Los fondos de Celsa ultiman un pacto con la banca para entrar en el capital de forma inminente
Los acreedores negocian renovar las líneas de circulante con la banca de 525 millones, mientras se preparan para ejecutar su toma de la compañía y desvelar el nuevo consejo
Los fondos acarician el capital de Celsa con la yema de los dedos. Estos acreedores ultiman la entrada en el capital de la siderúrgica, para cumplir el plan de reestructuración que validó la justicia en septiembre. Según indican fuentes financieras, solo necesitan para ello cerrar un último fleco, firmar un acuerdo con la banca española para refinanciar las líneas de liquidez de la compañía por 525 millones de euros.
Celsa contaba con líneas con la banca española por 525 millones, tras haber vendido sus posiciones en los grandes préstamos sindicados de la siderúrgica años atrás a un elevado descuento. Ante la situación crítica por la que atravesaba la empresa en los últimos años, los bancos pusieron los créditos bajo una vigilancia especial, que pasaba por monitorizar el uso de los mismos cada 15 días y extender las líneas tan solo cada seis meses. Esta situación es prácticamente imposible para que los fondos –comandados por Deustche Bank, SVP, Anchorage o Cross Ocean– pongan en práctica un plan industrial. Requerían de plazos más largos y menos corsés financieros para la nueva era que se abre.
Los futuros accionistas de Celsa y las entidades financieras ya acarician un acuerdo en este sentido. Han convenido dividir estos 525 millones en dos, un préstamo de 250 millones, y líneas de factoring por 275 millones, con un vencimiento a cinco años. En el acuerdo participan más de una decena de entidades bancarias, si bien la voz cantante la llevan Santander, BBVA, CaixaBank y Sabadell, además de Abanca.
Pese a que las líneas maestras ya están dibujadas, las fuentes consultadas coinciden en apuntar que aún quedan una serie de flecos por cerrar, sobre algunos detalles técnicos. En concreto, las principales dificultades versan sobre la prelación de los créditos de los bancos con respecto a la deuda de 935 millones que mantienen los créditos acreedores.
Una vez que los fondos y la banca tengan fumata blanca, la entrada de estos acreedores en el capital será inminente. Las fuentes consultadas esperan que esto se produzca entre esta semana y la siguiente. Ejecutarán el plan de reestructuración que los fondos presentaron en septiembre del año pasado, que el juez validó un año después. Este pasaba por aminorar el pasivo de la compañía de 2.300 millones, gracias a la conversión de 1.300 millones de euros en el 100% del capital. Además, pactaron extender los 935 millones de deuda restante a cinco años. Esto supone que, tras una larga pelea, los fondos acreedores arrebataron la gran siderúrgica catalana a sus actuales dueños y fundadores, la familia Rubiralta.
Automáticamente después de rubricar el acuerdo con los bancos y tomar posesión efectiva de la compañía, el siguiente paso será nombrar al nuevo consejo. Los fondos han encargado al cazatalentos Spencer Stuart encontrar los perfiles a los que encomendar enderezar el rumbo de la compañía como consejeros, que ya ha seleccionado y tomarán posesión también las próximas semanas. También han contratado a FTI Consulting para pilotar la toma de la compañía.
El proceso de toma de Celsa recibió un acelerón el mes pasado, cuando los fondos alcanzaron un acuerdo con el Gobierno para dar luz verde a su entrada en el capital de la siderúrgica. Uno de los puntos de este pacto fue nombrar un consejo con un fuerte peso de independientes y comandado por un ejecutivo español. Rafael Villaseca, exconsejero delegado de Gas Natural (actual Naturgy), será el presidente de la compañía y aún queda por desvelarse el nombre del elegido para ser el nuevo consejero delegado. También se comprometieron a blindar la españolidad de la compañía, la sede, el empleo de la planta de Castellbisbal y el centro de decisión.
Una vez que los fondos hagan efectiva la sentencia del juez y tomen Celsa, se abre un periodo clave. Una de las condiciones del Ejecutivo para autorizar la operación fue que los fondos diesen entrada a un inversor español con un 20% del capital. Para ello, cuentan con un plazo de seis meses desde que se ejecute la operación. Grupo Gallardo, Megasa y Sidenor aparecen como principales favoritos.
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