La oportunidad del alza salarial variable de los empleados públicos

La subida acordada en el proyecto de Presupuestos introduce un mecanismo que se usa con menos frecuencia de lo debido en la negociación colectiva

La propuesta de Presupuestos Generales del Estado para 2023 acordada por el Gobierno trae consigo la necesaria revisión salarial para empleados públicos que, como el conjunto de personas trabajadoras, han visto mermado de forma importante su poder adquisitivo por la tensión inflacionaria que nos persigue este año.

Esta tensión se produce fundamentalmente a raíz de la lentitud en la toma de decisiones en materia de fijación de precios de la energía. El galopante crecimiento de precios ha dejado de ser un problema a corto plazo y del IPC general para pasar a serlo en el medio plazo por el factor de arrastre lógico a la capa subyacente, aunque lo hayamos moderado tímidamente. Si ya en la crisis de los años 70 del siglo pasado se ideó esta separación de cálculo del incremento de precios para acotar las oscilaciones y orientar las decisiones en corto, la duda que debe surgirnos es por qué no se tomaron con más celeridad a inicio de este año las medidas que los últimos días hemos conocido del Consejo de Europa, cuando eran desde todo punto de vista irremediables. Decidir a tiempo es empezar el partido con el marcador a favor.

En un contexto de pérdida de poder adquisitivo excepcional como el que nos acucia, es incuestionable la necesidad de resolver la tenaza que ello provoca a las economías domésticas. Y ello se ha reflejado en el acuerdo de incrementos, que afectará a más de 2,7 millones personas empleadas en el ámbito público, cerca del 14% de los ocupados en nuestro país –513.000 en el sector público estatal, 1.611.000 en las comunidades autónomas y 592.000 en las entidades locales–. Y los Presupuestos eran el instrumento para hacerlo, no solo por su lógica de norma que ordena la política económica y el gasto e inversión pública, sino por los consensos que una medida de este calado debía tener en un Gobierno de coalición.

El incremento salarial que se plantea se alinea con los que vienen recogiendo los convenios colectivos del ámbito privado que han podido cerrarse: moderación inicial y revisiones decrecientes para siguientes ejercicios. La compleja situación exige este esquema, si bien se introducen en algunos acuerdos de revisión cláusulas de garantía salarial para el caso de que no se modere el IPC, y por tanto, una cierta salvaguarda. Sin embargo, en esta ocasión, Gobierno y sindicatos han recuperado algunos elementos que no siempre se consideran en las revisiones salariales; el incremento variable. Esta cuestión es de especial trascendencia e interés y deberíamos aprender de ello. Y aunque no es ajeno a la negociación colectiva del sector público, porque estuvieron presentes en los acuerdos de revisión salarial de 2018 y 2020, son menos frecuentes de lo que deberían en el conjunto de la negociación colectiva de nuestro país.

El acuerdo al que se ha llegado cifra el incremento total real en el 9,8% por la consolidación de los incrementos en cada ejercicio del periodo 2022-2024. Para 2022, se fija un incremento total del 3,5%, aumentado el inicial del 2% que ya se percibe en el 1,5% en forma de gratificación única. Para 2023, un incremento garantizado del 2,5% y para 2024, uno del 2%. Y como apuntaba, se recupera ese mecanismo de ajuste que hace que a los porcentajes de incremento del ejercicio 2023 y 2024, se les añada un incremento variable del 1% y 0,5% respectivamente –pasando al 3,5% y 2,5%– si se producen determinados aumentos en dos indicadores: la variación del IPC armonizado y el cumplimiento del PIB nominal estimado del cuadro macroeconómico que acompaña a los Presupuestos (+2,2% para 2023). En esta ocasión, no se introduce la variable del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria que sí aparecían en otros acuerdos. A pesar de ello, debe aplaudirse la fórmula y avanzarse más en ella de cara a futuro.

Parece muy probable que las dos variables que se han acordado se cumplan y que la revisión incluya fijo y variable. Si el crecimiento del PIB no se cumple estaremos en situación muy complicada. Es difícil que la suma que se fija como indicador del IPC armonizado del ejercicio 2022 y el avanzado de septiembre no supere el 6%. Pero incluso la probabilidad de que sea así no empaña que estamos ante un modelo en la revisión de salarios que debe potenciarse a futuro. Y no solo en el ámbito público, sino también en el privado. Cuestión distinta será las más y mejores variables, y por supuesto, los porcentajes adecuados a cada situación. Lo que importa es el concepto y el modelo.

La competitividad de nuestras empresas dependerá de que los costes salariales se indexen a cestas de indicadores variables que conlleven el crecimiento del salario al mismo tiempo que suman a la fortaleza empresarial, a su viabilidad, a que sucedan cosas que las hagan resistir los retos de futuro. A que se siga una lógica de mejor redistribución de riqueza, pero también de los esfuerzos. De esto trata el capitalismo cuando quiere ser más inclusivo o consciente, en el que se recuperan derechos y poder adquisitivo, pero también productividad y resultado.

Quedará pendiente, como la gran asignatura que algún día deberemos afrontar y en profundidad, la mejora de la organización de las Administraciones Públicas y la eficiencia que ello conllevaría aparejada. Porque, además, se trata de una cuestión que la mayoría de las personas que trabajan en ellas, o bien que la dirigen, comparten tanto como la necesaria mejora de los salarios.

Josep Ginesta es Profesor de OBS Business School y Secretario General de PIMEC