Abogados de oficio que luchan por una retribución digna: de media cobran 134 euros por asunto
Los más de 42.000 letrados del turno celebran el día 12 de julio una jornada reivindicativa
El trabajo de un abogado de oficio está muy mal pagado. Tanto que, de media, perciben 134 euros por cada asunto de justicia gratuita que realizan, según los últimos datos de 2021 ofrecidos por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE). Y es que, del importe medio total que paga la Administración por expediente (147,87 euros) hay que restar el monto que perciben los colegios profesionales por los gastos de gestión del servicio. Se trata de la infraestructura que conlleva la organización del turno, tales como la llevanza de una centralita, la revisión y corrección de expedientes, etcétera. A pesar de ello, más de 42.000 letrados en toda España continúan asistiendo voluntariamente a los ciudadanos que, por carecer de recursos suficientes, no pueden costearse un abogado. Todos ellos celebran este miércoles, 12 de julio, el Día de la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio, una jornada para poner en valor su labor, pero también para reivindicar cambios.
“Congreso, escucha, el turno está en la lucha”. Esta fue una de las proclamas de los cientos de letrados que el pasado 27 de abril salieron por primera vez a la calle como una marea negra para exigir una remuneración digna, acabar con los retrasos en los pagos y la actualización conforme al IPC de los baremos con los que se les compensa, entre otras reivindicaciones. El despertar del colectivo, que partió de diferentes puntos del territorio hasta llegar a la Cámara Baja, contó con el apoyó de algunos colegios de la abogacía. En el Congreso de la Abogacía Española celebrado en mayo se aprobó un manifiesto a favor de la justicia gratuita y el turno de oficio. Un mes más tarde, la Plataforma Abogacía y Turno de Oficio denunció a España ante la Comisión Europea por vulnerar el derecho fundamental a la huelga del colectivo.
En CincoDías repasamos las principales reivindicaciones de estos letrados de la mano de sus protagonistas. Cuatro abogados de oficio dan su punto de vista sobre el momento que vive la profesión y los cambios que urgen. Ellos son Borja Luján, presidente de Ahora Abogacía y adscrito desde hace tres años a varios turnos en el Colegio de la Abogacía de Madrid; Andrea Martínez, letrada del Colegio de Cantabria y ejerciente del turno desde 2015 especializada en asuntos de violencia de género; Andrés Peiró, adscrito al turno del Colegio de Cartagena en todas sus especialidades desde hace 12 años, donde es miembro de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita; y Elena Gómez, abogada de oficio desde hace cerca de 34 años y presidenta desde hace 21 de la Comisión de Turno de Oficio del Colegio de Ciudad Real. Todos ellos reconocen que es imposible vivir solo de este servicio y que su trabajo es vocacional, pero no tiran la toalla en la lucha por conseguir dignificar la profesión.
Bajas retribuciones
Los datos del último informe del Observatorio de la Justicia Gratuita elaborado por el CGAE y la Fundación Aranzadi La Ley ponen de relieve la escasa cuantía que cobran los abogados de oficio por los casos de justicia gratuita y los agravios comparativos entre las distintas comunidades autónomas. Si bien son cifras medias, en las que no se tira de baremo para distinguir el tipo de asunto, los números dicen que en la comunidad que mejor se paga (País Vasco) el servicio no reporta más de 262 euros. Pero es que, por el mismo servicio, en Andalucía se cobran 92 euros. No es de extrañar que la adecuación de los baremos y la supresión de las diferencias interterritoriales sea el principal caballo de batalla del colectivo.
