Desconexión digital: ¿quién recogerá nuestras cenizas?
España es el país del mundo con mayor consumo de ansiolíticos y con alta incidencia de bajas laborales relacionadas con el exceso de conectividad
España es el país del mundo con mayor tasa de consumo de medicamentos contra la ansiedad, con crecimientos cercanos al 30% desde 2010. Es tal el uso generalizado de estos tratamientos que el consumo de tranquilizantes es cuatro veces mayor que el recetado para alergias. El volumen de antidepresivos dispensados casi iguala al que se emplea para tratar enfermedades del corazón. Hablamos de más de dos millones de conciudadanos con trastornos relacionados con la salud mental. Una cifra que no deja de crecer año tras año. Una barbaridad, se mire por donde se mire.
Atribuir este drama a una suerte de desdicha universal o vincularla con una esfera privada ajena a ningún factor externo es una lectura tan parcial como tendenciosa. En España trabajan más de 20,5 millones de personas, a razón de 40 horas semanales durante más de once meses al año. De media, trabajarán más de una década a lo largo de toda su vida. Deslindar sin más un fenómeno como el de la explosión de las enfermedades mentales con el factor trabajo es, directamente, un despropósito. Y mucho más cuando la propia OMS identificó –hace la friolera de 22 años– el síndrome del trabajador quemado (burnout o síndrome de desgaste profesional) como un riesgo psicosocial que conlleva síntomas de agotamiento, distancia mental, negativismo, y de forma más amplia, estrés, ansiedad y pánico.
A la vez que este síndrome iba abriéndose paso, las nuevas tecnologías cambiaban el paradigma del tiempo de trabajo. Si antes la finalización de la jornada coincidía con la salida de nuestro puesto, la generalización de los smartphones ha supuesto, literalmente, llevarnos la oficina con nosotros. El correo, la mensajería o las aplicaciones corporativas se sitúan ahora en nuestra mano. Siempre. Constantemente.
No se trata de algo casual o fruto de los nuevos tiempos. Al menos un 25% de nuestra fuerza laboral trabaja con un dispositivo conectado a internet proporcionado por su empleador. Se podrá alegar que se entrega para mejorar la movilidad de los empleados, pero lo cierto es que la frecuencia en la que usa internet entre los ocupados es siete puntos superior a la media. Si a esto le añadimos el impacto del Covid19, que nos ancló aún más a las pantallas y el aumento del teletrabajo, el cóctel está servido.
El impacto de esta hiperconectividad está siendo demoledor: el 75% de los trabajadores españoles no desconecta fuera del horario laboral (InfoJobs). Casi uno de cada tres no consigue desconectar del trabajo durante sus vacaciones y un 47% afirma que se siente “en la obligación de responder” al trabajo fuera de su jornada (Randstad). Casi seis de cada diez personas trabajadoras comprueban su correo electrónico fuera del horario laboral cinco días a la semana (Adecco).
Si la persona teletrabaja, la angustia es aún mayor: un 64% de los españoles califica al teletrabajo como perjudicial “porque se pueden trabajar muchas más horas que las establecidas” (CIS) y un 47% manifiesta que la principal desventaja de la prestación remota es “la sobrecarga de trabajo” (INE). Desde un punto de vista subjetivo, ¿quién no conoce a un trabajador quemado?
El remedio a esta situación se llama derecho a la desconexión digital. Un derecho que ya existe en nuestro acervo legislativo (LOPD y ley de trabajo a distancia, a la que habría que sumar el registro obligatorio de jornada). Pero de la teoría la práctica, está la realidad. Son pocas las compañías que han confeccionado un protocolo de desconexión. Son menos las que lo han publicitado entre sus empleados. Y muchas menos aún las que lo respetan. Solo así se explica que menos del 3% de los convenios colectivos desarrollen, con características propias de su modelo productivo, un protocolo efectivo de derecho a la desconexión digital.
Las consecuencias de esta sistemática vulneración son descorazonadoras. Las mutuas dan buena cuenta de ello: Fremap constata un incremento de las bajas por problemas de salud mental del 17% desde 2015, con una duración media de más de tres meses. Asepeyo, cifraba en un 10% las incapacidades temporales imputables a estos procesos, convirtiéndose así en la primera patología por duración media. No podemos seguir mirando para otro lado. Corremos el riesgo de perder a miles de personas por el camino si seguimos ignorando una realidad cada día más hiriente. La cronificación de este tipo de síndromes supone, en demasiados casos, la expulsión del mercado de trabajo y un quebranto económico que la OMS cuantifica en un billón de euros en pérdida mundial de productividad. Por ello, necesitamos desarrollar nuevas normas que protejan la salud de las personas trabajadoras. La propuesta de Portugal, que insta a los empleadores a abstenerse de contactar con sus empleados fuera de horario es una buen ejemplo de por dónde debemos progresar. Incluir el derecho a la desconexión digital dentro la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es otra excelente iniciativa, modernizando una ley que data de 1995. Obligado es también asumir las recomendaciones de la OMS, que nos conminan a añadir el síndrome de burnout al catálogo de enfermedades profesionales. Pero de nada sirven todas estas acciones si no se respetan, y por ello, resulta imprescindible establecer un régimen de sanciones disuasorio, que se vea acompañado por el aumento de los recursos humanos y materiales de la Inspección de Trabajo, al objeto de hacer respetar el nuevo alcance de este derecho.
Estas propuestas no se realizan solo para el beneficio de los trabajadores y mucho menos en contra de nadie. Al contrario, son medidas que ayudarían a las empresas a ser atractivas, saludables, competitivas y productivas. Pero, sobre todo, son medidas encaminadas a proteger el bien mayor que representa la salud de todos nosotros, antes de que nos convirtamos en cenizas improductivas.
José Varela es Responsable de digitalización de UGT