Salvador González, decano de la abogacía de Málaga: "Es imprescindible actualizar los baremos del turno de oficio"

Anfitrión del Congreso Jurídico de la Abogacía de Málaga, uno de los cónclaves de referencia en el sector, habla sobre la situación de la abogacía andaluza

Salvador González, decano de la Abogacía de Málaga
Salvador González, decano de la Abogacía de Málaga

En palabras del Código Civil, las normas deben interpretarse de acuerdo con “la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas”. El que nos ha tocado vivir está marcado por fenómenos que hace nada sonaban a chino, como los NFT, el metaverso o la posibilidad de que un algoritmo despida a un trabajador. Sobre este tipo de cuestiones se debate desde hoy y hasta mañana en Marbella, que acoge la décimo séptima edición del Congreso Jurídico de la Abogacía de Málaga. Con más de 900 asistentes de forma presencial, también cuenta con 1.200 inscritos de forma online. Cinco Días habla con el anfitrión del cónclave, Salvador González, decano del Colegio de la Abogacía de Málaga, antes de su inauguración.

Ya son 17 años los que llevan celebrando este congreso y en esta edición cobran peso temas relacionados con la tokenización de activos o los algoritmos. ¿Qué destrezas nuevas le está exigiendo el desarrollo tecnológico a los abogados?

Vivimos en un mundo donde la tecnología lo invade absolutamente todo: el ocio, las relaciones sociales, la formación… También la actividad profesional. El abogado que no se adapte a esa realidad tecnológica corre riesgo de quedarse atrás.

Para ser un buen abogado, ¿primero hay que tener un conocimiento general del ordenamiento jurídico y después buscar la especialización o es mejor especializarse primero?

Tener una buena base de conocimiento sobre derecho privado y derecho público resulta fundamental para cualquier abogado, como lo resultaría para cualquier médico tener un conocimiento amplio de medicina general, con independencia de que, tanto uno como otro, puedan terminar especializándose en determinada materia. Lo cierto es que en los últimos tiempos ha cambiado el perfil de abogado generalista por uno más especializado, como también está cambiando la forma de ejercicio tradicional con despacho individual por el de la agrupación, en sus diferentes formas jurídicas, lo que conduce de manera natural a que esa unión de intereses agrupe una especialización de materias para ofrecer al cliente un mejor servicio.

La institución que dirige ha cambiado recientemente su logo. La denominación empleada en el mismo es "Abogacía de Málaga". ¿Considera necesario abandonar el masculino genérico para que las denominaciones institucionales sean más inclusivas?

El colegio no ha cambiado su nombre, tan sólo ha actualizado el logo anterior y su nomenclatura de uso, sustituyendo “icamalaga” por “Abogacía de Málaga”, un término más claro, potente e inclusivo que representa al conjunto de abogados y abogadas en ejercicio y con el que la institución pretende adaptarse a los actuales tiempos y necesidades de un mundo cada día más digital.

Diferentes informes, como uno de Metroscopia para el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), indican que las abogadas, a pesar de que forman prácticamente la mitad de la profesión (el 44%), se concentran en los puestos con menos sueldo, prestigio y proyección. De hecho, un estudio realizado por este medio señala que las mujeres apenas representan el 20% de los socios de los grandes despachos del país. De la misma forma, muy pocas alcanzan los puestos de máxima responsabilidad en la abogacía institucional, pues aproximadamente solo un 20% llega a dirigir el decanato de los colegios de abogados de España, según datos del CGAE. ¿A qué cree que se debe esta situación?

Creo que el porcentaje de mujeres que asumirán las más altas responsabilidades en la abogacía irá aumentando progresivamente a lo largo de los próximos años. En mi opinión, el principal hándicap es el hecho de que la mujer sigue asumiendo mayores cargas en el ámbito familiar que el hombre, lo que le resta tiempo para ocupar esas responsabilidades. Solo se podrá revertir esa situación cuando haya un verdadero reparto de las cargas familiares y sociales entre hombre y mujer. En ello debemos implicarnos todos para acelerar este proceso.

