Mercado eléctrico

El tope del gas registra costes negativos que se compensarán en la factura de la luz

La producción eólica se dispara y hunde la generación con gas y los precios de la luz

Parque eólico de Repsol.
Parque eólico de Repsol.

El temporal que ha inaugurado esta semana el verdadero invierno en la Península Ibérica ha tenido dos consecuencias inmediatas: por un lado, el protagonismo indiscutible de la producción eólica y, por otro, su efecto en los precios del mercado mayorista de la electricidad, que se han derrumbado, hasta los 34,5 euros/MWh casados para hoy en las subastas del pool, lo que supone un descenso de más de un 60% si se compara con la cotización media del año pasado, 105,48 euros/MWh.

Solo en la jornada de ayer, según datos del operador del sistema, REE, un 82% de la demanda de energía (en total, 35.440 MW previstos) se cubrieron con capacidad libre de emisiones, mayoritariamente, energía eólica: 15.200 MW previstos. Le siguieron la solar fotovoltaica, la nuclear y la hidraúlica.

De esta manera, la práctica desaparición en estos días de las centrales de ciclo combinado del mercado, está evitando que los consumidores paguen (o que paguen muy poco) la compensación a estas plantas en el marco de la llamada excepción ibérica, un mecanismo que España y Portugal aplican desde el pasado mes de junio.

Ambos países, con la autorización de Bruselas, impusieron un precio límite al precio marginal del gas en el mercado eléctrico, para evitar que el resto de energías (nuclear, hidráulica y renovables) se beneficiasen de los ingresos extraordinarios por las altas cotizaciones de este combustible tras la invasión rusa de Ucrania. Pero, aunque estas energías no reciben dicho precio, el gas sí cobra el que oferta en el mercado mediante una compensación en el recibo de la luz de los consumidores.

Pero, además de la ventaja de sustituir una tecnología cara, como el gas, por renovables, el consumidor español se beneficia de las llamadas rentas de congestión de la interconexión con Francia. Estas rentas (la diferencia del precio de la electricidad entre España y Francia multiplicada por la energía que pasa por la interconexión) se destinaban hasta junio a sufragar los costes del sistema, por lo que se traducía en un recorte de la parte fija de la factura, que integran los cargos y los peajes.

Se calcula que, desde la aplicación de la excepción ibérica el pasado verano, dichas rentas rondan los 2.000 millones de euros, un 50% para cada país. Una cantidad que, al destinarse a subvencionar el tope al gas, dejó de beneficiar al usuario en los cargos, pero que, al no ser utilizada en los días en que el gas no requiere compensación (tope negativo), se restará en días sucesivos, beneficiando a los usuarios. No se trata tanto de una devolución, sino de compensarla en los días en que sí haya que pagar.

El coste de la financiación del tope al gas ha resultado negativa en varios días de este mes entre -0.03 euros MWh y -1,75 euros/MWh). Concretamente, una hora el día 16; tres horas el día 17; cuatro horas el día 18 y todas las horas del día de hoy.

España en desventaja

Los críticos con esta ayuda pública española al precio del gas, vienen denunciando que es una discriminación para el consumidor español respecto al francés (que se beneficia del mecanismo sin financiarlo) y para el portugués pues no lo paga de manera equitativa.

Una ventaja en el caso de Portugal es que, hasta este mes de enero, los consumidores lusos no han tenido que pagar de manera generalizada la excepción ibérica. Según el acuerdo que alcanzaron los dos países ibéricos con la Comisión Europea, la compensación correría a cargo de los consumidores con tarifa regulada (PVPC), por ser los beneficiados del descenso de los precios del pool, al que está ligado dicho precio. A partir de ahí, también lo asumirían todos los nuevos contratos del mercado libre y los que fuesen prorrogados o renovados. Y, en última instancia se consideraban prorrogados todos los que contratos al cumplir un año: al incorporar a más pagadores, menor es el coste para todos.

Sin embargo, en Portugal, además de contar con un mercado regulado muy reducido, los contratos liberalizados se revisan todos en enero, según fuentes del sector. La incorporación de los usuarios portugueses a la financiación llega en un buen momento, cuando la coyuntura invernal hace bajar el precio del pool por la alta producción de renovables y cuando el precio del gas natural sigue en descenso, tras el acopio de este combustible por parte de los países europeos.

Sea como fuere, España y Portugal quieren que se prorrogue el mecanismo, que caduca en junio, hasta finales de 2024 . También Francia quiere sumarse al sistema ibérico, según han informado medios de comunicación nacionales en estos días.

 

Ribera y Cordeiro piden la prórroga de la excepción

La vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el ministro portugués de Medio Ambiente y Acción Climática, Duarte Cordeiro, se reunieron ayer en Bruselas con la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, para tratar de la extensión de la excepción ibérica que ambos países reclaman.

El Gobierno español ya anunció la pasada semana su intención de pedir a la Comisión Europea una prórroga del mecanismo para que pueda aplicarse más allá de mayo y mientras dure la crisis energética, incluso hasta fin de 2024. Ribera explicó entonces que España desea que este tope al gas para la generación de electricidad fuese “lo más bajo posible”, entre 45 y 50 euros/MWh. Con el el diseño actual va aumentando desde los 40 euros con los que empezó hasta los 70 euros en junio.

El encuentro fue “positivo” y sirvió para evaluar cómo ha funcionado hasta ahora el mecanismo, explicaron fuentes diplomáticas. El Gobierno ve a la Comisión “receptiva” ante su petición de prórroga, pero “no se ha fijado un plazo o fecha determinados para que los equipos técnicos finalicen su análisis”, añadieron.

La delegación portuguesa también calificó de “positiva” la cita a tres bandas y, en esta línea, todas las partes implicadas decidieron que sus equipos trabajarán en los detalles de la prórroga ante una nueva reunión entre los representantes de España y de la Comisión.

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