La huelga del transporte pone en jaque otra vez la cadena de suministros
La Plataforma en Defensa del Transporte convoca la movilización a partir del lunes contra el incumplimiento de la ley de costes. Grandes asociaciones del sector están en contra
Tras la reunión de este fin de semana de los delegados de la Plataforma para analizar las medidas adoptadas por el Gobierno, el colectivo ha anunciado este lunes los resultados de las votaciones de las asambleas provinciales, que, con un 86% de los votos, han acordado secundar la iniciativa de protesta.
Entre los pasos dados por el Gobierno en los últimos meses, consensuados con el sector, destaca la nueva ley para evitar que los transportistas trabajen a pérdidas o un paquete de 450 millones en ayudas directas, que se suman a las ya aprobadas en 2021 y en abril de 2022 como el descuento de 20 céntimos en el precio del combustible; la prohibición de que los conductores hagan la carga y descarga; la limitación a una hora de los tiempos de espera en las zonas de carga y descarga; el refuerzo de la inspección de transporte, o las ayudas al abandono de la profesión.
Sin embargo, la Plataforma ha seguido denunciando el "incumplimiento" por parte de los cargadores (los clientes de los transportistas) de la ley que prohíbe trabajar a pérdidas en el sector, y señala al Ministerio de Transportes por desautorizar a la Guardia Civil a controlar y denunciar este incumplimiento.
El sector se encuentra dividido ante esta protesta. La Confederación Española del Transporte de Mercancías (CETM) ha lanzado un llamamiento a la calma: "Pedimos a los transportistas que confíen en que el diálogo que el CNTC [Comité Nacional del Transporte por Carretera] mantiene con el Ministerio de Transportes siga dando sus frutos como ha hecho hasta ahora". Y se añade que "esperamos que en esta ocasión no tengamos que vivir episodios como los del anterior paro, en el que hubo amenazas, coacciones y se atentó contra el medio de vida de muchas familias". El referido CNTC mantiene contactos con Transportes sobre la prórroga de las ayudas públicas o la limitación de la subcontratación.
El secretario general de CETM, José María Quijano, ha declarado a Europa Press que "en ningún momento apoyamos esta salida de la Plataforma con la nueva convocatoria. Estamos dentro del CNTC, vemimos negociando con al Administración durante mucho tiempo y, últimamente con fruto en los reales decretos de final de año y marzo. Creemos que el sector ha conseguido beneficios importantes en regulación y en herramientas jurídicas para poder enfrentar la situación del mercado desde la viabilidad de las empresas".
Conocida la convocatoria del paro indefinido, las organizaciones agrarias COAG y UPA, así como las asociaciones empresariales AECOC, ACES, ANGED, ASEDAS, Cooperativas Agro-alimentarias de España, FIAB, Hostelería de España y Marcas de Restauración, todas ellas en representación de la cadena alimentaria y de la hostelería, han demandado "seguridad y garantías para el abastecimiento de productos y materias primas".
Estas organizaciones recuerdan "las graves incidencias y episodios violentos que afectaron al buen funcionamiento de la cadena alimentaria con motivo del último paro del transporte de mercancías". Corría el mes de marzo y "se impidió la libre entrada y salida de vehículos de empresas, centros logísticos y explotaciones suministradoras de materias primas, dificultando la recogida de mercancías indispensables para el funcionamiento de la cadena alimentaria", señalan en un comunicado. El conflicto concluyó con la referida batería de ayudas públicas por más de 1.000 millones y la aprobación de la Ley contra el transporte de mercancías a pérdidas.
El sector de la alimentación y la restauración enfatizan que su actividad está ya "gravemente tensionada por el complejo escenario internacional" y destacan los daños que esta nueva acción de protesta puede ocasionar "especialmente a miles de pymes que ya atraviesan un momento delicadísimo".
Tambien ha salido al paso de la convocatoria de paros la patronal de la logística y transporte UNO. Su presidente, Francisco Aranda, cree que la movilización “pone en peligro la cadena de suministro en un momento estratégico del año para miles de empresas que ahora se juegan sus cuentas de resultados”. Este colectivo también exige garantías sobre la seguridad de quienes no quieran secundar el paro y recuerda que la mayoría de las peticiones que hacen los convocantes ya fueron aceptadas por el Ministerio de Transportes y están siendo incorporadas por el sector en los plazos pactados.
