Air Europa pierde la batalla en la Audiencia Nacional por un ERTE de 3.000 trabajadores
La compañía aérea solicitó en marzo de 2022 una segunda prórroga de la reducción de empleo aprobado con la pandemia
La Audiencia Nacional no ve motivos que justifiquen la prórroga de un ERTE por causa de fuerza mayor después de marzo de 2022, cuando el Gobierno puso fin a las ayudas públicas durante la pandemia. La Sala de lo Social ha tumbado el recurso de Air Europa contra la decisión del Ministerio de Trabjo de no extender el despido colectivo temporal aprobado tras la declaración del estado de alarma, y que hubiese afectado a unos 3.000 trabajadores. El tribunal asegura que en ese momento ya no existían las mismas circunstancias excepcionales que permitieron acogerse a este mecanismo sufragado por las arcas públicas, dado que las limitaciones de tráfico aéreo existentes y las restricciones sobre los viajeros eran las mismas para todas las compañías del sector.
La sentencia se ha dado a conocer en un momento clave para Air Europa, pendiente de ver cómo se resuelve su futuro ante las difíciles negociaciones de su venta al Grupo IAG. La familia Hidalgo considera que la empresa vale más que en la pandemia, mientras que holding hispano-británico se niega a poner más de los 500 millones que se pactaron en enero del año pasado. A favor de la firma de los Hidalgo juega la paulatina recuperación de la actividad (pese a la petición de ERTE) y, en su contra, las tensiones de liquidez. Por ello, el fallo de la Audiencia Nacional supone un duro golpe para la aerolínea, ya que el ahorro de salarios ligado al ajuste supondría un balón de oxígeno para su caja, después de contraer una deuda de más de 600 millones de euros durante la crisis sanitaria.
Este ahorro, en todo caso, dependía del dictamen judicial sobre la negativa de la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social. El ajuste de empleo se aplicó desde en marzo de 2020 y se extendió en octubre de 2021 hasta el pasado 28 de febrero. Ante la expiración de esta ventana de subvenciones, la aerolínea trató de seguir con el mismo modelo.
Los efectos de la pandemia disminuyeron
Así, el pasado marzo volvió a plantear la posibilidad de suspender el empleo a 258 trabajadores y reducir la jornada a otros 2.612, de una plantilla que ronda las 3.800 personas, que se pretendía aplicar entre abril y junio. Pero el Ministerio de Trabajo lo rechazó y ello motivó a la aerolínea a poner en manos de la Audiencia Nacional el asunto. El tribunal concluyó que el criterio del órgano superior del departamento que dirige Yolanda Díaz era el correcto.
En una sentencia, con fecha del pasado 23 de noviembre, los magistrados de la Sala de lo Social asumen los argumentos de la Abogacía del Estado -representación legal de la administración pública-, que defendió que los efectos de la pandemia han ido disminuyendo progresivamente y, con ello, la limitación para viajar. La resolución subraya que en el momento que se solicitó la prórroga del ajuste de empleo tan solo existía restricciones para viajar a ocho países de África, en los que Air Europa no opera, y que la única exigencia hacia los pasajeros era los certificados de vacunación.
Con todo ello, la Sala afirma que, “a efectos dialécticos”, se podría debatir cómo afectó la pandemia a los pasajeros, llegando algunos de ellos a optar por no viajar, incluso con las fronteras abiertas. Unos hechos que seguramente contribuyeron a la “reducción en la actividad empresarial”, admite el tribunal, si bien esta situación “no encontraría cobijo en la fuerza mayor invocada, sino en una causa objetiva de tipo productivo”.
Es más, los magistrados destacan que los responsables de la aerolínea también lo entendieron así, pues, de forma paralela a la petición de prórroga, se inició una negociación con los sindicatos para impulsar otro ERTE, pero, en este caso, por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. El acuerdo se alcanzó con los representantes de tripulantes de cabina de pasajeros (TCP) y de personal de tierra, pero no con los de pilotos. El periodo fijado para ponerlo marcha fue entre el 1 de abril y al 30 de septiembre de este año.
