50 euros por inmigrante: así es el trabajo de los abogados de las pateras en Canarias
Los letrados, el eslabón que garantiza sus derechos, piden más intérpretes, sobre todo de las lenguas maternas como el wólof
"Para ellos es el número 57 de la patera 43, pero se llama Adama”. Es la identificación que llevan pegada en la piel con un esparadrapo en la muñeca. La abogada Teresa Alemán expresa así la vocación con la que asiste desde hace cuatro años a los inmigrantes que llegan en cayucos a Tenerife, La Gomera o El Hierro. Canarias es la puerta a Europa para miles de personas que arriesgan su vida echándose a la mar para conseguir otra mejor. En lo que va de año, 23.537 inmigrantes, con nombres y apellidos, han llegado a las islas. Un 79,4% más que en 2022, según los últimos datos del Ministerio del Interior. Los letrados que les asisten durante las primeras horas son el eslabón para salvaguardar sus derechos. Cobran una media de unos 50 euros por expediente.
La crisis migratoria en Canarias está evidenciando las carencias del sistema. Teresa Alemán se lamenta de la falta de intérpretes: “Sobre todo de wólof [lengua hablada en Senegal y Gambia] y bambara [en Mali], porque algunos no entienden bien el francés”. “Estoy segura de que hay quien ni se entera de lo que firma”, se queja. En el primer contacto con sus defendidos debe averiguar las circunstancias de las que poder tirar para recurrir el acuerdo de devolución, solicitar asilo o justificar arraigo. Un colega, cuenta, está tramitando el asilo de una mujer que huía de un matrimonio impuesto. Junto a unos compañeros impugnará los trámites con unos inmigrantes a los que pusieron un traductor por teléfono. “Había gente de Mali, con un conflicto bélico”, afirma. Actualmente, las nacionalidades de las personas que desembarcan en El Hierro y las islas más occidentales de Canarias son de Senegal, Mali, Guinea, Gambia. Por el contrario, las islas orientales (Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote) reciben más inmigrantes magrebíes.
Cobertura legal
La defensa de cada uno de estos inmigrantes exige tiempo y recursos, que incluso llegan a poner de su bolsillo los letrados del turno especial de extranjería. El Gobierno de Canarias paga 314 euros por la asistencia de hasta seis personas (el tope desde el Covid), lo que supone 52 euros por cada caso. Desde hace solo unos meses también se cubren los gastos de traslado y de alojamiento de los abogados. Una cantidad “ridícula” para “todo un procedimiento administrativo y, en su caso, judicial”, clama el presidente de la subcomisión de extranjería y protección internacional del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Blas Jesús Imbroda, quien solicita que “se dignifiquen los baremos exiguos de las indemnizaciones del turno de oficio en estas materias por el Gobierno canario”.
Algo en lo que está de acuerdo la vicedecana del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife (que se encarga de los inmigrantes que llegan a Tenerife, La Gomera y El Hierro), Mila Pacheco. “Se paga muy poco. No es solamente la asistencia en la llegada; lo que se abona cubre todos los recursos”, explica. Esto, apunta Teresa Alemán, construye una discriminación de entrada para el inmigrante, cuyo derecho de defensa “vale menos” que el de un detenido. La abogada dedica los sábados, domingos y festivos a trabajar en los expedientes. Ahora, con el traslado de inmigrantes a la Península se dificulta más su labor. “Yo les insisto para que me escriban al correo electrónico”.
Actualmente, explica Mila Pachecho, hay una correcta coordinación con la policía, que avisa al colegio de la llegada de embarcaciones. El peligro, apunta Imbroda, es que no se reciban estas alertas. "Siempre que el colegio es avisado, acuden los abogados del turno de oficio especializado en materia de extranjería y se presta las asistencias jurídicas. Es imprescindible hacerlo, el abogado tiene que poder intentar detectar los casos que precisan protección internacional (asilo), o bien que se encuentren menores que tiene una protección total por parte de la Administración, o por ejemplo que detecten personas que sean víctimas de trata de seres, que es la esclavitud del siglo XXI", explica el letrado.
