La oportunidad de la presidencia del Consejo de la UE para España
El Gobierno debe marcar la agenda alineando las fortalezas del país –hubs tech, talento, conectividad– con los intereses tecnológicos y comunitarios
La Unión Europea ha ganado protagonismo, peso e importancia en los últimos años, primero fue la pandemia y ahora la guerra en el corazón de Europa. Pero su preponderancia no se circunscribe al ámbito sanitario, de seguridad o energético. Allá por 2019 tuvieron lugar las últimas elecciones al Parlamento Europeo y se configuró la nueva Comisión Europea. La trascendencia de estos organismos europeos junto con el Consejo de la UE es enorme en los Estados miembros, por ejemplo, en 2020 el 65% de las leyes aprobadas en España provienen de directrices y decisiones europeas.
Fue en 2019 cuando la Unión Europea estableció dos retos estratégicos: la sostenibilidad y la digitalización. Para ello, se ha asentado en un tsunami legislativo liderado por sus instituciones con el objetivo de adoptar un poder tecnológico europeo diferente al estilo estatal de China y al laissez faire estadounidense o británico.
Europa ha decidido tomar cartas en el asunto y ha puesto el foco en asentar un modo de vida en torno a la sostenibilidad y digitalización y durante los últimos tres años no ha dejado de publicar propuestas legislativas con este fin. En el ámbito digital, destaca la estrategia europea de datos que acompaña a propuestas como el reglamento sobre la gobernanza de los datos, el reglamento de datos (Data Act) o el reglamento sobre inteligencia artificial junto a medidas sobre un futuro cloud europeo cuyo objetivo compartido es sacar partido de los datos que generamos y hacer un uso inteligente. Además, el reglamento sobre mercados digitales y el reglamento sobre servicios digitales establecen un nuevo tablero de juego en el mundo digital global. También son relevantes propuestas como el reglamento del mercado de criptoactivos (MICA), el reglamento EIDAS 2 que regulará la identidad digital europea, la directiva sobre ciberseguridad NIS 2, la directiva para la mejora del trabajo en plataformas o el futuro reglamento sobre la libertad de los medios de comunicación.
El objetivo principal es generar confianza, partiendo de la premisa de que la confianza es la base para el uso de la tecnología, creando espacios seguros, transparentes y accesibles a la vez que impulsan la creación de empresas tecnológicas competitividad, empleabilidad y crecimiento económico. Por tanto, el objetivo es doble, o al menos debería serlo, confianza y competitividad.
Entre las prioridades de la UE para el período 2019-2024 destaca la promoción del modo de vida europeo con foco en los intereses y valores europeos en el mundo y la construcción de una Europa adaptada a la era digital que adopte la transformación digital invirtiendo en las empresas, la investigación y la innovación, reformando la protección de datos, capacitando a las personas con las capacidades necesarias para una nueva generación de tecnologías y diseñando normas que se ajusten a esa realidad.
España será la encargada de cerrar, de alguna manera, esta legislatura europea con su presidencia del Consejo de la UE el segundo semestre de 2023. Las elecciones europeas serán en mayo de 2024. Su presidencia no estará exenta de grandes retos ya que deberá cerrar aquellos expedientes clave que no hayan conseguido finalizar las presidencias de República Checa (segundo semestre de 2022) y Suecia (primer semestre de 2023).
Los principales retos de la Presidencia española serán la directiva para la mejora del trabajo en plataformas, un tema sobre el que España tiene experiencia debido a la norma conocida como Ley Rider y que irá más allá afectando a los trabajadores de todas las plataformas digitales. El Data Act y el reglamento de inteligencia artificial serán expedientes clave en todo lo referente al uso de los datos y de las nuevas tecnologías. De hecho, España ya ha empezado a prepararse en lo relativo al reglamento sobre inteligencia artificial con el lanzamiento del sandbox normativo español sobre inteligencia artificial con el objetivo de crear las condiciones para una implementación fluida de las futuras normas sobre IA y proporcionar experiencia práctica, así como generar directrices y materiales de buenas prácticas para el desarrollo de normas europeas armonizadas, entre otros.
Además, tendrá lugar la tramitación de piezas clave para la libertad de expresión y la desinformación con la propuesta de reglamento sobre la libertad de los medios de comunicación. También, previsiblemente, deberá hacer frente al debate incipiente sobre la relación entre los operadores de telecomunicaciones y los proveedores de plataformas y la creación de una nueva tasa a las plataformas para financiar infraestructuras de red.
España tendrá un papel preponderante para uno de los mandatos europeos más relevantes de su historia, cerrará el ciclo y dará paso a la preparación de las elecciones en mayo de 2024. Además, de estos retos regulatorios, la creación de un ecosistema innovador que genere espacios de creación de startups y scaleups que puedan convertirse en grandes unicornios europeos que compitan con los americanos y chinos será otro de los retos principales cuyos trabajos ha liderado hasta ahora Francia. También trabajarán en el impulso de la soberanía tecnológica bajo el prisma de un mercado abierto.
Para todo ello, será más necesario que nunca apostar por la colaboración público-privada y contar con el entorno empresarial para trabajar las propuestas que contribuyan a los objetivos de la Unión Europea en este mandato. Además, España debe marcar la agenda alineando sus fortalezas –hubs tech, talento, conectividad– con los intereses tecnológicos y la agenda europea.
María González Jover es Manager de políticas públicas y regulación de Adigital