Las VTC denuncian ante Bruselas que el Gobierno quiere burlar la sentencia del TJUE y favorecer al taxi

El taxi mantiene su amenaza de huelga tras no alcanzar un acuerdo con Transporte. Este miércoles volverán a reunirse para cerrar el texto definitivo de la norma y frenar la concesión de nuevas licencias VTC

Vehículo de Cabify.EFE

El pulso entre taxis y VTC se dispara. Mientras el Ministerio de Transporte se ha reunido este martes con Antaxi y Élite Taxi para abordar las negociaciones sobre un potencial aumento de las licencias VTC después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sentenciara a principios de este mes que la limitación de una licencia VTC por cada 30 taxis vulnera las normas europeas, las patronales del sector de las VTC, Feneval y Unauto, han enviado una carta a la comisaria europea de Transporte, Alina Vălean, denunciando el propósito del Gobierno español de “burlar” en un nuevo decreto ley la sentencia del TJUE y “favorecer nuevamente al taxi”.

En la misiva, las patronales explican a la comisaria que el Gobierno trabaja en un real decreto ley que, conforme a la Constitución, “no podría ser impugnado” ante los tribunales directamente por particulares, empresas o autoridades de Competencia, dejando así al sector VTC “en una clara situación de indefensión”. Según las asociaciones de VTC, tal ley tendría como objetivo mitigar los efectos de la sentencia del TJUE, ya sea directamente, o permitiendo que las autoridades regionales y municipales españolas lo hagan, lo cual han calificado como “muy preocupante” para esta industria “considerando que, en el pasado, la presión de los taxis siempre ha precedido a restricciones desproporcionadas e ilegales a la actividad de los VTC”.

Las patronales añaden que les parece “indignante” que el Gobierno pueda aprobar una regulación urgente para eludir al tribunal, negociando exclusivamente con las asociaciones de taxis, justo antes de unas elecciones nacionales (23 de julio), sin siquiera escuchar a los representantes de los VTC, lo cual resulta “francamente incomprensible”. “Esto demuestra claramente el objetivo real de esta nueva regulación: proteger los intereses económicos de los taxis, en detrimento de los VTC”, lamentaron.

Ambas asociaciones piden a la Comisión Europea que emita “una comunicación urgente a las autoridades españolas” para dejar claro que la regulación que se imponga a los VTC, incluida la doble licencia, debe ser “fundamentada en demostradas razones imperiosas de interés general”, y recuerdan que, según la sentencia, no pueden imponer restricciones a los VTC en caso de que su propósito sea proteger los intereses económicos de los taxis. Además, recordaron que las autoridades españolas deben eliminar las restricciones existentes que son contrarias al derecho europeo, pues “son discriminatorias e impiden la competencia para beneficiar económicamente a la industria del taxi”. En la misiva, también piden a la comisaria que, en caso de no cumplir con la sentencia, la Comisión abra un procedimiento de infracción contra España.

Taxi y Gobierno, cerca de un acuerdo

Por su parte, el taxi sigue presionando al Gobierno para lograr más restricciones a las VTC. Y el acuerdo podría cerrarse este miércoles, cuando está convocada una nueva reunión entre la federación nacional Antaxi y la asociación Élite Taxi y el Ministerio de Transporte. Según han admitido desde este ministerio, en la reunión mantenida hoy “hubo buena voluntad por ambas partes para llegar a un acuerdo” para cerrar el texto definitivo de la norma que, según diferentes fuentes del sector, busca frenar la concesión de nuevas licencias VTC.

También Antaxi ha emitido un comunicado destacando “la buena voluntad en el equipo de negociación del Ministerio de Transportes”, pero ha advertido que “a la espera de una texto más ambicioso y equilibrado”, el sector mantiene la manifestación prevista para el próximo jueves en Madrid. El presidente de Antaxi, Julio Sanz, ha advertido de que esta “será la última oportunidad para solucionar una casuística que, si bien se ha intensificado con esta sentencia, lleva sufriendo el sector del taxi más de 11 años”.

Desde el Gobierno han insistido en que el marco de actuación de la Administración General del Estado solo puede comprender el transporte interurbano, por lo que, “en el ámbito urbano son las comunidades autónomas y los ayuntamientos quienes deben regular las condiciones para autorizar la circulación de las VTC”.

Ya el lunes, Raquel Sánchez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, reconoció que el Gobierno está trabajando con el sector para encontrar una fórmula que garantice el equilibrio y que, a partir de ahí, tendrían que ser las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos los que “acaten las orientaciones de la sentencia”. La ministra añadió que están comprometidos con todo el sector y que deseaba “resolver esta cuestión lo antes posible”.

Procedimiento de infracción

Las asociaciones de VTC temen que el Gobierno apruebe en el próximo Consejo de Ministros el citado Real Decreto-ley, por eso en la misiva enviada la comisaria piden que, en caso de que la nueva norma no cumpla con la sentencia, la Comisión abra un procedimiento de infracción contra España.

En su carta, Feneval y Unauto recuerdan que el TJUE indicó en su fallo que limitar el número de licencias de VTC basado en una proporción de taxis (es decir, un máximo de 1 licencia de VTC por cada 30 taxis) constituye una restricción injustificada, desproporcionada y discriminatoria que vulnera la libertad de establecimiento prevista en el art. 49 TFUE. Y que la exigencia de una segunda licencia urbana (además de la nacional) supone una restricción a la libertad de establecimiento, “pues restringe el acceso al mercado”. “Sólo puede aplicarse cuando una razón imperiosa de interés general lo justifique”, insisten. Básicamente, razones de gestión del tráfico, del espacio público y cuestiones de protección medioambiental.

La misiva a la comisaria subraya también otro punto clave para las VTC. Y es que el Tribunal estableció que proteger los intereses económicos de la industria del taxi, preservar un supuesto equilibrio entre taxis y VTC, o garantizar la viabilidad económica de los taxis, “no constituyen una razón imperiosa de interés general que justifique una restricción a la libertad de establecimiento de los VTC”. Por ello, insisten en que la sentencia indica que cualquier regulación que imponga restricciones a los VTC debe respetar los principios de necesidad, proporcionalidad, y no discriminación y coherencia.

“A nuestro juicio, no cabe duda de que este último principio de no discriminación implica que restricciones, por ejemplo, basadas en razones de interés general que pudieran llegar a demostrarse, como la protección del medioambiente o la gestión del tráfico, no podrían aplicarse de manera asimétrica a los VTC y los taxis. Deben aplicarse coherentemente a ambas modalidades de transporte local de pasajeros bajo demanda: tanto a taxis como a VTC”, subrayan en la carta.

En España hay actualmente 18.480 licencias de VTC por 60.402 de taxi, aproximadamente un tercio, según los datos del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana del pasado 1 de junio.

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