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El TJUE reconoce el derecho a indemnización a los compradores de coches estafados por el ‘dieselgate’

El fallo argumenta que la legislación protege “los intereses particulares del comprador de un vehículo frente al fabricante”

Manu Granda
Vista de la entrada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo
Vista de la entrada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en LuxemburgoJULIEN WARNAND (EFE)

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha reconocido este martes el derecho de los afectados por el escándalo del ‘dieselgate’ a ser indemnizados por los fabricantes automovilísticos que instalaron dispositivos para manipular las emisiones de sus coches.

“Las disposiciones de la directiva marco protegen, además de los intereses generales, los intereses particulares del comprador individual de un vehículo de motor frente al fabricante de este cuando dicho vehículo esté equipado con un dispositivo de desactivación prohibido. Por tanto, los Estados miembros están obligados a prever que el comprador del vehículo goce de un derecho a ser indemnizado por el fabricante de este”, ha señalado el TJUE. El tribunal ha resuelto así un caso que enfrentaba en Alemania a un particular con Mercedes-Benz, compañía que le vendió un automóvil con un dispositivo de control de emisiones trucado.

El afectado había recurrido al Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Ravensburg y éste se dirigió a la Justicia europea para preguntar si el demandante tiene derecho a reclamar una indemnización al fabricante y, en caso afirmativo, cómo debía ser calculada la cuantía de la misma. Respecto a este último aspecto, el tribunal con sede en Luxemburgo ha estimado que “corresponde a cada Estado miembro determinar dichos criterios”, pero recalcó que “la normativa nacional no puede imposibilitar o dificultar excesivamente la obtención de una indemnización adecuada de los daños causados al comprador”. “Puede establecerse, asimismo, que los órganos jurisdiccionales nacionales velen por que la protección de los derechos garantizados por el ordenamiento jurídico de la Unión no produzca un enriquecimiento injusto de los beneficiario”, ha añadido el TJUE.

El escándalo del ‘dieselgate’ estalló en 2015 cuando salió a la luz que el grupo Volkswagen había instalado un software ilegal para manipular las emisiones de sus vehículos diésel. Otros fabricantes como Mercedes-Benz (el acusado en el caso al que el TJUE ha dado respuesta este martes), también quedaron en la diana por haber hecho las mismas trampas que Volkswagen.

Este asunto ha obligado a VW a provisionar miles de millones de euros por los juicios que tiene abiertos al respecto. Solo en 2022, el consorcio alemán tuvo que reservar 1.400 millones por este escándalo, unos 700 millones de euros menos que en 2021, según consta en los resultados del grupo publicados la semana pasada. Además, desde el inicio de la crisis, el ‘dieselgate’ ha generado unos pasivos por 4.200 millones, de los cuales 3.600 millones son resultado de demandas iniciadas por inversionistas en Alemania.

“Las provisiones reconocidas, los pasivos contingentes revelados y los demás riesgos legales latentes en el contexto del tema del diésel están en parte sujetos a riesgos de estimación sustanciales dada la complejidad de los factores individuales relevantes, la coordinación permanente con las autoridades y el hecho de que los esfuerzos de investigación aún no han concluido. En caso de que estos riesgos legales o de estimación se materialicen, esto podría resultar en cargos financieros sustanciales adicionales”, ha explicado el grupo VW.

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Sobre la firma

Manu Granda
En la actualidad cubre la industria del automóvil en la sección de Empresas. Previamente pasó por el área de Economía, donde escribió de laboral. Como 'freelance', cubrió la temporada de incendios del verano 2019-2020 en Australia para EL PAÍS. Es graduado en periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos y cursó el Máster de periodismo de EL PAÍS.

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