Transportes sondea abrir a la competencia líneas de autobús con 350 millones en ingresos
El ministerio pide muestras de interés liberalizar 77 líneas, casi todas en manos de grandes operadores
Decisión del Gobierno que podría cambiar la historia del transporte de viajeros por carretera. El Ministerio de Transportes ha abierto un proceso para sondear el interés del sector del autobús por una posible liberalización de grandes rutas. Son 77 las que dependen de la Administración General del Estado, generan unos ingresos de unos 350 millones al año y se explotan en exclusividad a través de concesiones de obligaciones de servicio público (OSP). Una apertura a la competencia daría un giro de 180 grados a un negocio que, hasta hace pocos años, se entregaba a las concesionarias prácticamente a perpetuidad.
Las potenciales candidatas tienen un mes, hasta el 16 de febrero, para plantear su apetito por este pastel. De las citadas 77 líneas que surcan todo el país, más de 40 tienen los plazos de explotación vencidos. La Dirección General de Transporte Terrestre activa en este contexto el referido proceso de manifestación de interés sobre la concurrencia en el mercado de los servicios públicos de transporte regular de viajeros por carretera.
Al proceso se ha invitado a “las empresas que componen el sector del transporte público por carretera, así como todas aquellas interesadas en desarrollar parte de su actividad en el sector”, contemplan las bases. Cumplimentar el formulario de expresión de interés no compromete a las aspirantes ni vincula al Ministerio, que se ha comprometido a tratar la información recibida de forma confidencial. Y no presentarse en este momento tampoco limita la posibilidad de formar parte de un eventual procedimiento posterior.
Las concesiones estatales de transporte por carretera mueven 350 millones al año
En España hay, según datos que maneja la asociación Confebus, 2.700 empresas del autobús y un millar de ellas se reparten las 1.400 concesiones existentes entre las del Estado y Comunidades Autónomas. En 2019, el sector movía una facturación de 5.900 millones. Francia, Alemania, Portugal o Italia se encuentran entre los países con una liberalización ya avanzada en la carretera.
Reconfiguración
Transportes sigue trabajando en un nuevo mapa concesional del servicio regular de autobús en lo que toca a las líneas que dependen de la Administración General del Estado. Se trata de rediseñar rutas establecidas muchas décadas atrás y que ahora deben adaptarse a las competencias administrativas, movimientos de población y potencial de conexión con otros modos de transporte o con las propias líneas autonómicas de autobús.
El Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible, revisado por el Consejo de Ministros el pasado 13 de diciembre, incluye el nuevo modelo de transporte de viajeros por carretera y regula una eventual apertura a la libre competencia de estos servicios de titularidad estatal (artículo 50).
Alsa, Avanza y Samar destacan entre las mayores operadoras del país
En la tarea de supervisión de este texto legal, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) recomendó en junio de 2022 impulsar la liberalización de líneas de más de 100 kilómetros, tal y como apunta la Comisión Europea, poniendo el foco en el interés del viajero, mayores opciones de elección y la esperada competencia en precios.
Las rutas de titularidad estatal tienen a Alsa, Avanza y Samar como grandes concesionarias. En los últimos años ha sido incesante la presión de la asociación de empresas de transporte discrecional Anetra, o del nuevo entrante Flixbus, para que el servicio entre grandes ciudades pudiera prestarse en libre competencia.
Fuentes del sector dan por descontado el interés de medianas empresas dedicadas al transporte discrecional por los corredores rentables y de alta demanda, también de operadoras de concesiones autonómicas. Pero las fuentes ponen énfasis en que el interés reside en ver si las grandes del sector se atacan. Es decir, si las citadas Alsa, Avanza o Samar están dispuestas a competir entre ellas en los mismos corredores.
La patronal que engloba a estas últimas, Confebús, se ha reconocido siempre defensora del sistema concesional actual como garantía de servicio y seguridad. La competencia, suele explicar su presidente, Rafael Barbadillo, está asegurada a través de la licitación de las líneas. Y la inversión en flota, costes de personal y mantenimiento del servicio es posible, argumenta la patronal, gracias a la amortización que facilita una concesión en exclusiva. Para este modo de transporte colectivo, que es el que más viajeros mueve en el país, se ha puesto duro el día a día con el continuo desarrollo de la red de alta velocidad ferroviaria y la entrada de nuevos operadores en pugna con Renfe.
Una vez sondeado el mercado respecto a la posible apertura a la competencia, vendrá la elaboración de un informe exhaustivo por parte del Ministerio, y la llave de una liberalización, previsiblemente parcial, estará en manos del Consejo de Ministros. En esta primera fase de tanteo ya se advierte a las compañías que su entrada en grandes corredores podría estar sujeta a la imposición de obligaciones de servicio.
Un servicio vertebrador del país
Regulación. El modelo concesional español está regulado por la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestre (LOTT) y fue sometido a inspección por parte de las autoridades comunitarias de la Competencia. El Reglamento (CE) 1073/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, establecen el marco de acceso al mercado internacional de los servicios de autobús, lo que serviría de base para un proceso de liberalización.
Cuota modal. Las líneas que son competencia de Transportes mueven unos 30 millones de viajeros al año, lo que representa una cuota modal del 3,4% sobre los viajes interprovinciales. El automóvil domina con el 90,4%; el tren tiene un 4,8%, y el avión nueve al 1,4% de los viajeros.
Servicio público. El transporte en autobús, a través de líneas en concesión, llega a 8.000 municipios y ciudades españolas. Este es el mayor mercado interior de la UE, con 940 millones de viajeros en 2021.
Precios. La CNMC es contraria al sistema concesional español, que califica de legal pero ineficiente en su informe de junio. Entonces se argumentó que la liberalización llevó a una reducción de precios de 23% en Alemania y en Francia, y del 36% en Italia, si se comparan los servicios en las diez ciudades más pobladas de España y las de esos tres países.
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