Uno de los múltiples retos que plantea la llegada masiva de pateras a Canarias es “consagrar el derecho de tutela judicial efectiva, erradicando la devolución en caliente que supone un grave incumplimiento del derecho de defensa”, opina Emilio Ramírez, responsable del área de extranjería del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM). Solo es posible con recursos suficientes: infraestructuras y equipos de profesionales como intérpretes, abogados o sanitarios. Dadas las condiciones físicas y psicológicas en las que llegan estas personas, es fundamental contar con un lugar adecuado para las entrevistas, destaca Ramírez. En ese sentido, “se puede contar con el Colegio de la Abogacía de Madrid para ayudar a que se asegure ese derecho de defensa y la tutela judicial efectiva”, indica el letrado.
Protección internacional
Los trámites administrativos que permiten la regularización de los inmigrantes en España deben encajar en alguna de las figuras del ordenamiento jurídico. "Básicamente, estamos hablando en estos casos de asilo, refugio y protección internacional. Y cuando transcurra el tiempo necesario el correspondiente arraigo", explica Ramírez.
Sin embargo, hay trajes que se han quedado demasiado encorsetados para el fenómeno migratorio. Así lo entiende Tamara Esteban, abogada de extranjería del ICAM. La Ley reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria es del año 2009, desarrollada por una real decreto de 2005. "Aunque se han ido introduciendo modificaciones, no han conseguido adaptarse a la realidad cambiante. Un ejemplo de ello es que en la actualidad estos flujos migratorios están generados por la situación económica y social que se vive en los países de origen, sin embargo, estos motivos no están contemplados entre las condiciones para el reconocimiento del derecho de asilo". Y es que el paraguas de la ley de asilo se aplica a cualquier persona que huye de una persecución o del riesgo de sufrir daños graves en su propio país.
La frontera de Europa
El fenómeno de las migraciones, subraya Emilio Ramírez, "es una cuestión de todos, en la que Europa debe adoptar las medidas necesarias y dotar a los países de los recursos y mecanismos que de cobertura a estas situaciones". Blas Jesús Imbroda añade que, pese a que el mantenimiento de estas personas es responsabilidad de la Administración y que Cruz Roja y muchas ONG están ayudando y apoyándolas, "la sociedad tiene que ser necesariamente solidaria. Y por supuesto abandonar cualquier mensaje de rechazo u odio".
En el terreno de la Unión Europea (UE) existe una agencia, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), creada en 2004 para ayudar a los Estados miembros y a los países asociados a Schengen a proteger las fronteras exteriores del espacio de libre circulación. En 2019, el reglamento regulador aumentó sus competencias. “Es importante recordar que Frontex inicia operaciones conjuntas previa solicitud del Estado miembro”, apunta María Dolores Requena de Torre, doctora en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Granada. Solo en casos de urgencia podría actuar de oficio sin el consentimiento del Estado correspondiente (el reglamento lo prevé para casos extraordinarios por peligro para el espacho Schengen), algo “políticamente muy poco probable y jurídicamente muy cuestionable”, en su opinión.
El Defensor del Pueblo criticó las actuaciones del Frontex en una resolución del pasado mes de septiembre. Ángel Gabilondo puso en tela de juicio los interrogatorios a los inmigrantes recién llegados en patera sin intervención de abogado. Esta situación, denunció en el informe, deja desamparadas a estas personas, que pueden no entender el idioma, el objetivo de las preguntas o la transcendencia de sus contestaciones. En esta resolución el Defensor recomendaba a la Dirección General de la Policía que se revisen los planes operativos de Frontex en España. Unos meses antes, en marzo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska se reunió se reunión en Polonia con el nuevo director del organismo, Hans Leijtens, nombrado tras los escándalos por presuntas irregularidades en la agencia. El ministro instó a la agencia entonces a desempeñar “un papel más relevante” en la prevención de los flujos migratorios irregulares en el Mediterráneo y el Atlántico
De momento, Canarias no es considerada un hotspot (punto crítico), señala Requena de Torre. Una política que implementó la UE en 2015 en su agenda migratoria. Este año, la agencia puso un funcionario de enlace en Senegal con mandato ampliado para cubrir la República Islámica de Mauritania y Gambia. La decisión tuvo en cuenta el aumento exponencial de la ruta atlántica a Canarias. En un reciente comunicado del Parlamento de la UE se señalaba que "aunque otros Estados miembros pueden beneficiarse de ese enfoque [puntos críticos], por el momento solo Grecia e Italia albergan hotspot".
