Los transportistas de auxilio en carretera, en pie de guerra contra las aseguradoras

Las empresas del sector, inmersas en marchas lentas de protesta y que no descartan un paro total, soportan tarifas congeladas desde hace 20 años

No hace ni dos semanas que los transportistas de la Plataforma del Transporte han suspendido su paro patronal. Los medios han bajado la intensidad informativa sobre el drama que sufren los camioneros, y el foco mediático se traslada a otros temas. Pero aún colean conflictos dentro del sector del transporte que, no solo siguen sin mejorarse, sino que se enquistan. Este último es el caso del subsector de las empresas de auxilio en carretera, que se encuentran inmersas en una campaña de marchas lentas en diferentes capitales de provincia con objeto de visibilizar ante la sociedad y el Gobierno la penuria de su situación, con tarifas prácticamente congeladas desde hace casi veinte años. Las empresas de auxilio sacan sus grúas en procesión para protestar porque después de más de cinco meses de diálogo con las compañías aseguradoras, estás siguen sin cumplir las leyes y ni siquiera aplican la reciente obligación de indexación de la subida de los carburantes.

En la última marcha lenta celebrada en Bilbao, entre los corrillos se comentaba cómo puede ser que en Francia las empresas de auxilio perciban tarifas de triple cuantía a las de España si quienes pagan los servicios son las mismas compañías aseguradoras multinacionales que operan en casi toda Europa y los costes del servicio ya son muy similares a ambos lados de la frontera.

Esta situación desespera e indigna a la mayoría, que no puede soportar ya más pérdidas mientras sobrevuela en el ambiente el riesgo de cierre de muchas de ellas. Lo cierto es que más de la mitad de las empresas de auxilio carecen de márgenes económicos para mantener sus plantillas y los servicios de grúas 24/365, y, hoy en día, les resulta difícil atender todas las asistencias que se les requieren. Algunas ya están dejando de efectuar encargos nocturnos o en fines de semana y las radicadas en las zonas más despobladas o con tráficos menos intensivos encuentran mayores dificultades en su viabilidad.

La legítima petición para que las aseguradoras admitan revisar sus políticas económicas y de condiciones del servicio choca con excusas de mal perdedor o de quienes se saben impunes en una situación preeminente dentro del mercado, dominado por cuatro o cinco compañías que proveen de servicios a menos de dos mil empresas de auxilio.

Argumentos vacíos como que los servicios de auxilio en carretera no se encuadran en el sector del transporte y por tanto no deben cumplir los recientes decretos-ley promulgados en su protección –cuando la norma que regula las condiciones generales de contratación del transporte establece expresamente reglas especiales para las operaciones de auxilio, precisamente porque están absolutamente incluidas el ámbito de aplicación de la ley del contrato de transporte y porque para el ejercicio de la actividad de auxilio las empresas, vehículos y conductores deben cumplir todas las normas de ordenación del transporte tanto comunitarias como nacionales–, se convierten en estrategias dilatorias que finalmente no van a ningún lado y terminan por soliviantar los ánimos.

La mayoría de los portavoces y dirigentes sectoriales, antes conciliadores, agotados ahora en su paciencia, ya no descartan una escalada del conflicto que los lleve a realizar paros selectivos o generales si no se les ofrecen soluciones por parte de las aseguradoras, las plataformas de asistencia y los clubes automovilísticos. Estas, con poco interés y menos prisa, intentan aplacar la tensión con anuncios de mínimas subidas tarifarias, que si bien hace años hubieran sido aceptables, actualmente suenas irrisorias para la gravedad del problema.

Pero no son solo las tarifas lo que saca a la calle a protestar a las empresas de auxilio. También los aspectos operativos que imponen las compañías aseguradoras y las plataformas de asistencia, porque impiden una adecuada asignación de los medios y recursos disponibles por aquellas y les fuerzan a realizar los servicios mediante protocolos que no tienen en cuenta la gestión y organización propia de cada empresa.

Además, no se retribuye ni incentiva la inversión en los costes de la seguridad laboral o la complejidad de mantener retenes de trabajadores de guardia por las noches, festivos y fines de semana, así como formar y proteger a las plantillas para minimizar los riesgos de atropellos y accidentes en un trabajo tan expuesto. Este, además, es un tema que incide mucho en las pymes del sector por los dramas humanos que conllevan.

Las aseguradoras (dueñas y señoras del mercado de asistencia en viaje) parecer no tener ninguna prisa por solucionar estos asuntos, todo se pospone a 2023 y se plantea un difícil futuro para las empresas de auxilio e incluso para los intermediarios del mercado, que están sometidos a fuertes tensiones de reestructuración por la vía de la digitalización y la fusión de carteras, donde probablemente veamos desaparecer a más de uno.

Las operaciones especiales de tráfico del puente de la Concepción, Navidad y fin de año están cerca y la eventual merma del servicio de asistencia en carretera si el conflicto no se zanja y se producen paros provocarían una grave perturbación de la seguridad vial que acarreará trastornos a los conductores y pérdidas millonarias que nadie quiere enfrentar, que acabarán por extenderse en toda la cadena de valor, incluidos los talleres de reparación. Pero como señaló John Ronald Reuel Tolkien, el autor de El señor de los Anillos, “donde no falta voluntad, siempre hay un camino”, y hay que confiar en que ambas partes la tengan para encontrarlo y evitar una situación que no requiere de parches, sino de medidas decididas para ofrecer la necesaria sostenibilidad y viabilidad a las empresas de grúas de auxilio.

Emilio Domínguez del Valle es abogado experto en movilidad y transportes. Asesor de la Alianza de Auxilio en Carretera.