De los concursos públicos que se licitan cada día, solo el 4% son para autónomos
UPTA alerta de que el 60% de los contratos recaen en grandes empresas sin operarios en sus plantillas
Solo el 4% de los concursos públicos que se licitan a diario son para trabajadores autónomos. Así lo advierten desde la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA).
La organización pone de manifiesto que solo el 4% de los concursos públicos se acaban adjudicando a empresas con menos de 5 trabajadores, mientras que el 60% de estos concursos recaen en grandes empresas que no tienen operarios en sus plantillas y que, por lo tanto, proceden a subcontratar a trabajadores autónomos para realizar el objeto de dichos contratos.
La organización alerta de que las ofertas “temerarias” son uno de los principales factores de precariedad en la cadena de subcontratación, estrangulando a miles de autónomos y precarizando el trabajo por cuenta propia y por cuenta ajena.
A su juicio, “deben primar las condiciones técnicas y profesionales sobre las únicamente económicas, es ineludible reducir las exigencias financieras y de solvencia económica, resulta del todo imprescindible valorar las carreras profesionales”.
Así, el presidente de UPTA, Eduardo Abad, señala que “en la cadena de subcontratación el autónomo es el eslabón más débil, por ello tiene que ser protegido desde el punto de vista de las retribuciones que percibe, por los servicios que presta y para que su actividad económica sea rentable”.
Blindar la ley
En ese sentido, recuerda que de un contrato público que se ha adjudicado a una gran empresa o a una empresa de tamaño medio, “solo se producen subcontrataciones, que casi siempre suelen realizarse con autónomos con un reducido número de asalariados”. El máximo representante de UPTA señala que las retribuciones económicas que se abonan a los autónomos subcontratados “suelen ser pírricas, con menos del 30% del valor total de la propia licitación, con presupuestos muy por debajo del valor real de mercado”.
Por último, UPTA considera que debería reformarse la ley de Contratos del Sector Público y que debería blindarse “de forma efectiva el cumplimiento de la Ley por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, ya que el 70% de las empresas que subcontratan a pequeños proveedores de servicios o bienes, duplican los periodos de pagos referenciados en dicha Ley”.
