Impuestos, economía, corresponsabilidad fiscal y elecciones

La competencia mejora la economía, pero hay respetar las posibles insuficiencias de ingresos

La decisión del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, de eliminar el impuesto sobre el patrimonio y deflactar parcialmente la tarifa del IRPF, siguiendo los pasos de la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP, ha abierto la caja política de los truenos y nadie es alguien si no tiene opinión sobre bajadas y subidas de los impuestos. La confrontación dialéctica desatada ahora entre Gobierno y oposición no es sino la batalla que subyace entre dos concepciones bien diferentes de la política económica, que ha empezado a impregnar la sensibilidad de los electores en los últimos lustros y que se intensificará en los próximos meses por el calendario electoral que culmina a finales de 2023. No está mal, en todo caso, que una porción notable del debate político se centre en los impuestos y su destino, pues a fin de cuentas todo elector es contribuyente y perceptor de servicios públicos, independientemente de que sea con más intensidad una cosa que la otra. Mejor conocer de antemano las intenciones fiscales de cada opción política que desconocerla, pues están en juego buena parte de los recursos de la ciudadanía, aunque está en España demostrado que de la promesa al hecho va demasiado trecho. Mejor que el elector elija.

La izquierda defiende con carácter general el mantenimiento de los impuestos en el mejor de los casos, y si han de tocarse, que sea para incrementarlos y recaudar más y atender las crecientes necesidades de los administrados. La derecha, por contra, considera que la mejor manera de incrementar los ingresos públicos es bajar la presión fiscal individual aplicando impuestos bajos, puesto que movilizan la actividad económica (consumo, inversión) y financian los servicios públicos. En la historia hay constancia de ambos ensayos, aunque en España la consecuencia más explícita es un creciente nivel de gasto público solo financiado con recurso a nuevos impuestos y a la deuda, que genera por pasiva un encarecimiento de la financiación vía tipos de interés.

Pero nunca con más vehemencia que ahora ha aflorado el debate, que va acompañado de una deriva recentralizadora por parte del Gobierno que va contra los privilegios fiscales de las regiones explicitados en sus estatutos y los modelos de financiación autonómica, y que puede abrir más la brecha entre las regiones con autonomía fiscal (País Vasco y Navarra) y las que no la tienen, y que la han reclamado (Cataluña). Las regiones tienen poca capacidad de maniobra fiscal, más allá de un tramo del IRPF y una panoplia de impuestos cedidos (pero de titularidad estatal) con poca capacidad recaudatoria. Tienen todo el derecho a utilizarla, porque la competencia mejora la economía, pero sin perder de vista que corresponsabilidad fiscal significa ser respetuosas con las posibles insuficiencias de ingresos.