El juego del gato y el ratón de las sanciones a Rusia
El inversor Bill Browder cuenta en un libro la intensa respuesta de Putin a su denuncia de la muerte en prisión de un empleado
Bill Browder solía considerarse a sí mismo el mayor enemigo de Vladimir Putin. El presidente ucranio, Volodimir Zelenski, y el encarcelado político opositor Alexei Navalny, que acusa al presidente ruso de haberlo envenenado, probablemente tengan más derecho a ese título. Sin embargo, el último libro del inversor reconvertido en activista, Orden de embargo, apoya su afirmación. Browder describe cómo presionó a los Gobiernos para que suspendieran los activos y denegaran los visados a los considerados responsables de la muerte de uno de sus empleados en una prisión rusa.
El tira y afloja en torno a la promulgación y ampliación de la Ley Magnitsky, que se desarrolló en los tribunales y salas de reuniones de Estados Unidos, conlleva una advertencia para quienes aplican ahora las sanciones contra Rusia. Es probable que Moscú utilice en respuesta a la invasión de Ucrania algunas de las mismas tácticas que desplegó contra Browder.
Sergei Magnitsky era un abogado que descubrió un fraude de 230 millones de dólares. Su empleador, el Hermitage Capital de Browder, fue inculpado por ello. Magnitsky fue enviado a la cárcel, donde le golpearon y se le negó tratamiento médico. El joven de 37 años murió en 2009 tras pasar un año en prisión sin cargos. Browder, lleno de culpa, se propuso hacer la vida difícil a las personas que consideraba responsables de la muerte de Magnitsky.
Gracias al laissez-faire ruso en materia de privacidad de datos, Browder y su equipo pudieron obtener información sobre cómo se blanqueaban miles de millones de dólares a través de bancos europeos. [La Policía española acaba de usar parte de esos datos para desmantelar una red que compró inmuebles en la Costa del Sol por 25 millones de euros.]
Colaboraron con periodistas y, con la ayuda de los filtrados papeles de Panamá, siguieron el rastro hasta el propio Putin. El equipo de Browder encontró transacciones que vinculaban 800.000 de los 230 millones de dólares con Sergei Roldugin. Este violonchelista amigo de Putin no respondió a las acusaciones, pero dijo que el efectivo expuesto en los papeles de Panamá procedía de donaciones.
Rusia desplegó abogados, asesores y policías para detener a Browder. Eludió las citaciones y órdenes de detención y se defendió en los medios. En un momento dado, el entonces presidente Donald Trump llegó a considerar la posibilidad de entregar al empresario a Rusia para que lo interrogaran.
Los asesinatos de críticos del Kremlin, incluido el del líder de la oposición Boris Nemtsov en 2015 junto a la Plaza Roja, sirvieron para recordar los riesgos que corría Browder. Otros métodos parecían menos mortíferos: Browder describe haber atraído en Mónaco la atención de una belleza rubia de 1,80 metros, quien, según supone inmediatamente, fue enviada para seducirlo y atraparlo.
En sus intentos de crear obstáculos a la Ley Magnitsky, Rusia tuvo mucha ayuda de abogados y consultores occidentales. Aunque todo el mundo tiene derecho a la representación legal, algunas astracanadas harían subir las cejas a la mayoría de los lectores. Por ejemplo, Browder escribe que inicialmente contrató al ilustre abogado estadounidense John Moscow para que defendiera a su fondo de ser inculpado por el fraude que descubrió Magnitsky. El abogado ignoró las llamadas de Browder, y más tarde reapareció como consejero de un holding ruso. Moscú argumentó que no había conflicto de intereses.
Proteger las instituciones de la corrupción es una batalla constante. Pero incluso en la mayor economía del mundo, donde múltiples organismos reprimen la actividad financiera maliciosa, el progreso depende de los individuos. Según Browder, la promulgación y el cumplimiento de las sanciones son vulnerables al tira y afloja de los seres humanos y sus intereses económicos individuales. Un ejemplo que Browder no comenta es el de En+, propietaria del gigante del aluminio Rusal, a la que Estados Unidos levantó las restricciones por su impacto en el mercado mundial del metal.
Browder no rehúye el ajuste de cuentas con las personas que se interpusieron en su camino. Pero este entretenido thriller encierra también una lección para los responsables políticos. Los abogados que trabajan para Rusia intentarán anular las sanciones o limitar su alcance. Ahora es más difícil ser un lacayo occidental del Kremlin. Desde que Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero, EE UU y Gran Bretaña han prohibido la exportación de servicios de consultoría y relaciones públicas. Los despachos legales abandonaron en masa a los clientes rusos. Sin embargo, estas redes de asesores y abogados están simplemente en hibernación.
Putin se esforzó mucho por detener o limitar la legislación Magnitsky. Su invasión de Ucrania elevó drásticamente las apuestas. Oligarcas, bancos, empresas e incluso las reservas del banco central están sometidos a sanciones occidentales. La ruptura con Moscú ha hecho subir los precios de la energía, y ha golpeado a las economías europeas y estadounidense. Los intereses económicos occidentales serán fundamentales en los argumentos que esgrimirán los servidores del Kremlin cuando finalmente reaparezcan.
Los autores son columnistas de Reuters Breakingviews. Las opiniones son suyas. La traducción, de Carlos Gómez Abajo, es responsabilidad de CincoDías