¿Cree en la política de cuotas?

Incrementar de manera forzada las cuotas no es la mejor solución. Creo que debemos implementar medidas que aceleren esa justa y necesaria redistribución de cargas y sensibilizarnos con la necesidad de un cambio que estoy seguro se hará realidad más temprano que tarde.

¿Qué tipo de medidas?

Por ejemplo, los horarios en los despachos, la formación online... Todo esto permite que un miembro de la pareja y el otro puedan atender a sus responsabilidades familiares sin dejar de prestar atención a su formación y a su profesión. Desde el colegio estamos ofreciendo cada vez más formación online a nuestros colegiados y colegiadas, lo que sin duda ayuda.

Andalucía está a la cola de España en retribuciones a los abogados del turno de oficio, con algo más de cien euros de media por asunto tramitado, según datos del CGAE. ¿Cómo es esto posible?

La retribución de los abogados que se estableció en Andalucía hace 14 años hoy ha perdido su valor económico, debiendo resaltar que ya entonces no era, precisamente, una de las mejores retribuciones a nivel nacional. Es imprescindible que se actualicen los baremos para dignificar un servicio esencial que se presta a costa de los propios abogados, con sus instalaciones y medios tecnológicos, para que el ciudadano más vulnerable pueda acudir a la justicia. Un servicio público imprescindible para la ciudadanía y para un Estado Social de Derecho no puede prestarse a costa del profesional que ofrece esos servicios sin la necesaria actualización anual de sus retribuciones. Desde la abogacía malagueña y andaluza venimos reclamando reiteradamente, y con toda vehemencia, a la administración autonómica esa actualización que hoy es un clamor de los abogados y de la sociedad.

¿Usted se habría negado, como su antecesor, Francisco Javier Lara, a enviar a algunos abogados del turno de oficio a asistir de forma presencial a detenidos, en los calabozos de la Ciudad de la Justicia de Málaga, en el momento más peligroso de la pandemia?

Por respeto al procedimiento judicial que se sigue en la actualidad y para no interferir en la defensa del decano emérito de nuestro colegio, entiendo que no debo responder a esa pregunta, ni entrar en los hechos objeto del procedimiento judicial. Ahora bien, debo recordar que durante el estado de alarma los abogados de este colegio no dejaron de realizar su labor, prestando la abogacía de oficio durante el primer estado de alarma, en los meses de marzo, abril y mayo de 2020, un total de 1.684 servicios de guardia y 3.368 asistencias en juzgados y comisarías.

¿Está de acuerdo con la decisión del Juzgado de lo Penal 15 de Málaga de juzgarlo por un delito de desobediencia a la autoridad judicial?

Desconozco los pormenores del procedimiento judicial, pero la abogacía malagueña en junta general del pasado año 2021, a propuesta de nuestra junta de gobierno, expresó su firme apoyo al decano emérito por su enjuiciamiento, indicando que, necesariamente, debía tenerse en cuenta que su actuación en plena pandemia fue bienintencionada y en defensa de la salud de los abogados de oficio, atendida la precariedad de medios preventivos existentes en aquel momento. De igual forma, manifestó su plena confianza en la justicia y en un pronto archivo de la causa. Como no puede ser de otra forma, hago mías estas manifestaciones.

Según datos del CGAE, en Málaga hay cerca de seis mil abogados. ¿Podría hacer una radiografía de las principales áreas de práctica jurídica de la ciudad y de los tipos de despachos que conviven?

