Londres enfoca mal su ley de huelga para el sector público

Hacerlo con fines punitivos, al calor de los conflictos laborales, no es la mejor forma de alcanzar su objetivo

Protesta ante el 10 de Downing Street por la propuesta del Gobierno para legislar los servicios mínimos en el sector público, el lunes.
Protesta ante el 10 de Downing Street por la propuesta del Gobierno para legislar los servicios mínimos en el sector público, el lunes. AFP

Qué ironía. Justo mientras intenta deshacerse de decenas de leyes y reglamentos que Reino Unido heredó de la UE, Rishi Sunak quiere emular a otros países del bloque y regular las huelgas en el sector público. Pero su plan es demasiado amplio y coercitivo. Para que funcionen, los límites no deben parecer una reacción instintiva a grandes disturbios laborales.

Los partidarios del control señalan su coste económico. Según el Centre for Economics and Business Research británico, en 2022 costaron a la economía al menos 1.900 millones de euros en pérdidas de producción. Puede parecer mucho, pero equivale a mucho menos del 0,1% del PIB de Reino Unido.

Contrapesar el derecho a la huelga y la necesidad de que los servicios esenciales sigan funcionando es puro equilibrismo para todos los Gobiernos, que suelen centrarse en transporte público y sanidad, mientras que las escuelas o la red eléctrica están sujetos a normas menos estrictas. En la mayoría de los países, las huelgas en la policía, la judicatura o el ejército están explícitamente prohibidas. Un tercio de los funcionarios alemanes no tienen derecho a la huelga. Francia añade el extraño giro de considerar la radio y la TV públicas un sector crucial.

Pero el plan de Londres parece más duro que en otros lugares. La regulación de otros Gobiernos ha dejado gran parte del poder de decisión en manos de las autoridades locales.

La primera señal de que el plan británico está concebido como algo punitivo es que parece una respuesta directa y política a las grandes huelgas en sanidad y transporte. El segundo indicio es el alcance de los sectores previstos y el margen de maniobra que se deja al Gobierno para tomar medidas drásticas. La ley afectará directamente a tres sectores: trenes, bomberos y ambulancias. En otros, como la educación, la seguridad fronteriza o el desmantelamiento de centrales nucleares, se dejará que empresarios y sindicatos acuerden los servicios mínimos, pero el Gobierno podrá intervenir si no está satisfecho. La tercera señal del enfoque punitivo es que los sindicatos serán responsables si no cumplen los servicios mínimos.

Sunak tiene margen para aprobar una ley de huelga en el sector público. Hacerlo al calor de los conflictos laborales, por razones políticas, no es la mejor forma de alcanzar su objetivo.

Los autores son columnistas de Reuters Breakingviews. Las opiniones son suyas. La traducción, de Carlos Gómez Abajo, es responsabilidad de CincoDías