La UE sale al rescate de la libertad de prensa
Bruselas aprueba un reglamento para la independencia y la transparencia de la propiedad de los medios
La Comisión Europea presentó hace una semana la Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación, que busca proteger la independencia editorial y dar a conocer la propiedad de los medios. Para ello, el contenido de esta norma trata de poner coto a los conflictos de intereses de los empresarios de otros sectores que compran medios de comunicación, a la tentación de las grandes plataformas tecnológicas de abusar de los medios, a la intromisión de los Gobiernos en los medios para condicionar la línea editorial y a la incursión de países de fuera de la UE en los medios comunitarios con el ánimo de desestabilizar y desinformar (Rusia).
El reglamento aprobado por la Comisión será debatido en el Parlamento Europeo y en los Estados miembros de la UE, y tras su aprobación se convertirá automáticamente en norma de obligada aplicación para todos estos países. La norma va acompañada de una parte que son recomendaciones, ya que la Comisión quiere dejar margen a la autorregulación de los propios medios. “En los últimos años, hemos observado diversas formas de presión sobre los medios de comunicación. Ha llegado el momento de actuar”, señala Vera Jourová, vicepresidenta de la Comisión Europea en Valores y Transparencia. La normativa trae las siguientes novedades:
-Transparencia de la propiedad. La norma obliga a “las empresas que ofrecen contenidos informativos y de actualidad”, a los medios de comunicación, a hacer público el accionariado de estas compañías de forma periódica. Actualmente, las empresas del sector que cotizan en Bolsa (Prisa, Vocento, Atresmedia y Mediaset) tienen obligación de comunicar los accionistas con más de un 5% y la participación de los consejeros. Sin embargo, se desconoce cuál es el accionariado de la mayor parte de los medios nativos digitales.
-Conflicto de interés. Con el fin de garantizar la independencia en las decisiones editoriales, la nueva ley establece la obligatoriedad de comunicar “los conflictos de interés reales o potenciales” que se puedan producir entre los propietarios del medio y su línea editorial. En Italia, por ejemplo, son muy claros los casos de las familias Agnelli y Berlusconi. La primera es la principal accionista del grupo de automoción Stellantis (Fiat, Chrysler, Peugeot, Citroën, Opel, etc.), y recientemente ha adquirido los periódicos La Repubblica y La Stampa, y es el primer accionista de The Economist. Silvio Berlusconi es accionista mayoritario de Mediaset, que cuenta con canales de televisión por media Europa, y es el promotor del partido político Forza Italia.
-Medios públicos. La Comisión Europea también pone el foco en los medios controlados por los Estados, y señala que “su financiación deber ser adecuada y estable, para garantizar la independencia editorial”. Además, establece que los nombramientos del director y de los miembros del consejo de administración deberán hacerse de manera “transparente, abierta y no discriminatoria”. Todo ello con el objetivo de facilitar la pluralidad e imparcialidad que corresponde a “su misión de servicio público”. Los partidos políticos españoles deberían dar una lectura reposada a esta normativa y contrastarla con su actuación en RTVE, EFE y las televisiones autonómicas.
-Publicidad estatal. La nueva Ley es muy clara, exigiendo que la asignación de la publicidad tiene que ser “transparente, objetiva, proporcionada y no discriminatoria”. La Comisión señala que “las autoridades públicas y las empresas estatales” tendrán que publicar anualmente los gastos publicitarios, con la identidad y el importe concreto desembolsado anualmente. En España se está publicando información muy parcial.
-Medidores de audiencia. La Comisión se compromete a que la nueva normativa “aumentará la transparencia y objetividad de los sistemas de medición de la audiencia, que repercuten en los precios de la publicidad, especialmente en internet”. Para ello, este reglamento exige a las empresas de medición que faciliten a los medios y a las agencias de publicidad el detalle del método que utilizan. Esto es especialmente relevante, ya que hay una enorme desconfianza en toda la industria (anunciantes, agencias y medios de comunicación) hacia los datos que antes daba Comscore y ahora provee GFK.
-Prohibido espiar a periodistas. Queda prohibido “el uso de programas espía contra los medios de comunicación, los periodistas y sus familias”. Establece como excepciones, que deben ser debidamente justificadas, investigaciones por motivos de seguridad nacional o delitos graves, como terrorismo, pornografía infantil o asesinato. Además, el periodista que se sienta investigado por su Gobierno puede solicitar la tutela judicial efectiva ante un órgano jurisdiccional independiente del Estado miembro, que deberá designar una autoridad que reúna esas condiciones para tramitar las reclamaciones de espionaje a periodistas. Esta norma se produce poco después de que se haya conocido que el software Pegasus, desarrollado en Israel y utilizado por los servicios de inteligencia de diferentes países, haya espiado a políticos y periodistas.
-Protección del contenido en internet. Las grandes plataformas (más de 45 millones de usuarios en la UE) no podrán retirar “contenidos producidos de conformidad con los estándares profesionales” por los medios de comunicación. Antes de hacer efectiva la suspensión del contenido tendrán que informar a los medios de las razones para tomar esa medida.
-Consejo Europeo de Servicios de Medios de Comunicación. La Comisión propone la creación de este nuevo órgano europeo, que sustituye al Grupo de entidades Reguladoras Europeas para los Servicios de Comunicación Audiovisual (ERGA). Este consejo estará integrado por autoridades nacionales responsables de los medios de comunicación. Sus funciones serán promover la aplicación efectiva de esta normativa, asesorar a la CE y emitir “directrices sobre cuestiones de regulación” de los medios y “dictámenes sobre medidas y decisiones nacionales” que afecten al sector. Vigilará expresamente los procesos de concentración de los medios de comunicación.
Este consejo será el encargado de “coordinar las medidas reglamentarias nacionales relativas a los medios de comunicación de países terceros que supongan riesgo para la seguridad pública” y la “lucha contra la desinformación”. A este consejo le hubiera correspondido prohibir las emisiones de Rusia TV o Sputnik, que fueron cerradas por la CE a primeros de marzo, pocos días después de la invasión de Ucrania.
Este Consejo también aspira a ser un mediador entre las grandes plataformas tecnológicas globales, fundamentalmente de EE UU, y los medios de comunicación para fomentar las buenas prácticas y evitar la desinformación.
“La UE es el mayor mercado único democrático del mundo. Las empresas de medios de comunicación desempeñan un papel fundamental, pero sufren una disminución de sus ingresos, amenazas a la libertad y al pluralismo”, ha dicho Thierry Breton, comisario de Mercado Interior. Poco que añadir.
Aurelio Medel es doctor en Ciencias de la Información y profesor de la Universidad Complutense