Las VTC valoran acciones legales si las CC AA no regulan el sector antes de octubre

Urgen a Bruselas a actuar para evitar que sus servicios urbanos desaparezcan en España, y tienen menos de cuatro meses para impedir que ocurra. Alertan de que si no se regula se perderán miles de empleo y más de 800 millones de inversión

Un vehículo VTC en la puerta de la sede de Cabify en Madrid. EP

Las empresas de VTC, que operan con plataformas de movilidad como Uber y Cabify, enviarán antes de que acabe la semana una carta a la Comisión Europea para informarles de la situación complicada que vive el sector en España y urgirles a que tomen cartas en el asunto “para evitar la pérdida de miles de empleos y la desaparición de un servicio urbano”, que según defienden, “demandan millones de españoles y ayuda a impulsar una movilidad sostenible”. La misiva la harán llegar a través de sus dos patronales, Unauto VTC y Aseval-Madrid.

Las compañías afectadas están preocupadas por la falta de regulación del sector a menos de cuatro meses de que finalice el periodo transitorio de cuatro años establecido por el Decreto Ábalos (Real Decreto Ley 13/2018), que prohíbe a las licencias de VTC realizar trayectos urbanos más allá del próximo 1 de octubre si la comunidad autónoma no regula antes su actividad urbana de modo expreso, como acaba de hacer Madrid.

“Vamos a pedir una reunión con la comisaria de Transporte, a la que solicitaremos su apoyo para instar a los gobiernos de España y autonómicos que se dote al sector de un marco normativo acorde a las recomendaciones de la Comisión, publicadas en el Diario oficial de la Unión Europea el pasado 4 de febrero, que apoyan el uso del taxi y VTC compartidos en todo el conjunto de la UE para impulsar una movilidad sostenible e inteligente”, explica José Manuel Berzal, presidente de Unauto VTC .

Unauto y Aseval subrayan las graves consecuencias que tendrá no regular el sector, pues en España hay actualmente 18.000 licencias VTC y el sector genera 62.000 empleos, 36.000 directos. “Además, se perdería una inversión de más de 800 millones de euros prevista para la electrificación del parque de vehículos VTC y la infraestructura necesaria”, añade, aunque no aclara en qué plazo está previsto llevar a cabo dicha inversión.

Apoyo de los sindicatos

Berzal cuenta que la preocupación de las empresas es compartida por los sindicatos CC OO, UGT y SLT, este último el mayoritario del sector. “En un comunicado reciente y conjunto, todos ellos han pedido a los gobiernos autonómicos que regulen el sector para evitar una destrucción masiva de empleo y dar a los usuarios la libertad de elegir entre diferentes servicios de movilidad según el momento”.

Aseval y Unauto planean adjuntar a la carta que enviarán a la CE un dossier para mostrar la importancia que tiene el sector de las VTC en España, "que ha logrado implantarse en el país no por una iniciativa empresarial si no porque es un servicio cada vez más demandado por los ciudadanos". "Además, no pretendemos que la regulación de las VTC vaya en contra de las demandas que reivindica el sector del taxi para que puedan mejorar la calidad de su servicio y tener una normativa más flexible", añaden.

La única Comunidad Autónoma que ha regulado hasta ahora el sector de las VTC para evitar el precipicio regulatorio de octubre es la de Madrid. Y a ello se ha opuesto parte de los taxistas madrileños, que el pasado miércoles cortaron algunas calles de la capital española para protestar contra la modificación de la Ley de Ordenación y Coordinación de Transportes que permitirá a las VTC seguir operando en trayectos urbanos.

En Andalucía, y según fuentes del sector, las empresas de VTC esperan que se reproduzca lo de Madrid si gana el PP las elecciones del próximo día 19. La situación, por contra, es más compleja en Baleares, Cataluña, Valencia, Galicia y Aragón, que han regulado un tiempo de espera obligatorio para recibir el servicio por parte de los usuarios pero no una autorización específica para realizar los servicios urbanos, salvo el área metropolitana de Barcelona.

Esta sacó una norma reglamentaria donde permitía este tipo de servicios, si bien reducía la flota autorizada para prestarlos a aquellas VTC que ya existían antes de la liberalización del sector en diciembre de 2009. Esta normativa está recurrida ante su Tribunal Superior de Justicia y en su recorrido ha llegado hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) con la presentación de una cuestión prejudicial sobre su compatibilidad con las normas europeas.

En el País Vasco la situación es la misma que en estas comunidades, pero su TSJ anuló el tiempo por el que se obliga al usuario a esperar para recibir el servicio precontratado, que aun se encuentra pendiente de resolución definitiva por el Tribunal Supremo. Canarias, por su parte,  no necesita regular expresamente esta situación que vive el sector porque asumió competencias plenas desde 1987, al igual que Baleares. “Y el resto de comunidades no tienen ningún proyecto normativo en marcha por lo que parece que no están por la labor de regular estos servicios a escasos cuatro meses de su prohibición”, añaden las mismas fuentes.

"Es una pena que un asunto de este tipo, que no debería estar politizado por el bien de la economía y del usuario, dependa del color político de los distintos gobiernos autonómicos, pero la situación desgraciadamente es esa", se lamenta Berzal.

Fuentes del sector de las VTC reconocen a este periódico que están trabajando en diferentes escenarios por si las comunidades autónomas no regulan el sector a tiempo. “No descartamos emprender acciones legales para intentar que el decreto Ábalos no entre en vigor. O si no que que se extienda el periodo transitorio”, dicen. Un argumento que podrían esgrimir es que el sector ha sufrido una pandemia de dos años y medio, que ha afectado gravemente a su negocio impidiéndoles recuperar su inversión. Hay que recordar que el Decreto Ábalos daban ese plazo a las VTC en concepto de indemnización.

El presidente de Unauto señala que la situación del sector es compleja, “pues mientras no consigamos las regulaciones autonómicas lograr financiación para las inversiones previstas es complicado; las entidades financieras no pueden apostar abiertamente por un sector que depende de un espacio temporal tras el cual no saben si se van a poder ofrecer un transporte urbano e interurbano o solo interurbano”. 

Berzal insiste en algo que las patronales del sector ya han defendido con anterioridad. Y es que España, dice, está entre los países que disponen de menos licencias VTC en comparación con los taxis. “El ratio es de 0,5 VTC por cada taxi en Madrid y 0,25 en Barcelona. Lejos de los de ciudades como Londres o Lisboa, donde son de 5,78 y 2,45, respectivamente. También en términos de oferta de servicios (taxis + VTC por cada 1.000 habitantes), Madrid y Barcelona disponen de menos de la mitad que ciudades como Nueva York o Londres”.