Cuando se olvida lo evidente: la competencia genera riqueza

La tendencia a abrir mercados y devolver áreas de actividad al sector privado se impone cada vez más en las economías avanzadas

Quiero hacer una reflexión sobre situaciones que podrían ayudar mucho a mejorar la economía, aportando más posibilidades para la creación de riqueza, de ingresos públicos, de oportunidades de negocios, de empleos cualificados, etc. Por ejemplo, simplemente abriendo de manera extensiva y no restrictiva a la competencia la prestación de servicios de trenes de alta velocidad entre Madrid y Barcelona y las ciudades del trazado, como son Guadalajara, Calatayud, Zaragoza, Lérida, Tarragona, o incluso hasta la frontera con Francia, que además debería también extenderse al propio territorio francés, y en particular, a la Costa Azul francesa con muchas ciudades hasta la misma Niza, lo que produciría una bajada de los precios reales de los viajes, una variedad de frecuencias en la elección de horarios y otra muchos beneficios para el pasajero.

Como resultado, se mejoraría mucho la situación para los consumidores en general, muchos de los cuales son ejecutivos y trabajadores de pymes y otras empresas que pagarían menos por trayectos frecuentes para sus actividades. También para estudiantes, turismo de fin de semana y de vacaciones, y otros, que, en su conjunto, contribuirían a una mayor facilidad para la movilidad. En definitiva, se activaría más la economía interprovincial con el consecuente intercambio de bienes y servicios, generando más riqueza.

Es lo mismo que sucede cuando se abre a la competencia, si es real y está bien regulada, la comercialización de la electricidad a los consumidores y empresas. Si existiesen distintas empresas comercializadoras que pudiesen vender electricidad a empresas y hogares, comprando la electricidad, sea en el mercado, sea con contratos bilaterales de suministro, aumentaría la oferta del tradicional monopolio eléctrico, al que “tengo que conectarme, según el lugar donde me encuentre ubicado”, y se abriría la opción de contar con una variedad de oferentes, lo que supondría un aumento de la competencia.

También debería ser así con el mercado de las telecomunicaciones, donde actualmente las operadoras más grandes se quejan de la falta de rentabilidad del segmento de la telefonía móvil y prefieren que el oligopolio sea de tres y no de cuatro operadoras. No creo que esa sea la opinión de los consumidores, sus clientes, porque en general operan cuatro y otras muchas compañías pequeñas, de nicho, que compran minutos y los revenden con marca propia, mejorando así la oferta para el consumidor.

En general, este tipo de productos los conocemos con el nombre de commodities (bienes y servicios tangibles que se pueden comprar o vender), y no hay prácticamente diferencia alguna entre consumir electricidad de una u otra empresa, ir en un tren u otro, llamar o usar datos de un teléfono u otro, y un largo etc.

Las compañías siempre han intentado mediante sus políticas de marketing dirigir su imagen de marca y potenciarla a través de la publicidad, por ejemplo, al asociarla con valores como lo verde (“mi electricidad tiene origen verde”), o a su distribución a través de puntos de venta exclusivos y a “precios más altos” (“mi producto es mejor”) o a la definición de su producto o servicio, o pretendiendo transformar una mera commodity en un servicio exclusivo que les vincula al consumidor como cliente.

La actuación operativa suele ser la contraria por parte de los operadores entrantes en estos mercados, que ofertan precios más bajos, al ser una commodity, para lograr captar la cuota de mercado necesaria para ser rentable cuanto antes mejor, así que “viajar con mis trenes es más barato”, usar mi teléfono también, y lo mismo la electricidad y todo mercado que se abra a la competencia mejora las oportunidades del consumidor.

Una empresa u operador en duopolio u oligopolio seguirá explotando a sus consumidores o clientes cautivos y presionará en su propio beneficio sobre el regulador capturado, por lo que, en ese caso comienzan a ser imprescindibles las autoridades que garanticen la competencia, ya que las actitudes monopolísticas no desaparecen fácilmente. Se trata de que no se produzcan cárteles que pacten precios, abuso de posición dominante de los operadores que estaban en monopolio para que se vayan abriendo a la competencia y no abusen de los operadores entrantes, mediante precios excesivos, ofertando el servicio y uso de las redes en peores condiciones, u otros comportamientos anticompetitivos que hacen difícil la competencia.

No es tan prioritario tener una mejor sanidad, que podría ser universal pero prestada por un operador privado, sino que los médicos, enfermeras, celadores, personal de limpieza, prefieren ser funcionarios, tener mejores sueldos, menos días laborales, o sea más vacaciones, mejores planes de pensiones, etc., pero el usuario cada vez prefiere tener más un seguro privado médico, hay millones de españoles que además del seguro médico público, tienen el privado, que las empresas ofrecen ya como una mejora retributiva.

Un país tan poco sospechoso como Alemania tiene en su mayor parte este sistema, el usuario tiene derecho a la sanidad universal, por su cotización a una mutualidad que pacta los precios con los oferentes de servicios sanitarios, todo ello sin que el consumidor del servicio tenga que perder calidad, sino al contrario: aumenta, e incluso se pone un precio mínimo, dos euros por la consulta médica primaria, cuatro euros por la especializada o por cada noche de hospital, porque todo el mundo sabe que los bienes gratuitos no tienen límite de demanda, de manera que si no se paga nada por la consulta, quizás estaré allí cada semana, o si puedo me quedaré internado, ya que no deja de ser un hospital de cuatro o cinco estrellas bien atendido.

En España la educación es universal, pero la vienen prestando hace siglos escuelas públicas, concertadas y privadas, lo cual es un ejemplo de lo que digo. Todo el mundo sabe que un profesor en una escuela concertada o privada suele tener una retribución menor que en la pública, menos días de vacaciones, peor plan de pensiones, etc., pero, sin embargo, los padres en la mayoría de las ocasiones pagan por llevar a sus hijos a un colegio privado, o prefieren un colegio concertado donde no pagan, pero creen tener mejor educación para sus hijos.

No es bueno que los empleados públicos (17 % de la población activa) vivan en el bienestar frente a los del sector privado, que suelen ser más productivos, más creativos, pero peor tratados, y que son la inmensa mayoría de los ciudadanos. Si esto sucede es porque su capacidad de negociación permite que impongan el coste de su bienestar a la sociedad, restando riqueza y oportunidades al resto de la población. En los países más avanzados del mundo, se está revirtiendo esa situación, al devolver cada vez más áreas o ámbitos a la competencia, al abrir mercados, al intervenir regulando la competencia, y al devolver más áreas económicas al sector privado. Pero, como siempre ocurre en España, volveremos a dejar pasar el tren, esta vez de alta velocidad, y seguiremos parados en la estación, por no haber llegado al debido tiempo.

Rubén García-Quismondo Pereda es Socio director de Quabbala, abogados y economistas