Una normativa clara y coordinada para el sector de los VTC en España

El denominado decreto Ábalos, que el Gobierno aprobó en 2018 para aplacar la guerra desatada entre el colectivo del taxi y los vehículos de alquiler con conductor (VTC), sentó las bases de una calma frágil, precaria y temporal. El real decreto ley optó por trasladar a las comunidades autónomas y los ayuntamientos la competencia para regular las licencias VTC, después de establecer una moratoria de cuatro años para compensar a este colectivo por las restricciones impuestas en su actividad. El final de la moratoria el pasado 30 de septiembre ha dejado a los VTC frente a un panorama heterogéneo que incluye regulaciones muy restrictivas, como la de Cataluña, y otras muy favorables, como es el caso de la de Madrid, mientras en algunas comunidades autónomas se ha optado por no abordar ninguna regulación.

Pese a las dificultades que entraña para la actividad económica la ausencia de una legislación homogénea, las tres principales compañías del sector –Uber, Cabify y Bolt– se muestran decididas a continuar en España y a mantener su presencia incluso en las comunidades legislativamente más hostiles, como Cataluña. La propia Autoridad Catalana de la Competencia ha declarado que la normativa de los VTC en la comunidad, aprobada el pasado julio, impone requerimientos contrarios a la libre competencia. También el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha abierto su propio frente, al elevar ante el Tribunal de Justicia de la UE dos cuestiones prejudiciales sobre la adecuación o no de la regulación, en este caso de Barcelona, a la legislación europea. Desde el sector de los VTC, que ha pedido al Gobierno una prórroga del decreto Ábalos con el argumento de que la pandemia no permitió aprovechar la moratoria, se advierte de una potencial lluvia de demandas contra el Estado por parte de los tenedores de licencias.

Buena parte de la inseguridad jurídica y fragmentación regulatoria que ha propiciado el final del decreto Ábalos tiene que ver con la decisión de afrontar esta cuestión como una materia de transporte, propia de comunidades y ayuntamientos, en lugar de como un problema de competencia y de garantía de libre prestación de servicios en un nuevo modelo de actividad. Aunque la decisión del Tribunal de Justicia de la UE sobre la normativa de Barcelona ayudará a definir las líneas rojas en torno a los VTC, y puede servir de excelente guía para regular el sector en otras comunidades autónomas, no corregirá por sí sola la fragmentación del mercado y la judicialización del sector que supone la coexistencia de normativas autonómicas y municipales dispares y no coordinadas, un problema que es urgente resolver.