Málaga es una ciudad muy dinámica y con una gran actividad económica, lo que genera trabajo en múltiples áreas del derecho privado y público. Actualmente, conviven los tradicionales despachos de abogados generalistas junto a grandes firmas locales, nacionales e internacionales, que ofrecen un servicio integral a sus clientes. Junto a estos modelos, cada vez son más los despachos que se conforman en sociedades profesionales con un tamaño mediano capaz de dar respuesta a la demanda de nuestra sociedad. La tendencia natural de los últimos años ha sido la de buscar una agrupación, en cualquiera de sus formas jurídicas, persiguiendo ofertar una gama más amplia de servicios, basada en la especialización de los integrantes de esos despachos.

¿Hay actividad económica suficiente para retener el talento joven?

Estoy convencido, no sólo de que hay actividad económica suficiente, sino de que esta va a aumentar en los siguientes años. Y, como muestra, la implantación del centro de ciberseguridad para Europa de Google y del centro de investigación y desarrollo tecnológico de Vodafone en el parque tecnológico de Málaga, destinado, este último, a convertirse en foco de innovación y referencia en toda Europa. Las posibilidades de esta ciudad y su provincia son muy importantes. Así lo están entendiendo muchas firmas foráneas que están implantándose aquí.

Algunos despachos suelen invitar a los letrados a salir de la sociatura a partir de los 55 años, lo que empuja a algunos a crear sus firmas propias. ¿Los bufetes están desperdiciando el talento senior?

Esas edades se están actualizando, por lo que creo que sería más preciso hablar del entorno de los 60 años, edad en la que el profesional tiene una plena madurez y puede seguir aportando mucho valor a la sociedad. Desde nuestra oficina de desarrollo profesional estamos apoyando tanto al abogado de reciente incorporación como al senior para ayudarles y acompañarlos en todas las etapas de su vida profesional, con especial atención a aquellos momentos en que deciden reorientar su carrera profesional. Todos necesitamos de ayuda para elaborar planes de marketing, estrategia o búsqueda de negocio, presencia en redes, uso de herramientas tecnológicas, etcétera. Lo primordial para el colegio es que ninguno se quede atrás.

Este verano ha saltado la polémica por la presunta opacidad en la gestión y las cuentas del CGAE: funcionamiento de comisiones y subcomisiones, dietas y viajes. ¿Confía en la institución?

La confianza es plena. Tengo que destacar que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, único organismo oficial con capacidad para evaluar el cumplimiento de la ley en estos aspectos, ha considerado, por lo que se refiere a la información económica que proporciona el Consejo General de la Abogacía, a través de su portal de transparencia, que el nivel de cumplimiento supera el 96%. El funcionamiento de comisiones, subcomisiones, dietas y viajes está establecido hace mucho tiempo y cuenta con el respaldo de todos los que han pasado por la institución. Puedo decirle que la contención del gasto es un principio que está siempre presente en la institución.

Respalda, por tanto, a la presidenta del CGAE, Victoria Ortega.

Sin ambages. Ha liderado el CGAE a lo largo de estos años con criterios de eficacia y eficiencia, incrementando la actividad, la formación y los servicios que ofrece el consejo, logrando de esa manera acercar la institución al colegiado de a pie y elevando el prestigio de ésta ante la sociedad.

Estamos a mitad de su mandato. ¿Cuáles son los desafíos principales a los que se enfrenta la abogacía de Málaga en particular y la de Andalucía en general?

Los desafíos son muchos y variados, algunos tradicionales y otros impuestos por las nuevas realidades de la profesión y la tecnología. A alguno de ellos nos hemos referido al abordar las anteriores preguntas, pero quisiera destacar aquí la necesidad de reivindicar un acceso directo a las administraciones, hoy cerradas a los profesionales, a los que se obliga a pedir cita previa, así como el acceso a los juzgados y tribunales, que a fecha de hoy no han vuelto a la situación anterior a la pandemia y mantienen medidas restrictivas. Esto nos lleva a reivindicar también la consulta telemática de los expedientes judiciales, que hoy es posible en la mayoría del territorio nacional y no en Andalucía.

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