfrenta a una condena de dos años de prisión.
La vista oral, que se prevé que se alargue hasta diciembre y a la que acudirán como testigos el exministro de Industria José Manuel Soria y el que fuera su número dos Alberto Nadal, se centrará en esclarecer si Iberdrola cometió un delito relativo al mercado y a los consumidores por unos hechos que se remontan a hace 10 años.
La compañía afrontó la fianza de 192.231.272 euros que el juez instructor le impuso de forma conjunta y solidaria con los otros cuatro acusados, los que fueran en la época de los hechos director de Gestión de la Energía, Ángel Chiarri Toscano; el responsable de Optimización, Gestión de Recursos y Trading, Gregorio Relaño Cobián; el jefe de Gestión de Activos, José Luis Rapún Jiménez; y el responsable de Mercados a Corto Plazo y Generación Global, Javier Paradinas Zorrilla.
En concreto, 84 millones irían destinados al pago de las multas (el cuádruplo del beneficio obtenido) y los 107 millones restantes a la responsabilidad civil para abonar indemnizaciones a las comercializadoras de energía eléctrica y al resto de personas físicas y jurídicas que acrediten que fueron perjudicadas. En caso de que haya una sentencia absolutoria, la cuantía será devuelta íntegramente.
Sin justificación
El juez instructor Ismael Moreno explicó en varios autos dictados a lo largo de la investigación que existen indicios acerca de que la empresa, de forma “artificial” y “sin causa legítima que lo justificara”, alteró el precio de las ofertas de electricidad correspondiente a sus centrales hidráulicas de Duero, Sil y Tajo, a un nivel por encima del precio de mercado diario.
Precisamente, la subasta eléctrica que tuvo lugar el 19 de diciembre de 2013, de la que resultó una subida del precio de la energía en la tarifa de último recurso (TUR) un 11% en enero 2014, obligó al Gobierno a intervenir los precios, anular la puja y suspender el mecanismo de subasta Cesur por el llamado precio de venta al pequeño consumidor (PVPC), que se instauró en abril de 2014.
La causa se inició en 2017, a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción, tras indagar en la multa de 25 millones de euros que, en 2015, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) impuso a la eléctrica por estos hechos. La sanción aún no es firme, pues Iberdrola la recurrió ante la Audiencia Nacional, vía contencioso-administrativo, cuya resolución está a la espera de conocer de la sentencia que resulte del juicio que se empieza a celebrar ahora.
Según indica el teniente fiscal de Anticorrupción, Antonio Romeral, en su escrito de acusación, la filial “ideó y puso en funcionamiento un sistema para incrementar el precio de la luz que vendía, más allá del que debiera resultar de la libre concurrencia de la oferta y la demanda”. Dicho planteamiento estuvo en marcha entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013, cuando los precios ya estaban experimentando un cierto aumento por las bajas temperaturas.
Así, según el ministerio público, la consecuencia de esta acción fue la subida del precio de la luz en, al menos, 7,156 euros megavatio/hora, despachando 2.965.779 megavatios (2.965,779 GW), lo que “ocasionó un perjuicio de, al menos, 107.340.000 euros”, que “fue soportado por los consumidores con contratos a precio variable, y en los contratos a precio fijo por las compañías de seguro que dieron cobertura a los mismos”.
Periodo de “sequía extrema”
Por su parte, Iberdrola defiende que no causó perjuicio económico alguno a las comercializadoras y traders que operaban en el mercado. En su escrito de defensa, la compañía recuerda que el precio de la luz depende de una “multiplicidad de factores y condicionantes”, así como “la disponibilidad o escasez de agua” en cada momento. Según expone, el periodo analizado fue “un contexto de excepcional escasez de agua debido a una sequía persistente” y los niveles de producible en la cuencas hidrográficas del Duero, Sil y Tajo cayó de manera extrema.
“La sequía extrema se prolongó 43 días. De haber continuado sin llover durante más tiempo, se habría producido irremediablemente un problema de disponibilidad de energía de origen hidroeléctrico”, afirma la compañía.
Esta situación provocó que las reservas de recursos hidráulicos también disminuyeran bruscamente. “De hecho, los primeros días de diciembre de 2013 se estaba realizando el mayor gasto de reservas de la historia”, añade Iberdrola Generación, al tiempo que destaca que en ese momento existía previsiones de que siguiera sin llover durante el primer trimestre de 2014. Esta necesidad de reservar agua hizo que la empresa incrementase el valor del mismo, ya que el 70% de la producción de las centrales hidroeléctricas se lleva a cabo con las aportaciones de lluvia y no con agua embalsada.
Antes de que finalizara el año 2013, llegó a España la borrasca Dirk, y revistió la situación de escasez de recursos. Al respecto, Iberdrola alega que ninguna predicción meteorológica apuntaba entonces que ello ocurriría. “Si Ibergen y el resto de empresas generadoras hubieran podido prever la ciclogénesis explosiva que se desencadenó, su interés habría estado en producir la mayor cantidad posible de energía hidroeléctrica”, asegura.
A todo ello se suma que el precio de la luz ya se estaba encareciendo por la ola de frío (las temperaturas bajaron un 3,8% respecto al año anterior); la producción eólica también disminuyó por la falta de viento prolongada; y que el 46% de la potencia nuclear instalada no pudo operar, destacando el parón de la central nuclear de Trillo (Guadalajara) entre el 2 y el 5 de diciembre del año en cuestión, lo que afectó a los precios del gas natural que hacen funcionar las centrales de ciclo combinado, detalla el escrito de defensa.
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