La justicia europea debe dar seguridad jurídica a las fusiones de telecos

La petición de la abogada general del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para que este anule una sentencia del Tribunal General de la UE que en 2020 tumbó el veto impuesto por Bruselas a la fusión de 02, filial británica de Telefónica, y Hutchison, ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre la política de competencia de la CE en el sector de las telecomunicaciones. Aunque la fallida operación de O2 y Hutchison es hoy ya papel mojado, las conclusiones de la abogada general –que no solo reclama que se anule el fallo, sino que el propio Tribunal General vuelva a examinar el asunto– puede tener importantes repercusiones para el mercado europeo de telecos, y condicionar la suerte de operaciones actualmente en marcha, como la fusión de Orange y MásMóvil.

La sentencia de 2020 del Tribunal General de la UE pareció abrir la puerta a una posible revisión de la férrea regulación del mercado que ejerce la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, cuya interpretación de la normativa antitrust comunitaria es sustancialmente más restrictiva que la aplicada por su predecesor, Joaquín Almunia. Las conclusiones de la abogada general del TJUE, que este tribunal suele seguir, respaldan la legalidad del veto impuesto por Bruselas, aunque no por razones de fondo, sino por criterios de técnica jurídica, especialmente en lo que se refiere a las pruebas que la CE debe presentar para oponerse a una fusión por razones de competencia. Si el TJUE, que deberá pronunciarse sobre el asunto el próximo enero, insta a que se revise el caso bajo los parámetros que sostiene su abogada general, las posibilidades de que la jurisprudencia europea consolide los severos criterios mantenidos por la CE son considerables.

La necesidad de una política de competencia firme y eficiente en la UE, capaz de preservar el libre mercado y de proteger los intereses de los consumidores, es indiscutible, especialmente en una economía globalizada en la que operan gigantes empresariales. Pero esa potestad de vigilancia y control no debe obstaculizar el legítimo derecho de las empresas a buscar acuerdos de consolidación que les permitan ganar tamaño con el fin de competir en un mercado en el que ya no existen fronteras. En su afán por proteger la libre competencia, Europa parece haber decidido ignorar que el mercado de las telecomunicaciones ha crecido y se ha globalizado a una velocidad vertiginosa, y que en ese nuevo escenario de fuerte rivalidad la posibilidad de crear grandes jugadores europeos constituye una ventaja para la economía de la UE y también para sus ciudadanos. En ese contexto, la decisión del TJUE debe ser no solo justa, sino también rápida, para reducir cuanto antes la inseguridad jurídica y la incertidumbre.