Una ley de ‘startups’ para no perder ninguna oportunidad
No se deben imponer límites en la facturación para acceder a los beneficios de la norma y debe tener en cuenta nuevas figuras de la industria financiera
La inminente aprobación de la denominada Ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes, más conocida como ley de startups, debería suponer un empujón en el objetivo de convertir a España en referencia para el ecosistema fintech a nivel europeo y avanzar en el viejo anhelo de convertirnos en un verdadero hub de empresas innovadoras con base tecnológica, dentro de un plan más ambicioso y atraer inversión y talento para el futuro.
Sin duda, nuestro país ya cuenta con otras condiciones que facilitan de manera innata la atracción de talento y la inversión, como la iniciativa España Nación Emprendedora del Alto Comisionado del Gobierno de España, pero falta un impulso regulatorio para activar la palanca de la inversión, fundamental para que el país termine de despegar como referencia a nivel global en la nueva economía digital.
Las startups, sobre todo en el ámbito de la industria financiera, pueden tardar hasta 18 meses en obtener una licencia o autorización para operar, lo que expulsa de este mercado a muchas personas con alta cualificación y experiencia, con grandes ideas para generar nuevos modelos de negocio que aportan elevado valor añadido y que son capaces de crear puestos de trabajo cualificados. Sin embargo, la carga regulatoria supone una barrera para muchos proyectos, porque es necesario destinar recursos económicos y humanos para hacer frente a la norma.
Con la puesta en marcha de este proyecto de ley, cuya tramitación podría terminar en las próximas semanas, el Gobierno adapta el marco aplicable a las especificidades de las startups, con el fin de apoyarlas en las primeras etapas y a lo largo de su ciclo de vida, algo muy necesario cuando la vida de la empresa cambia hacia modelos escalables y necesita más empleados para crecer. Por eso es tan importante que sea ambiciosa a la hora de impulsar la creación y el crecimiento de las empresas emergentes innovadoras de base digital y alto crecimiento, respondiendo a la singularidad de este tipo de empresas y a las principales demandas del sector. Como ejemplo, no se deben imponer límites en la facturación para acceder a los beneficios de la ley y se deben tener en cuenta nuevas figuras de la industria financiera como facilitadores de productos o servicios financieros y de seguros.
Lo cierto es que el mundo startups está todavía en construcción, con unos modelos de negocio en desarrollo que en ocasiones se han encontrado con excesivas trabas, que dificultan emprender negocios de corte digital, por una falta de incentivos fiscales robustos y largoplacistas que acaban frenando la inversión en este sector, que históricamente se ha mantenido por debajo de lo que sería proporcional al tamaño de la economía española. En definitiva, cuenta con unas particularidades muy específicas que requieren de una ley con un enfoque holístico y de carácter atemporal, que siente las bases del tablero de juego en el que se moverán las startups en las próximas décadas, con un entorno favorable para su desarrollo, y que apueste por criterios de proporcionalidad. La ley de startups tiene que ser una pieza clave para mejorar la competitividad de los servicios financieros a través de la aplicación de criterios de proporcionalidad en los diferentes marcos regulatorios del sector financiero. Por ejemplo, mediante el establecimiento de criterios de propiedad y honorabilidad de los gestores de empresas supervisadas, que sean proporcionales al riesgo de la actividad prestada.
Para muchos de los modelos de negocio en este tipo de empresas resulta fundamental que se incorporen mecanismos para la coinversión público-privada, como ya ha hizo el Reino Unido con el Future Fund, lo que permitiría escalar la inversión. Ya vimos lo que ocurrió durante la pandemia, cuando las compañías fintech se encontraron en clara desventaja frente a las tradicionales por las dificultades para encontrar líneas de financiación adicional, al ser catalogadas como entidades financieras y, por ende, ser excluidas de muchas ayudas.
El objetivo tiene que ser fomentar diferentes modelos disruptivos para ofrecer a los inversores soluciones que se adapten mejor a su perfil e intereses. Un buen ejemplo es el de las denominadas plataformas de financiación participativa (PFP), que requieren de soluciones regulatorias que favorezcan la inversión en este tipo de compañías y que ofrecen soluciones a cada tipo de inversor, acorde a su perfil e intereses. Además, conviene incluir mecanismos para agrupar inversores y vehiculizar la inversión en este tipo de modelos de negocio como las propias PFP, que deban tener también su reflejo en la normativa fiscal sobre deducciones para las aportaciones a empresas de nueva o reciente creación.
Sin duda, se trata de reducir trabas y también de favorecer la financiación, uno de los grandes caballos de batalla de este tipo de compañías, al carecer del track record que demandan los bancos. Los fondos europeos de digitalización y de reconversión venían para ayudar precisamente a muchas de estas compañías en su proceso de crecimiento, pero no están llegando en tiempo y forma, por lo que conviene no perder más tiempo.
Habrá que confiar en el trabajo realizado en los últimos meses, que permita incorporar algunas de las enmiendas en discusión para mejorar una ley que tiene que facilitar que se opere en un entorno lo más ágil posible, con una fiscalidad adecuada y la máxima simplicidad para lograr el acceso a canales de inversión en startups. En definitiva, para hacer que España tenga la oportunidad de convertirse en un país aspirante a liderar el futuro de la economía digital.
Arturo González Mac Dowell es Presidente de AEFI