Tribunales

El administrador judicial de Alu Ibérica pide a Alcoa que pague a la plantilla

Tendrá listo un informe sobre la situación real de la empresa en septiembre

Trabajadores de la factoría que Alcoa tiene en Avilés.
Trabajadores de la factoría que Alcoa tiene en Avilés. EFE

El administrador judicial de las fábricas de Alu Ibérica en Avilés y A Coruña, Ramón Juega Cuesta, ha trasladado a la plantilla su intención de hacer un requerimiento a Alcoa, la antigua dueña de la planta, para que abone las deudas e impagos que tiene contraídas con sus trabajadores.

El administrador, nombrado por la Audiencia Nacional, está valorando también algunas opciones para "minimizar el impacto de la inactividad en la plantilla", según ha trasladado al comité de empresa de la fábrica avilesina, con el que se ha reunido este miércoles y al que ha dicho que está trabajando a "marchas forzadas", ya que lleva poco tiempo en este cargo.

Lo primero de todo, según ha comentado el comité de empresa en un comunicado, es que pueda tener acceso y control a toda la documentación para poder reconstruir la contabilidad de la planta, ya que la más reciente de que dispone es del año 2018. El equipo que dirige el administrador judicial se está dirigiendo a los clientes, proveedores y entidades bancarias de Alu Ibérica, con el objetivo de elaborar un informe, "tratando de proteger los derechos de los trabajadores".

Las primeras sensaciones son preocupantes, según el comité de empresa, porque se debe dinero a proveedores, clientes y plantilla, aunque la nueva administración confía en poder tener pronto una visión de la fábrica para poder dar soluciones a los problemas, que es lo prioritario en este punto del proceso.

Septiembre

Ambas partes han quedado emplazadas para la primera semana de septiembre en la que la administración judicial espera poder dar un informe sobre la situación real de la empresa. En 2019, Alcoa vendió al fondo de inversión suizo Parter Capital las plantas que tenía en Avilés y A Coruña, después de un largo proceso que comenzó a finales de 2018 cuando la multinacional estadounidense anunció su intención de cerrar las dos fábricas. La compañía justificó entonces su decisión en los altos costes de la electricidad en España, la necesidad de hacer grandes inversiones y la difícil coyuntura en los mercados de aluminio.

Sin embargo, Parter Capital no tardó en desprenderse de las dos plantas de Alcoa, que fueron adquiridas por el Grupo Industrial Riesgo ya bajo la denominación de Alu Ibérica, sin informar previamente al Ministerio de Industria ni a los gobiernos autonómicos y la representación de la plantilla, que acusan a la entidad empresarial de carecer de un proyecto industrial solvente.

Riesgo está siendo investigado por el Juzgado Central Número 3 de la Audiencia Nacional por su gestión, que obligó al nombramiento de un administrador judicial. El asunto está judicializado casi desde que el actual dueño adquirió las plantas por 13 millones en abril del año pasado a la sociedad suiza Parter, que, a su vez, las había adquirido en julio de 2019 por un el simbólico precio de un dólar.

El gran problema es que, para pagar, Riesgo empleó dinero de la propia empresa en una transacción plagada de irregularidades, el motivo principal de que la jueza admitiera en diciembre una querella contra varios implicados en la operación, incluido Víctor Rubén Domenech, que controla Grupo Riesgo, así como contra Alcoa y contra Parter.

El actual dueño se comprometió a devolver la mencionada cantidad siempre que la juez permita que siga al frente de la gestión de las dos plantas, compromiso que asegura que avalará con garantía en el plazo de 20 días, según publicó CincoDías el pasado 29 de junio. Enfrente tenía a los interventores judiciales, que supervisan toda la operativa en las fábricas, después de que así lo acordara la jueza en abril, y que solicitaron a la Audiencia Nacional el cese de los administradores de Grupo Riesgo.

La Audiencia Nacional interviene

El 27 de julio, la jueza tomó finalmente la decisión de revocar a los administradores de Alu Ibérica y sustituirlos por seis meses aunque es revisable. La adoptó, según argumenta, para "asegurar la protección del patrimonio de las sociedades intervenidas, así como de los derechos de los acreedores y los trabajadores de dichas sociedades".

Esto sucedió pese a que Grupo Riesgo presentó un informe elaborado por  Duff & Phels encargado por él mismo, que asegura que los negocios “no se encuentran en estado actual o inminente de insolvencia”. Los interventores judiciales señalan que “no es en absoluto descartable” que esto sea así.

Duff & Phels descarta la posibilidad de que las sociedades estén en insolvencia o puedan estarlo de manera inminente, después de haber revisado su posición de tesorería –iniciaron junio con una caja de 17 millones y concluyeron el mes con 16,5 millones–y las previsiones de cobros y pagos para el mes pasado, así como su balance a cierre de marzo, según publicó CincoDias el pasado 2 de julio. 

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