Santander avisa de que los 3.000 millones del impuesto a la banca equivalen a 50.000 millones en créditos

El consejero delegado del banco, José Antonio Álvarez, valora que los principales afectados por el impuesto son los accionistas, pero también "la economía en general"

El consejero delegado de Santander, José Antonio Álvarez.
El consejero delegado de Santander, José Antonio Álvarez.

El consejero delegado de Santander, José Antonio Álvarez, ha valorado que el impuesto temporal a la banca que el Gobierno impondrá para los ejercicios 2023 y 2024 afectará a los accionistas minoritarios de los bancos, pero también a la economía en general. Y es que, según las estimaciones del ejecutivo, los 3.000 millones que prevé recaudar el Ejecutivo entre los dos años equivalen a 50.000 millones en créditos.

"No me parece lo más oportuno. Si el impuesto recauda 3.000 millones, en volumen de crédito equivale a 50.000 millones. Es evidente que los primeros que pueden sufrir un impacto son los accionistas, pero también la economía en general. Se trata de un sector crítico para el buen funcionamiento de la economía y tendrá su efecto", valoró.

En la misma línea que los ejecutivos bancarios que se han venido pronunciando en los últimos días sobre el nuevo gravamen, Álvarez ha recordado "la alta carga impositiva" a la que están sometidas las entidades, con un tipo impositivo de Sociedades del 30% (frente al 25% del conjunto de la economía), el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) o las contribuciones al Fondo de Garantía de Depósitos y al Fondo de Resolución Europeo.

También ha señalado que la rentabilidad media del sector apenas cubre la mitad del coste del capital. "El ROE del sector está en el 6%, que algo más de la mitad del coste del capital. Es decir, si se duplican los resultados se estaría en línea con el coste del capital. No sé dónde están los beneficios extraordinarios, a no ser que pensemos que el sector vaya a multiplicar los resultados por tres o por cuatro, cosa que no creo demasiado probable", apostilló.

Además, el directivo ha advertido de que, en general, los cambios no previstos en el entorno normativo elevan el coste de capital, lo que termina afectando "a la riqueza en general y al nivel de empleo".

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