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El Gobierno ultima el paquete anticrisis con las ayudas a los alimentos en el foco

El descuento a la gasolina perderá previsiblemente su carácter generalizado El Ejecutivo explora un cheque para hogares con rentas bajas y medias

La vicepresidenta económica, Nadia Calviño.
La vicepresidenta económica, Nadia Calviño.GETTY
Pablo Sempere

El Consejo de Ministros aprobará este martes 27 de diciembre el tercer paquete de medidas de alivio ante las consecuencias de la guerra en Ucrania y la crisis inflacionista. Será el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien informe del acuerdo alcanzado tras la reunión en su tradicional discurso de fin de año. Se prevén tanto cambios en el diseño de varias medidas ya vigentes –como la bonificación de 20 céntimos por litro de combustible– como novedades de calado que ayuden a contener el aumento de los precios en los alimentos, que suben a un ritmo del 15% anual en el IPC.

También se estudian medidas de alivio sobre la vivienda, tanto en el mercado del alquiler como de la compraventa, si bien en este punto PSOE y Unidas Podemos tienen posturas más alejadas. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha asegurado en Twitter que "seguimos trabajando" para dar garantías a las familias y protegerlas "de las subidas del precio de la vivienda o de los alimentos".

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Los dos socios que conforman el Ejecutivo siguen negociando varias de las palancas sobre las que se sustentará el plan. Según explican fuentes del Gobierno, las principales novedades vendrán del lado de la alimentación. Hay varias opciones sobre la mesa, que podrían aprobarse incluso de forma simultánea. Una posibilidad es dar a los hogares más vulnerables un cheque para aliviar el gasto en la cesta de la compra. Se trataría de una ayuda de 300 euros mediante un solo pago que llegaría a unos 8 millones de hogares (aquellos con unos ingresos conjuntos de hasta 42.000 euros al año). Para agilizar el proceso, el cheque no tendría un carácter finalista. La otra opción es rebajar el IVA de algunos productos muy concretos, como el pescado, que pasarían de tributar del tipo reducido, en el 10%, al superreducido, en el 4%.

Unidas Podemos, detallan fuentes de la formación morada, también propone un impuesto extraordinario sobre los grandes supermercados y distribuidoras de comida, de cara a destinar lo recaudado a aliviar el encarecimiento de la cesta de la compra en los hogares de menores ingresos.

Los dos socios de Gobierno también debaten qué hacer en torno a la vivienda. Unidas Podemos, en concreto, propone congelar los alquileres para que aquellos inquilinos a los que se les acaba el contrato puedan prorrogarlo en las mismas condiciones durante un año más. Esta medida protegería a los arrendatarios a los que les fuese a vencer el contrato, que tendrían que renovarlo o buscar un nuevo piso de alquiler en un contexto de incertidumbre económica. Cabe recordar que el Ejecutivo prorrogó durante todo 2023 el tope del 2% a la actualización de los alquileres. Es decir, aquellos contratos a los que les toque la revisión anual (que con carácter general suele hacerse pareja al IPC) solo podrán encarecerse en un 2%.

Esta medida, que supone un paraguas de protección para los inquilinos en unos meses en los que el IPC llegó a superar el 10% anual, deja fuera sin embargo a los arrendatarios con contratos a punto de caducar. De ahí que el Ejecutivo explore volver a recurrir a una fórmula que ya se usó durante lo peor de la crisis sanitaria del Covid-19.

En el mercado de la compraventa, y debido al encarecimiento de las hipotecas a tipo variable provocado por la subida de tipos del BCE, Unidas Podemos propone tomar como referencia el euríbor del 30 de junio, alrededor del 1%.

En el caso de la rebaja de 20 céntimos a los carburantes, explican fuentes del Ejecutivo, se estudia eliminar su carácter generalizado sobre todos los particulares y centrarla únicamente en sectores profesionales golpeados por el encarecimiento del combustible, como el del transporte, la agricultura, la ganadería o la pesca. Aunque aún no hay nada cerrado, las fuentes consultadas dan por hecho que la bonificación se concentrará únicamente en ciertos sectores.

Desde el Ejecutivo han reconocido en las últimas semanas que el descuento generalizado de 20 céntimos, aunque sí contribuyó a frenar la inflación, es una medida controvertida y regresiva porque tiene un impacto fiscal muy importante y no beneficia a las clases más vulnerables. Según cálculos de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), su coste anual ronda los 5.700 millones de euros. A su vez, tal y como han constatado organismos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), son los hogares de mayores ingresos los que más se benefician de la ayuda.

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Sobre la firma

Pablo Sempere
Es redactor en la sección de Economía de CINCO DÍAS y EL PAÍS y está especializado en Hacienda. Escribe habitualmente de fiscalidad, finanzas públicas y financiación autonómica. Es graduado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid.

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