Un paro de transporte que pone mucho en juego

La huelga no beneficiará ni a cargadores ni a transportistas en unas semanas en las que se concentra en torno al 25% de las ventas de todo el año

Las huelgas sectoriales, como mecanismo de presión, siempre se convocan cuando más pueden llevar al límite una situación que obligue a quien corresponda a ceder a las reivindicaciones. La Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional ha convocado un paro indefinido a partir del próximo lunes. La fecha no es casualidad, estamos a las puertas del Black Friday, la antesala de la campaña navideña y, por tanto, es una época clave para el sector logístico y comercial.

Cada vez son más las compañías que se suman a esta tendencia, con ofertas que trascienden el Viernes Negro (este año, el 25 de noviembre) y se extienden a toda la semana. El resultado es que estos días representan de media un 10% de la facturación anual para muchas empresas. Y si unimos esta campaña a la de Navidad encontramos que en torno al 25% de las ventas de todo el año se concentran en estas pocas semanas. Teniendo en cuenta que la mayor parte de las mercancías llegan por vía marítima y que los fletes llevan planificados meses, existe una presión extra para el transporte por carretera con el fin de entregar todo a tiempo.

La incertidumbre provocada por la elevada inflación en un contexto de crisis económica con amenaza de recesión hace que las estimaciones no se pongan de acuerdo entre si van a aumentar las ventas, precisamente para intentar comprar más barato, o si los consumidores se van a sujetar el bolsillo para no caer en la tentación de gastar.

La organización empresarial UNO Logística vaticina que el pico de demanda de las próximas semanas descenderá un 5,3% respecto a la campaña de Black Friday/ Navidad de 2021. Este año va a tener un corte más conservador, pero igualmente nosotros esperamos un aumento en el número de envíos que podrá situarse entre el 20% y el 30% respecto a la media del mes de octubre.

En este contexto, un paro del sector del transporte por carretera no le vendría bien a nadie: ni a los cargadores, que tienen que hacer llegar sus materiales y productos a los puntos donde se fabrican o se comercializan para estar a disposición de los consumidores; ni a los transportistas, cuya demanda va a crecer enormemente en este periodo, y se juegan la cuarta parte de sus ingresos de todo el año.

El pasado 25 de agosto, el Congreso de los Diputados aprobó el Real Decreto-ley 14/2022 de medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, conocida como Ley de la Cadena del Transporte, con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo de un sector muy atomizado (en torno al 50% son autónomos y otro 30% son empresas con menos de cinco camiones), que transporta el 95% de las mercancías que se mueven en nuestro país.

Este texto legal fue el resultado de intensas negociaciones entre el Gobierno y el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) tras la amenaza de huelga de diciembre de 2021 y el paro patronal de marzo de 2022, por la nefasta situación por la que atravesaba el sector. Ahora, la Plataforma en Defensa del Transporte de Mercancías por Carretera, que agrupa mayoritariamente a transportistas autónomos y no tiene representatividad suficiente para sentarse en los órganos de participación del sector, convoca este paro para denunciar que no se están cumpliendo las medidas que recoge la ley. Ellos son el eslabón más débil de la cadena y, por tanto, los más perjudicados.

Una de las medidas del Real Decreto es la obligación de fijar un precio del servicio de transporte que sea superior a los costes (con referencia directa al coste del combustible), y que este precio se documente por escrito mediante una carta de porte en el momento de la contratación. Y lo mismo ocurre con el servicio de carga y descarga, que antes recaía muchas veces en los conductores sin que existiera un pago por ello, y ahora ha de existir un acuerdo entre transportista y cargador (puede ser un fabricante pero también un operador logístico), fijando un precio por adelantado que ha de venir desglosado en la factura.

Pero el texto legal no fija mecanismos de control lo suficientemente fuertes para garantizar de forma efectiva el cumplimiento de estas medidas. Y eso, entre otras cosas, es lo que están reclamando los transportistas que llaman al paro, pues denuncian que muchos siguen trabajando a pérdidas y asumiendo la tarea de carga y descarga, con ‘trampas’ como poner un coste ridículo, por ejemplo, menor a un euro como desglose por la manipulación de la mercancía.

Las grandes asociaciones sectoriales parecen entender que la situación actual no es como para convocar un paro, y todo indica que quieren dar algo más de tiempo para que el Gobierno termine de perfilar las normativas y mecanismos de control que están pendientes de definición en el Real Decreto. Además, tampoco querrán poner en peligro un momento clave para su propia supervivencia económica.

Sin duda, es necesario que las empresas cargadoras respeten la ley, y evitar la competencia desleal que puede suponer que unas la incumplan y otras no. Para ellas este escenario también supone una adaptación y una nueva complejidad de gestión, así como un incremento de los costes con el que no contaban en sus presupuestos anuales. Y también se juegan mucho en esta campaña comercial.

Confiemos en que, por el bien de ambas partes y de la economía en su conjunto, la situación pueda resolverse con el menor impacto posible.

 Diego Yung es director regional de Ontruck