Un Gobierno que fomente el diálogo con las empresas en lugar de la crispación

El sector de la distribución respondió ayer con firmeza y comprensible malestar a las descalificaciones lanzadas este fin de semana por la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, quien hizo un llamamiento a parar los pies a los “capitalistas despiadados” como el presidente de Mercadona, Juan Roig, a quien acusó “de estar haciéndose de oro a costa de la crisis económica derivada de la guerra de Ucrania”. Aunque la cadena de distribución no ha querido responder, desde las asociaciones empresariales se mostraba ayer un contundente rechazo a los “continuados e injustificados” ataques lanzados desde Unidas Podemos contra el sector. Tras defender que la crisis está erosionando el negocio de la distribución, “que por su dinámica competitiva ya opera con márgenes netos muy bajos”, las empresas advirtieron sobre las consecuencias que puede tener en su actividad la sugerencia de la ministra de topar los precios de una cesta básica de alimentos.

Más allá del contenido del alegato de Belarra, técnicamente inarticulado y sin matices, en favor de una “gran intervención pública” en todos los sectores estratégicos de la economía, el tono personal y fuertemente descalificador de las palabras de la ministra no resulta aceptable en el marco de las normales relaciones que debe mantener un Gobierno con las empresas en una economía de mercado. Desde las filas socialistas del Ejecutivo, Pilar Alegría, ministra de Educación, recordaba ayer que es “importante, en el ámbito de la política, ser mesurado en las palabras”. También Nadia Calviño, ministra de Asuntos Económicos, y Luis Planas, titular de Agricultura, Pesca y Alimentación, han manifestado en más de una ocasión su apoyo al sector frente a los ataques viscerales de sus socios de coalición.

Un Gobierno tiene todo el derecho y la legitimidad para realizar las críticas que considere pertinentes a la actuación de los agentes económicos, pero debe hacerlo con la seriedad, la responsabilidad y la disposición al diálogo que corresponde a los poderes públicos. Las descalificaciones, los juicios gruesos de valor y las ocurrencias se entienden solo en un contexto de populismo electoral, pero no en el esfuerzo que tanto el Ejecutivo como las empresas y el resto de agentes sociales deben realizar para combatir los rigores de la crisis. La ofensiva del Gobierno para proteger a los colectivos más desfavorecidos frente al azote de la inflación debe realizarse, en lo posible, en cooperación con el tejido empresarial, y no mediante una hostilidad mediática constante cuyo único rédito es el personalismo político, el ruido y la crispación.