Los cuatro abogados entrevistados claman por una retribución acorde al trabajo realizado. Para Elena Gómez sería justo que ese importe fuera “como mínimo superior al salario mínimo interprofesional”. La letrada, que no es contraria al copago en determinadas situaciones, recuerda que el servicio lo prestan profesionales cualificados. Por su parte, Andrés Peiró defiende igualar estas cantidades “al precio medio de mercado; con pago mensual y actualizable conforme al IPC”. El abogado del Colegio de Cartagena siente “sana envidia por los compañeros de otras regiones que, haciendo el mismo trabajo, perciben una compensación bastante más elevada” y afirma que hay mecanismos legales para evitar que existan “abogados de primera, de segunda e, incluso, de tercera”.
“La justicia no puede ser diferente dependiendo del lugar que vivas”, coincide Borja Luján. Lo más grave, señala, es que este mismo mensaje se transmita a los solicitantes de justicia gratuita. El letrado abre el melón de las múltiples actuaciones que ni se cobran. Reconoce que ha llegado a tener que asistir en seis declaraciones en una misma guardia y solo se le ha abonado la de su cliente. Para Andrea Martínez, no solo se trata de reconocer una remuneración acorde al trabajo hecho, sino también de “compensar todas y cada una de las actuaciones realizadas por designación, aun cuando al justiciable no se le reconozca después el derecho a la asistencia gratuita”. Peiró coincide y clama por el pago “por la disponibilidad de la guardia” y de cualquier desplazamiento. Actualmente, anuncia Elena Gómez, “se ha conseguido un principio de acuerdo para incrementar las remuneraciones e incluir actuaciones procesales que hasta ahora no tenían cabida”.
Respeto
Los clientes, en general, “tienen un alto grado de satisfacción”, percibe Andrés Peiró desde la comisión de su colegio. Las estadísticas acompañan. Según un estudio de Metroscopia de 2022, el 82% de los usuarios tenía una opinión positiva del servicio. “Les doy la misma importancia que a los particulares. Incluso muchos de ellos luego quieren contratarme para otros asuntos”, comenta Borja Luján. Lo mismo le pasa a Andrea Martínez: “Ya sea un asunto de oficio o particular, me implico al 100% con la misma profesionalidad. Cuando te llaman otra vez es muy gratificante”. La letrada matiza que la sintonía a veces es más difícil en temas penales. “A algunos les antecede ya una gran carga que, en ocasiones, podemos aminorar, pero no eliminar”, explica.
Hay casos en los que los abogados de oficio han denunciado agresiones, acoso o amenazas. “Yo no he sufrido ninguna agresión en el trabajo y eso que algún caso, de carácter leve, he conocido”, reconoce Martínez. Borja Luján confiesa que ha sido intimidado alguna vez: “Son cosas que suceden”. Andrés Peiró lamenta que los profesionales deban convivir a veces con ciertas conductas “poco gratificantes”. “Es cierto que se producen, no de manera habitual, agresiones verbales por parte de los clientes, fruto de desavenencias o por la frustración del resultado y ese es el germen de una posible agresión”, reconoce. Para prevenirlo, aboga por que se reconozca a los letrados categoría de autoridad en el ejercicio de sus funciones.
Apoyo institucional
La vía más habitual para influir en la agenda ministerial pasa por hacer presión desde el colegio profesional y que este, a su vez, traslade la urgencia al Consejo de la Abogacía para que negocie. “Necesitamos que la abogacía institucional defienda todas y cada una de las reivindicaciones que se han hecho en las últimas fechas, no puede haber fisuras”, afirma Luján. El letrado cree que el colectivo ha despertado y que, por primera vez, “se está trabajando en la misma dirección”. La última batalla ganada ha sido el aval legal para que los abogados enfermos, de baja por paternidad o maternidad o al cuidado de menores puedan pedir la suspensión de la vista o el procedimiento que estén llevando. Un avance que los letrados llevaban años reclamando. “En mi caso tuve que pedir favores a otros compañeros para que me cubrieran en la semana siguiente a mis dos maternidades”, rememora Elena González. Aun así, reconoce la letrada, hay mucho camino por recorrer que, cree, “debe abordarse a través de la abogacía institucional”.