Canarias amenaza con llevar al TC al Ejecutivo para salvar del cierre a dos hoteles de Riu

Reclama las competencias de Costas transferidas desde el pasado 1 de enero

Vista de los dos hoteles de Riu (Oliva Beach y Tres Islas) en Fuerteventura

La batalla que mantienen la hotelera balear Riu y el Ministerio de Transición Ecológica por dos hoteles en Fuerteventura (Oliva Beach y Tres Islas), a los que se quiere anular la concesión para operar en dominio público marítimo terrestre, promete prolongarse en el tiempo por la irrupción de un nuevo protagonista. Se trata del Gobierno de Canarias, que desde el pasado 1 de enero es el que tiene las competencias en materia de costas y quiere aprovechar esa circunstancia para tratar de suavizar un expediente sancionador que supone de facto el cierre de dos hoteles, con el consiguiente impacto en una isla con escasas alternativas económicas y de cuya actividad dependen al menos 700 familias de forma directa y otras 2.000 de forma indirecta.

En una entrevista con CincoDías, el consejero de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena, confirma que ha solicitado en varias ocasiones al Ministerio de Transición Ecológica los expedientes al considerarse la administración competente para deliberar sobre qué hacer con ellos. “No nos lo dan y están incumpliendo lo que dice la ley. Lo hemos vuelto a requerir a finales de la pasada semana y si no lo hacen nos vamos a personar en las oficinas de la Dirección General de Costas para consultar la totalidad del expediente que es público”, remarca.

Canarias señala que no hay proporción entre las sanciones impuestas y los delitos cometidos

En caso de que persista la negativa de Transición Ecológica a traspasar el expediente, Valbuena advierte que presentarán un conflicto de competencias entre Administraciones que se tendrá que dilucidar en el Tribunal Constitucional y que paralizaría los expedientes de cancelación hasta la resolución judicial. Antes de llegar a esa solución, el consejero canario planteará al departamento dirigido por Teresa Ribera la constitución de una mesa de trabajo conjunta, aunque cree que está abocada al fracaso por las diferentes versiones que defienden. La posición de Transición Ecológica está en las antípodas del Gobierno canario. Respecto al traspaso de competencias aseguran que “se han traspasado las funciones relacionadas con las concesiones ordinarias, pero en estos dos casos [los dos hoteles de Riu] se trata de concesiones compensatorias que se dan por la pérdida de propiedad al realizar un deslinde. La competencia depende del Estado porque como titular del dominio público es el que debe realizar los deslindes y determinar las posibles compensaciones”, aseguran.

También justifican las sanciones por irregularidades y la incoación de los expedientes para la revocación de la concesión, lo que supondría que tendrían que dejar de operar. “En el caso del hotel Tres Islas en 2008 se tramitó y resolvió un expediente sancionador a la empresa por haber construido ilegalmente una planta adicional en el edificio, con imposición de multa y obligación de demoler. La empresa abonó la multa, pero nunca demolió lo ilegalmente construido. En el caso del Oliva Beach también se detectaron una serie de incumplimientos de la concesión como obras ilegales y privatización de espacios que debían ser de uso público. Esto motivó un expediente sancionador en el año 2022″, justifican desde el Departamento dirigido por Teresa Ribera.

El Gobierno alega que debe resolver los expedientes generados por deslindes

El consejero canario considera que existe una desproporcionalidad entre las irregularidades y las sanciones impuestas. “Tiene que haber siempre un principio de proporcionalidad y este se ha visto vulnerado en ambos expedientes. Esos expedientes deben ser transferidos a Canarias y si no lo hacen acudiremos al Tribunal Constitucional para paralizarlos de forma cautelar y así garantizar la seguridad jurídica”.

Agueda Borges, responsable de los servicios jurídicos de la cadena Riu en Canarias, rechaza los argumentos de Transición Ecológica y critica que forman parte “de una entelequia jurídica y administrativa” para conseguir “una acción forzada, voluntarista y finalista de cerrar unos hoteles construidos en los 70 sobre propiedad privada con todas las licencias y autorizaciones”. Borges data en 2007 la fecha en la que todo el conflicto actual empezó a generarse. “Ese año, pese a contar con todos los informes técnicos y jurídicos favorables y con la autorización del Ministerio, la alcaldesa de La Oliva, denegó la licencia municipal para realizar obras cuando habíamos vaciado y desmontado el hotel. En esa misma fecha nos citó el director general de Costas y nos propuso ceder al Estado la isla de Lobos (iba en el lote junto a los dos hoteles) y firmar un acuerdo de reducción de la concesión, que pasaría de 30 más 30 a 10 años, como única salida para desatascar el conflicto”.

En 2013 se publicó una reforma de la ley de Costas que elevo los plazos de las concesiones hasta los 75 años. La hotelera la solicitó y la Abogacía del Estado no vio posible revocar el acuerdo original de reducción de plazo, pero sí una prorroga extraordinaria de 75 años, pero esta vez con canon (dos millones de euros) que empezó a contar desde 2016. Luego llegaron los dos expedientes de sanción para revocar ambas concesiones por irregularidades.Tres hitos en la accidentada historia de los inmuebles.

Tres hitos en la accidentada historia de los inmuebles

Compra. Riu adquirió los dos hoteles y el islote de Lobos a finales de los 90. Ambos inmuebles se construyeron antes de que entrara en vigor la Ley de Costas de 1988, que deslindó la zona de costa donde estaban ambos inmuebles y los dejó dentro del dominio público marítimo-terrestre. Su situación excepcional se reguló a través de una disposición transitoria de la Ley de Costas en la que se le permitía estar 30 años como usufructario y otros 30 de prórroga si se seguían cumpliendo las condiciones fijadas desde el principio. En 2007, el ayuntamiento de La Oliva le denegó la licencia municipal para acometer obras y firmó un acuerdo con la Dirección General de Costas para reducir el plazo de concesión a 10 años y para ceder el islote de Lobos al Estado. 

Obras. Riu acometió una serie de reformas “menores” en 2007 con su correspondiente licencia, según la propia compañía. Parte de ellas acabaron en un expediente sancionador por haber construido, según Transición Ecológica, “una planta adicional”, por lo que ordenó el pago de una sanción. La hotelera abonó la multa, cuya ejecución nunca fue solicitada en 14 años.

Expedientes. Desde 2021 se activó un expediente  de caducidad al Tres Islas por no haber demolido las obras realizadas en 2007. En 2022 también se elevó un expediente sancionador al Oliva Beach.

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