El Gobierno plantea segmentar el mercado eléctrico para evitar que el gas contamine el precio
España remite hoy sus orientaciones a Bruselas para una reforma estructural del 'pool' europeo
El Ministerio para la Transición Ecológica ha informado al Consejo de Ministros de la propuesta de reforma del mercado mayorista europeo de la electricidad que el Gobierno ha remitido hoy mismo a Bruselas. Tras las medidas coyunturales que el Gobierno español ha ido planteando, y que Bruselas “ha recogido como suyas”, según aseguró la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, durante la presentación de la propuesta a los medios de comunicación, ahora se abre el debate “conceptual” sobre el futuro del mercado, concretamente, a través de una consulta pública que la Comisión abrirá el próximo marzo. España es el primer Estado miembro que envía sus orientaciones.
El departamento que dirige Teresa Ribera, recuerda que, tanto el Consejo Europeo como el Consejo de Ministros de Energía, han planteado la necesidad de abordar una reforma estructural que recoja las señales de precio. En este sentido, reiteró que cuando se estableció el actual mercado marginalista, los mix energéticos eran muy distintos, pues estaban basados en tecnologías con altos costes variables que funcionaban un gran número de horas. El 98% eran energía convencionales y solo un 10%, renovables, lo que choca con el objetivo de alcanzar en 2030 que el 74% del mix de generación sea renovable o basada en el almacenamiento o la gestión de la demanda.
El objetivo de la propuesta, centrada en el desacoplamiento del gas y el carbón del mercado marginalista, es que los costes se repartan de una manera equitativa y se combine la existencia de un mercado a corto plazo con otros mercados de capacidad, controlados por el regulador. En otras palabras, un mercado más abierto, “liquido y transparente”, combinado con los mercados a plazo, con servicios de capacidad, en el que el spot perderá protagonismo frente a los mercados a plazo y “que no fije precio la última tecnología que case”, como ocurre ahora con el gas.
La propuesta se articula en varios instrumentos que implican una segmetación del mercado según el tipo de tecnología: para las renovables, se plantea la contratación a plazo por diferencias, algo que ya está implantado en España mediante las subastas: los firma el regulador, el promotor se compromete a suministrar energía durante un periodo de tiempo y, a cambio, el sistema garantiza su compra. En los contratos por diferencia, se recibe el precio del mercado, si es más barato del resultante en la subasta, se compensa a la central, y en caso contrario, esta devuelve.
En el caso de las renovables gestionables o con capacidad de almacenamiento, se le permitiría una cierta exposición al mercado, lo que supondría un incentivo para que puedan producir en horas más caras.
Para las energías nuclear e hidráulica, (energías maduras en toda Europa) se plantea un precio regulado para evitar que reciban “la retribución injusta” que obtienen con el actual sistema marginalista. Estas tecnologias inframarginales, qur son gestionables y flexibles, tendrán garantizada una rentablidad en función de sus costes. Por otro lado, los contratos por diferencia incluirán un incentivo por disponibilidad.
En el caso de las energías marginales, como las centrales de ciclo combinado de gas o las de carbón, seguirán funcionando como hasta ahora en el pool marginalista. En cualquier caso, todas las energías deberán pasar por el mercado diario.
Según el ministerio, los mercados de capacidad garantizan el suministro y permiten conseguir los objetivos de inversión en renovables y el almacenamiento. En este sentido, propone que haya un catálogo y que cada país tenga flexibilidad, reservas estratégicas o subastas de capacidad a largo plazo.
Bajada gradual
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Teresa Ribera, ha dado cuenta de la propuesta de España. En su opinón, la reforma del mercado mayorista es necesaria, ya que “el bajo coste de las energías renovables no está beneficiando a los consumidores” y es necesario evitar “que solo beneficie a los promotores. También para poder frenar “la inmensa volatidad de los precios”. Se trata, según palabras de la vicepresidenta tercera, de un planteamiento “con señales en el presente y el futuro: mercados a plazo, con precios más bajos, con servicios de capacidad”.
En cuanto el impacto en los precios, los responsables de Transición consideran que su efecto será gradual. Mientras el gas y el carbón sigan funcionando, los precios serán caros y a medida que se vayan desplazando por renovables, bajarán. Por esta razón, y mientras se pone en macha, España y Portugal van a pedir que la excepción ibérica (el tope al precio del gas para generación eléctrica, que caduca en junio) se mantenga hasta finales de 2024.
España insiste a Bruselas que el sistema actual no está preparado para el futuro. La guerra de Ucrania y la alta volatilidad de los precios imponen una mayor urgencia a la reforma y al desarrollo de los mercados a plazo o de capacidad.
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