Las ayudas anticrisis le cuestan a Europa 674.000 millones

El 40% de los fondos son alemanes: 264.000 millones

España desembolsa 38.500 millones, el sexto mayor

Electricidad pulsa en la foto

Los precios energéticos se moderan. Sin embargo, conseguirlo ha costado a las arcas de los estados de Europa 674.000 millones de euros, según el observatorio económico Bruegel. Son 164.000 millones de euros más que lo recogido en su último informe, publicado a finales de septiembre. Las medidas incluyen desde los descuentos a los carburantes a medidas como los topes del gas y la electricidad.

Destacan los esfuerzos alemanes. Casi 4 de cada 10 euros destinados a paquetes anticrisis los emite Berlín (264.000 millones de euros). Por su parte, España sumó 3.000 millones de euros con respecto a los últimos datos, gracias al paquete aprobado en octubre en el que, entre otras medidas, se ampliaba el bono social y se creaba la nueva tarifa para las comunidades de vecinos.

Esta última medida no fue suficiente para mantener el quinto puesto como país europeo que más dinero invirtió en paquetes anticrisis. Países Bajos superó a España gracias a las medidas aprobadas en octubre. Estas incluían la fijación de precio de la electricidad y congelará el precio del gas, lo que costará al Gobierno nerlandés 23.500 millones de euros.

Alemania: lluvia de euros

Las medidas de los principales países de la Unión Europea son, en gran medida, similares a las aprobadas en España: descuento a los carburantes, aumento de los bonos sociales, topes a los precios del gas y la electricidad, entre los más destacables.

Alemania, por su parte, ha sufrido más el impacto energético ya que su economía es la más expuesta a las limitaciones del gas ruso. Antes de ayudas, las facturas eléctricas alemanas son las más altas de la Unión Europea. Según indica Bruegel, 4,2 millones de hogares verán aumentar su factura eléctrica un 63,7% de media en 2022.

Las diferentes nacionalizaciones y tomas de control de empresas gasísticas y energéticas dependientes del gas ruso, como Rosneff, Uniper o Schwedt; hizo gastar al Gobierno alemán 68.000 millones de euros en septiembre ofreciendo garantías de préstamo a las empresas energéticas en quiebra o interrumpidas por los cortes de suministro ruso.

Aunque el mayor paquete, con diferencia, fue el "escudo de defensa económica" de 200.000 millones de euros, lanzado a finales de septiembre. Los expertos de Bruegel afirman que la principal diferencia de este paquete con otros aprobados en el país ha sido el compromiso fiscal, ya que el paquete se financia con préstamos y no con gravámenes.

Destacan los 91.000 millones de euros del plan dedicados a los informes del grupo de expertos creado por el Gobierno alemán que buscaban aplacar el impacto de la subida de precios al mismo tiempo que se evitase la escasez de gas. Este estará repartido entre apoyos a la industria, por valor de 25.000 millones de euros y 66.000 millones dedicados a consumidores y pymes.

El plan preveía cubrir la factura de gas de un mes en diciembre y subvencionar el 80% del consumo normal de septiembre a 0,12 euros por KWh a partir de la primavera. Además, establecía que, a partir de enero, los miembros de la industria recibirían el 70% del consumo de gas de 2021 a 0,07 euros por KWh.

Dentro del paquete también se prevé la financiación de la nacionalización total de la energética Uniper, lo que, sumado a los 17.000 millones destinados a la anterior nacionalización parcial, asciende a un coste de 30.000 millones de euros.

Medidas quirúrgicas

Desde la Comisión Europea y otras instituciones de análisis económicos, como BBVA Research, llevan meses advirtiendo de que las medidas anticrisis deben ser quirúrgicas y estar centradas en los sectores más vulnerables y no para la población en general.

Según el Proyecto de Planes Presupuestarios de la Comisión, dos tercios de las medidas de los gobiernos destinadas a hogares y empresas no se centraban en los sectores más vulnerables de la sociedad.

En España, el último en dar el aviso fue el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Antón Costas. El presidente de CES afirmó que los gobiernos deben actuar con "anestesia local" en un momento de shock de precios energéticos y que, según su visión, los planes que se están aprobando son cada vez más concretos y precisos para placar las pérdidas de riqueza en los sectores más desfavorecidos.

¿Dónde está el dinero español?

Septiembre de 2021 supuso el pistoletazo de salida para el gasto en España. El Gobierno aprobó 2.600 millones de euros para mitigar la escalada de precios y a finales de octubre se aprobó un aumento de las ayudas a la calefacción de hogares vulnerables hasta en 90 euros, valorado en 100 millones de euros.

El paquete estrella del Gobierno fue el Plan Nacional de respuesta a la guerra, aprobado en marzo de este año, que movilizó 16.000 millones de euros, en torno al 45% de los 35.500 millones destinados a paliar la crisis.

Además, el paquete incluía prórrogas de actuaciones ya aprobadas, como el tope a la subida de las tarifas reguladas al 5%. El Plan incluía apoyo directo a las empresas, por ejemplo, ayudas valoradas en 450 millones al sector del transporte de mercancías. Otra medida de especial calado fue la subvención de 20 céntimos a los carburantes, que terminó costando 1.400 millones de euros trimestrales.

En junio de 2022 la Comisión Europea aprobó la 'excepción ibérica' que limitaba el precio para el gas en 40 euros/MWh. El mecanismo se financia por los llamados 'ingresos por congestion' (como los obtenidos por el comercio de electricidad entre Francia y España) y una tasa impuesta por España y Portugal a los compradores que se benefician del mecanismo. El coste de la respuesta fue de 6.300 millones de euros.

A finales de ese mismo mes, se redujo el IVA a la electricidad del 10% al 5%, además se prorrogaron las subvenciones a los combustibles y se aprobaron las reducciones de hasta el 50% en los billetes mensuales y multiviajes hasta finales de año. Un esfuerzo presupuestario superior a los 9.000 millones de euros.

A esto hay que sumar el último paquete aprobado en octubre en el que se amplió el bono social y se creó la nueva tarifa regulada (TUR) para las comunidades de vecinos. 

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