148 euros por asunto y tarde: la abogacía se levanta frente al Congreso en defensa del turno de oficio
El jueves 27 de abril 15 colectivos profesionales han convocado una concentración para denunciar también las dilaciones, retrasos y trato desconsiderado
La abogacía arrastra desde hace tiempo un profundo malestar con la Administración de Justicia que está cristalizando en un movimiento de protesta. El próximo jueves 27, hasta 14 asociaciones profesionales de diferentes comunidades y un sindicato de abogados han convocado una concentración en Madrid, frente al Congreso de los Diputados, para reclamar a los Gobiernos autonómicos y al Ministerio de Justicia una “remuneración digna y suficiente del servicio de asistencia jurídica gratuita”, que incluya una “actualización de los baremos conforme al índice de precios de consumo (IPC)”, más “celeridad” en las retribuciones o el “abono de las designaciones para la defensa de las personas jurídicas”, explica el abogado Miguel Ángel González de Miguel, uno de los portavoces de la plataforma convocante, Abogacía y Turno de Oficio.
No en vano, de acuerdo con los últimos datos del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), en nuestro país cerca de 44.000 abogados atendieron en 2021 casi dos millones de asuntos de justicia gratuita, un 20% más que en 2020. A pesar de las horas de estudio que suele exigir cada caso, la retribución media que obtuvieron fue de 148 euros por cada asunto tramitado, cinco euros menos que en 2020, según se desprende de los informes del Observatorio de la Justicia Gratuita elaborados por el CGAE y la Fundación Aranzadi LA LEY.
La situación que atraviesa el turno de oficio, sin embargo, no es el único motivo de la protesta. Las dilaciones y retrasos en señalamientos que padece la abogacía en general, con suspensiones y trato desconsiderado en ciertas ocasiones por parte de los operadores de los juzgados, vertebran el otro brazo de la concentración. “Nos enfrentamos a juicios muy seguidos, a la falta de empatía de los juzgados al señalar las vistas, con problemas para conciliar vida personal y profesional, a largas esperas en los pasillos…”, enumera el abogado Víctor Orellana, miembro de la Agrupación de Jóvenes Abogados de Cádiz. Se da la circunstancia de que la mayoría de las entidades que llaman a manifestarse proceden de Andalucía, la comunidad que menos pagó a los abogados de oficio en 2021 y 2020, con 102 y 106 euros de media por asunto, según los informes del CGAE. En el otro extremo está el País Vasco, con una retribución media de 285 euros en 2021 y de 311 euros en 2020.
En general, las denuncias de la abogacía de oficio se dirigen a las Administraciones de todo el país. “En Madrid hemos estado meses sin cobrar. En marzo recibimos lo que nos correspondía por lo realizado en enero y diciembre”, lamenta Borja Luján, miembro del movimiento Ahora Abogacía, una de las asociaciones promotoras de la concentración.
Personas jurídicas
El letrado, que ha logrado que la Real Academia Española (RAE) suprima la definición de abogado como “persona enredadora, parlanchina”, por considerar que menosprecia la profesión, también reclama una modificación de la ley de asistencia jurídica gratuita para que se reconozca el derecho a las empresas. “Deben abonarse los servicios prestados cuando somos designados para asistir a las personas jurídicas”. Uno de los problemas que denuncia es que, al no estar previsto en la ley, cuando son nombrados para defender a compañías sin recursos ante la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo, donde suelen enjuiciarse las macrocausas, se enfrentan a la ausencia de partidas para sufragar el trabajo realizado.
Más allá del turno de oficio, los letrados subrayan que los ciudadanos también son víctimas de los problemas derivados de la lentitud de la justicia. Uno de los casos más flagrante se da cuando queda afectado su derecho a la defensa o a la libertad de movimientos. En Madrid, por ejemplo, “hay detenidos de primera y de segunda”, dice Luján. “Por falta de recursos, puedes estar más de 24 horas en el calabozo por un simple hurto, cuando la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice que la detención no puede durar más del tiempo estrictamente necesario para el esclarecimiento de los hechos. He llegado a tener un detenido por un hurto hasta 56 horas”.
La concentración del jueves 27 es el punto de partida para poner sobre la mesa los problemas que afectan al conjunto de la abogacía, subraya Miguel Ángel González de Miguel. No obstante, la plataforma trabaja en una “hoja de ruta” más extensa, valorando denunciar los hechos ante la Comisión Europea.
La posición de las instituciones
Abogacía y Turno de Oficio. La plataforma convocante de la concentración del jueves 27 llama a los 83 colegios de la abogacía de España a sumarse a la protesta para trascender de las “quejas de pasillo” y mostrar “verdadera unión”. “Llevad vuestras togas, vamos a dar un paso adelante”, alientan.
Abogacía Española. Desde el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) creen “necesario que las Administraciones Públicas y formaciones políticas impulsen un pacto para mejorar la justicia gratuita y el turno de oficio”. Aunque no se pronuncian sobre la concentración, aseguran que las reivindicaciones serán abordadas en su Congreso Nacional, del 3 al 5 de mayo en Tarragona.
ICAM. El decano del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón; la tesorera, Lola Fernández, y el diputado responsable de turno de oficio, Juan Manuel Mayllo, han confirmado que participarán en la concentración del 27 de abril. Por otro lado, Javier Mata, responsable de defensa de la abogacía del colegio, el más grande de España, afirma que están “en comunicación con la comunidad para exigir una mejora en la compensación de la abogacía de oficio”. En lo que va de año, su departamento ya ha recibido 400 incidencias relacionadas con dilaciones, retrasos en señalamientos, suspensiones y trato desconsiderado. La previsión es que la cifra vaya en aumento finalizada la huelga de letrados judiciales.