Menores
La llegada masiva de inmigrantes puede sobrecargar los sistemas de recepción y de tramitación de solicitudes de asilo, advierte Tamara Esteban. Esta situación desencadena “retrasos y problemas en la atención a los recién llegados”. “Hay que garantizar que aquellos que tienen un temor fundado de persecución reciban la protección que necesitan, y también un proceso justo de retorno para aquellos que no tienen derecho a permanecer en el país”, subraya Esteban. Esto último puede ser complicado, apunta, por factores como la falta de documentos de identidad y algunos acuerdos de repatriación.
Otro de los mayores desafíos de la crisis migratoria es el de garantizar la protección de menores no acompañados, arropados tanto por el derecho internacional como por el nacional. “La ley debe abordar cómo cuidar y proporcionar asistencia adecuada a estos menores”, señala Esteban. En muchos casos, comenta, carecen de documentos de identificación y no pueden proporcionar pruebas adecuadas de su edad. “Hay que detectar desde el primer momento si son menores”, subraya Imbroda.
Los menores que llegan solos son puestos a disposición de los servicios sociales de las comunidades autónomas de desembarco e ingresan en un centro para que se hagan cargo de su cuidado y atención. La cifra fluctúa constantemente, pero en Canarias hay unos 4.400 menores inmigrantes tutelados por el Gobierno de las islas. Sin embargo, según informa la Consejería de Bienestar, ya existe un acuerdo para realizar un reparto de estos niños en el resto del territorio español al que se llegó en la conferencia sectorial de octubre. Afectaría a 339 de estos menores.
Teresa Alemán ha asistido a menores que, pese a llegar de la mano de un adulto, serán enviados a centros de menores porque no puede demostrarse la filiación con el acompañante. "Yo les he visto en relación cuasi familiar", afirma. La abogada se pregunta si no se debería suavizar las exigencias en esos casos, pues hay en los países de donde proceden la relación que tienen con esas personas puede ser similar a nuestra tutela.
“Hay adolescentes a los que calculo 15 o 16 años que se empeñan en decir que son mayores de edad”, refiere Teresa Alemán. Algo que le produce mucha impotencia. El motivo: creen que van a poder moverse con más libertad. “¿Tú sabes dónde estás?”, les pregunta Alemán a los niños recién llegados a la costa canaria. “Sí, estoy en Francia”, contestan.
Trámites legales
Proceso de identificación y documentación: Las autoridades españolas deben identificar adecuadamente a las personas que llegan, lo que puede incluir la emisión de documentos de identidad.
Solicitud de asilo o protección subsidiaria: Aquellas personas que buscan protección internacional pueden presentar una solicitud de asilo en España. Este proceso implica la evaluación de su caso para determinar si cumplen con los requisitos para ser considerados refugiados. Si no califican como refugiados pero enfrentan riesgos significativos en su país de origen, pueden solicitar protección subsidiaria.
Trámites de residencia: Para aquellos que no buscan asilo, y siempre que cumplan una serie de requisitos, se pueden iniciar procedimientos para obtener una residencia legal en España, lo que podría implicar diferentes categorías, como trabajo, estudio o reagrupación familiar.
Seguimiento de menores no acompañados: En el caso de menores no acompañados, se deben tomar medidas especiales para garantizar su protección y bienestar, lo que puede incluir asignarles tutores legales.
Procesos legales de expulsión: Aquellos que no cumplen con los requisitos para permanecer en España pueden enfrentar procesos legales de expulsión, que deben llevarse a cabo de manera justa y de acuerdo con la ley.
Acceso a servicios y beneficios sociales: Las personas que obtienen permisos de residencia o estancia pueden acceder a servicios y beneficios sociales en España, como atención médica, educación y otros servicios públicos.
