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El juez abre la puerta a investigar a la excúpula de la CNMV por la ampliación de 2012 del Popular

Pregunta a la fiscalía si debe admitir a trámite una querella de medio centenar de accionistas por el delito de estafa.

El expresidente del Banco Popular Ángel Ron.
El expresidente del Banco Popular Ángel Ron.PABLO MONGE

El nuevo caso sobre el Banco Popular puede dar un giro de 180 grados si el juez decide imputar a la excúpula de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Medio centenar de accionistas que participaron en la ampliación de capitales de 2012 presentaron una nueva querella por estafa contra los exaltos cargos del órgano supervisor, al considerar que el folleto informativo que emitió la entidad resuelta no era transparente. Por ello, acusan al órgano de haber actuado como “mero espectador”.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, está estudiando si procede ampliar la investigación hacia importantes exresponsables de la CNMV que ‘controlaron’ la operación de emisión de acciones en 2012, como los expresidentes Elvira Rodríguez y Julio Segura; los exvicepresidentes Lourdes Centeno y Fernando Restoy; y miembros del órgano como Francisco Javier Aríztegui o Íñigo Fernnández de Mesa. Según han informado fuentes jurídicas, para poder tomar la decisión, el magistrado instructor quiere conocer la opinión de la fiscalía.

Por ello, ha dictado una providencia -resolución no razona- en la que solicita al Ministerio Público que informe sobre si debe admitir la querella y ampliar la lista de imputados, entre los que se encuentran el expresidente de Popular Ángel Ron; y el exvicepresidente de la entidad Roberto Higuera.

Este procedimiento se inició el pasado junio, tras la admisión de dos querellas iniciales por el delito de estafa. Una primera presentada por un grupo de accionistas, representados por el despacho Durán&Durán Abogados, contra el que fuera máximo responsable del banco y su número 'dos', así como contra la propia entidad extinta; y la segunda, interpuesta por las mercantiles Cerquia Gestión y Cercupenta contra el Banco Santander, la consultora PwC y el auditor de esta última que analizó las cuentas del Popular, José María San Oliva.

No obstante, no fue hasta el pasado cuando empezaron a declarar los investigados. El expresidente de la entidad defendió que en la ampliación de capital no hubo ninguna irregularidad y que el folleto de información fue "absolutamente claro y transparente". De hecho, recalcó que se hizo con la autorización del Banco de España y de la Comisión Europea. Para tratar de desmontar la tesis del fraude, subrayó que todos los miembros del consejo de administración del banco desembolsaron más de 500 millones de euros de los 2.500 millones totales por los que se realizó la ampliación. Y añadió que los inversores tuvieron grandes ganancias con la operación.

"Incumplimiento flagrante y grosero"

Sin embargo, los accionistas se sienten “engañados” y creen que la responsabilidad de las pérdidas debe ir más allá de la entidad resuelta en junio de 2017. Por ello, el pasado 3 de diciembre presentaron esta nueva querella contra los exaltos cargos de la CNMV, a los que atribuyen un “incumplimiento flagrante y grosero” de sus obligaciones de control y supervisión con respecto al folleto que el Banco Popular emitió. Según afirman, el órgano mantuvo una actitud de “inacción” al permitir que la información sobre la operación de financiación se incluyeran datos que, en su opinión, no eran veraces.

Así, hacen referencia a la compra del Banco Pastor por parte del Popular por casi 1.400 millones de euros, aunque, según los accionistas su valor era muy inferior, al tiempo que recuerdan que la entidad adquirida ni siquiera superó los test de estrés. En este sentido, critican que en el folleto de la ampliación de capital se incorporara una valoración “incorrecta” de los activos y que la CNMV no hiciera nada para evitarlo.

Asimismo, el escrito presentado ante el juez subraya que, con anterioridad a esta operación, los estados financieros reflejados en los informes trimestrales y semestrales ya incorporaban partidas millonarias que "no se correspondían en absoluto con la imagen fiel de la situación financiera del banco". Por todo ello, piden que se cite a declarar a la excúpula de la CNMV para aclara qué hicieron para verificar que todos los datos que ofrecía el Popular eran correctos. Ahora, la decisión sobre si la excúpula debe responder está pendiente de un informe.

La otra causa sobre el Banco Popular

De forma paralela, la Audiencia Nacional mantiene abierta desde hace más de cinco años otra investigación para aclarar las causas que provocaron la caída del Banco Popular en junio 2017, así como las presuntas irregularidades en la ampliación de capitales de 2016. En este caso, que instruye el juez José Luis Calama, están imputados los expresidentes de la entidad Ángel Ron y Emilio Saracho, los miembros del consejo de administración y exdirectivos.

La causa parecía estar ya a punto de quedar finiquitada, si bien el magistrado decidió el pasado 14 de diciembre citar a un nuevo investigado, a José María Sanz Olmeda, auditor de PwC que dirigió los exámenes contables anuales del Banco Popular entre los años 2009 y 2015. Lo cierto es que en esta causa ya está imputado el auditor que analizó las cuentas de la entidad en el año 2016, así como la propia consultora, no obstante, el juez cree que debe ampliar la información con lo que pueda manifestar y explicar el que fuera máximo responsable de la compañía en la planificación ejecución de los trabajos que se desarrollaron para el banco.

Por otro lado, el juez Calama solicitó también a los peritos del Banco de España una ampliaciación de un informe centrado en las tasaciones de la entidad bancaria. Los expertos del organismo acudieron a la sede judicial a ratificar sus conclusiones el pasado 15 de noviembre, pero ante las dudas que surgieron, el juez adoptó pedir un nuevo estudio. La causa está prorrogada hasta el próximo 29 de enero, fecha clave en la que el instructor tendrá que decidir si vuelve a ampliar el tiempo de las pesquisas o declara ya el cierre de la investigación.

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