La acción promovida por la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte tampoco cuenta con el respaldo de la Asociación del Transporte Internacional por Carretera (ASTIC), donde se agrupan las mayores empresas de transporte internacional de mercancías y pasajeros. El colectivo recuerda los dos grandes hitos conseguidos desde final del año pasado para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y el marco de funcionamiento de las empresas: la Ley 13/2021 que protege al transportista de la morosidad y la Ley de Cadena del Transportes (14/2022) que obliga a la revisión del precio del transporte en función del precio del combustible, sin posible pacto en contrario.
Desde el punto de vista de Ramón Valdivia, vicepresidente ejecutivo de Astic, "España cuenta con una de las legislaciones de transporte más avanzadas de Europa, algo que no digo yo sino los juristas del sector".
Incumplimientos
La Plataforma convocante sostiene que dos meses después de entrar en vigor la Ley que prohíbe que los conductores hagan labores de descarga, ya se están empezando a dar casos de represalias hacia los transportistas que no aceptan la "coacción" para seguir descargando sus camiones.
Manuel Hernández, presidente de la asociación, ha señalado en rueda de prensa este lunes que la Administración debe "reaccionar rápido y afrontar lo que está por venir", y ha puesto el acento en que los autónomos que integran el sector no tienen capacidad en estos momentos para afrontar el incremento de costes, que son un 30% superiores. "Estamos pagando un 40% menos de salario a nuestros conductores, haciendo seguros que cubran lo mínimo imprescindible por no poder costear los importes que nos exigen", ha denunciado.
Para Hernández, los "pequeños desajustes" en el cumplimiento de las medidas acordadas con el Gobierno "son muertes laborales", y a este respecto ha cifrado entre 200 y 250 la cifra de empresas que se ven obligadas a cerrar cada mes.
La organización de transportistas de mercancías por carretera -en su mayoría, autónomos- ya organizó el pasado marzo un paro que se mantuvo durante 20 días y provocó problemas en las cadenas de suministro que afectaron a buena parte del territorio nacional.
"A punto de decidir" la prorroga a la bonificación al combustible
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha reconocido este lunes justo antes de conocerse la noticia del paro su "preocupación" ante otra posible huelga en el sector del transporte y ha apelado a la "responsabilidad" del colectivo para que no convoquen paros de nuevo. La ministra también ha asegurado que el Gobierno "ha cumplido todos los acuerdos alcanzados con el sector del transporte".
Preguntada por si se ha decidido ya prorrogar la bonificación de 20 céntimos al combustible más allá del 31 de diciembre, la ministra ha asegurado que el Gobierno está "a punto" de tomar esa decisión, que se conocerá "en unas semanas". "Lo anunciaremos en breve", ha señalado la ministra.
La titular de Transportes ha explicado que se tomarán aquellas medidas que se consideren más eficaces y, en este sentido, ha afirmado que el Gobierno es consciente de que el sector del transporte es el más afectado por el encarecimiento de los carburantes. Distintos colectivos, entre ellos la Confederación Española del Transporte de Mercancías (CETM), demandaron en octubre la prórroga de la bonificación del combustible hasta que se dé por concluida la crisis energética. De momento, la ayuda alcanza hasta el 31 de diciembre.
En todo caso, Raquel Sánchez ha destacado la "sensibilidad" del Gobierno a la hora de tomar medidas para alivizar el bolsillo de los ciudadanos, como los abonos gratuitos al transporte ferroviario, de los que ha dicho que ya se han alcanzado los dos millones.
La ministra del ramo ha recordado que el decreto del transporte que se pactó con el sector garantizaba que no se pudiera trabajar a pérdidas y ha insistido en que, si se producen situaciones en lo que esto no se cumple, existe un sistema de denuncia.
"Es absolutamente imprescindible que se denuncie para que la Inspección pueda realizar su trabajo e imponer sanciones que pueden llegar hasta los 4.000 euros", ha subrayado la titular de Transportes, que ha avanzado además que su Departamento está ultimando un plan de Inspección, que presentará "en las próximas semanas", donde se refuerzan los mecanismos de inspección.
Contundencia para preservar derechos
El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha asegurado este lunes que a nivel autonómico también hay contactos con las principales plataformas que trabajan en bienes básicos para propiciar que no haya "ningún tipo de distorsión" más allá de los problemas lógicos vinculados a una manifestación legítima.
No obstante, ha apostillado que se será "muy contundente" para preservar el derecho igualmente legítimo del resto de ciudadanos y de aquellos profesionales del transporte que decidan no ser partícipes de los paros.
