Las gestoras piden retirar el proyecto de dar liquidez total a los planes de pensiones

La medida, que entrará en 2025, provocará que las inversiones sean "menos sostenibles y más cortoplacistas"

Francisca Gómez Jover, subdirectora general de Organización, Estudios y Previsión Social Complementaria de la dirección general de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP); Ángel Martínez Aldama, presidente de Inverco; Pilar González de Frutos, presidenta de Unespa; Luis Miguel Carrasco, director del Grupo Financiero de Ibercaja Banco.
Francisca Gómez Jover, subdirectora general de Organización, Estudios y Previsión Social Complementaria de la dirección general de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP); Ángel Martínez Aldama, presidente de Inverco; Pilar González de Frutos, presidenta de Unespa; Luis Miguel Carrasco, director del Grupo Financiero de Ibercaja Banco.

La asociación de las gestoras de fondos de inversión y de pensiones (Inverco) ha pedido al Gobierno, durante las VIII Jornadas de Planes de Pensiones organizada por Ibercaja y Cinco Días, que se replantee la posibilidad de que los planes de pensiones puedan tener liquidez ilimitada a partir de 2025. Ángel Martínez-Aldama, presidente de la asociación, ha advertido de las “graves consecuencias para la sostenibilidad y la inversión a largo plazo que va a tener esta decisión”.

Hace 10 años, con el Partido Popular en el poder, se tomó la decisión de que, a partir de 2025, los dueños de planes de pensiones pudieran ir retirando el dinero que tenían acumulado en estos productos, siempre que las aportaciones tuvieran más de 10 años de antigüedad. Hasta entonces, tan solo se podía retirar los fondos cuando el cliente alcanzaba la edad de jubilación, o bajo algunos supuestos muy tasados (enfermedad grave, riesgo desahucio...).

Esta medida se adoptó, en teoría, para que los planes de pensiones fueran más atractivos, y no implicaran tener que dejar el dinero aparcado durante tantos años. Sin embargo, estos productos no han ganado en popularidad y, además, han caído con fuerza las aportaciones al haberse restringido el tope de inversión anual a tan solo 1.500 euros.

Aldama ha explicado que esta medida “va a suponer un grave problema para los gestores de pensiones, porque no podrán tener una visión a largo plazo, sino que tendrán que hacer unas inversiones mucho más cortoplacistas y menos sostenibles”. En teoría, a partir de 2025 podría haber millones de personas que decidieran sacar su dinero de los planes para dedicarlo a consumo o para invertirlo en otro tipo de productos. Esto hará que los gestores tengan que tener más inversiones líquidas para poder hacer frente a posibles reembolsos.

La presidenta de la patronal española de los seguros (Unespa), Pilar González de Frutos, ha coincidido con Aldama en los riesgos que representa para el sistema de previsión social complementaria el introducir este factor de liquidez. También ha criticado con dureza los planes del Gobierno para fomentar los planes de pensiones colectivos frente a los individuales.

González de Frutos ha explicado que "la música de la reforma legislativa para fomentar los planes de pensiones colectivos, en el ámbito de las empresas, nos suena muy bien; pero la letra nos suena mal". Uno de los grandes problemas es que el Ejecutivo ha decidido que, para fomentar el ahorro para la jubilación en el marco de la negociación colectiva, tenía que reducir los límites de aportación a los planes individuales.

"Esto ha sido un grave error, porque planes de pensiones individuales y planes de pensiones colectivos no son vasos comunicantes. El dinero que ha dejado de entrar en los primeros no ha ido a los segundos", ha apuntado la presidenta de Unespa. Su homólogo en Inverco calcula que entre 2021 y 2022 habrán dejado de hacerse aportaciones a planes individuales por valor de 3.800 millones de euros, que no han ido a planes de pensiones de empleo.

Frente a las críticas del sector, Francisca Gómez-Jover, subdirectora general de Organización, Estudios y Previsión Social Complementaria de la DGSFP, ha recordado que la reforma impulsada por el Gobierno "pretende dar acceso a los planes de pensiones colectivos a autónomos, funcionarios de pequeños ayuntamientos o trabajadores de pymes, que antes no podían invertir en estos productos".

La medida estrella para reformar el ahorro para la jubilación es la creación de los fondos de pensiones de empleo de promoción pública, que estarían abiertos a más colectivos que los actuales planes de empleo. En este tipo de productos, el importe máximo de aportación anual se mantendrá en 8.500 euros (4.250 euros en el caso de los autónomos), frente a los 1.500 euros en los planes individuales.

El problema en estos nuevos productos, a decir de Inverco o Unespa, es doble. El primero, por su tramitación. "Van a pasar más de tres años hasta que empiecen a comercializarse estos nuevos productos", decía Aldama. "Hasta que nos se reabran convenios colectivos dentro de cuatro años, no se abordará este asunto, y encima ahora tenemos el problema de la inflación", subraya De Frutos. El segundo problema viene de la falta de incentivos a las empresas para fomentar estos productos.

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