Refriega energética sobre la espalda de los ciudadanos y las empresas

Nada impide mejorar el plan en torno a una mesa de diálogo política constructiva, pero no va a ser el caso

El Consejo de Ministros aprobó el primer lunes de agosto un plan de medidas para el ahorro energético comprometido con Bruselas. Adelantado el viernes anterior por el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, el decreto ley se ha convertido en fuente de rifirrafe político que, lejos de finalizar este lunes con la reunión entre el Gobierno, los consejeros autonómicos del ramo y la Federación Española de Municipios y Provincias, para “alinear” actuaciones y aclarar dudas –como pretendía la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera– se ha exacerbado. Mientras al finalizar la reunión, Ribera aseguraba que ni se va a cambiar ni se va a aplazar el plan, los responsables del PP exigían su “retirada inmediata” y, como viene siendo habitual, la Comunidad de Madrid enarboló la bandera del rechazo a las medidas del Gobierno –“Madrid no se apaga”– y anunció que las llevará ante el Tribunal Constitucional “por invasión de competencias”. ERC y el PNV, aliados parlamentarios de Sánchez, reclamaron flexibilidad y claridad en el articulado, más tiempo para aplicarlo y, como también viene siendo habitual, más fondos para poder cumplir. Nada nuevo bajo el sol.

Nadie en su sano juicio discutirá que, mientras se encadenan olas de calor, con una guerra en Europa, la amenaza rusa de cortar el gas y el consiguiente contexto de crisis energética, resulta indiscutible la obligación y urgencia de un plan de ahorro de energía que, si en lo inmediato ha de servir de cara al próximo invierno, debe ambicionar medidas eficaces a largo plazo. Otra cosa es la manera de diseñarlo e intentar llevarlo a cabo. El apagado de escaparates a las 22.00 horas –se entiende que hasta que amanezca–, y los límites de temperatura con graduación concreta del aire acondicionado o a la calefacción son la punta del iceberg de medidas polémicas, que en gran parte ignoran la casuística de negocios y empresas y la realidad geográfica del país y calientan la discusión. Pero nada impide mejorar el plan en torno a una mesa de diálogo constructiva, si se quiere poner el foco en mejorar la vida de los ciudadanos, apoyar a las empresas y a la vez combatir el cambio climático. No va a ser el caso. Sánchez ha pedido “unidad y responsabilidad” al PP “para cumplir con los acuerdos de Bruselas y con el compromiso de solidaridad con el resto de países europeos”, pero mantiene intacto su plan.

Lo peor del caso es que no sorprende. En lugar de disputar en buena lid, pero con el bien común de fondo, la clase política ha optado por practicar la refriega sobre las espaldas de los ciudadanos y las empresas. Cuando así ocurre, algo se está haciendo mal y lleva a una perplejidad que desemboca en el descreimiento.