Cómo controlar la inflación: un regreso a la ortodoxia clásica

La historia muestra que un sector público redimensionado, unos impuestos moderados y el equilibrio presupuestario son fundamentales para la prosperidad económica

Los problemas económicos son parte de la vida porque afectan, como su origen etimológico indica (oikonomía), el manejo del hogar. La alineación de la actual administración estadounidense con el dogma ecológico, al desalentar la producción de los combustibles fósiles, ha resultado en el consiguiente aumento del precio de los carburantes con un fuerte impacto negativo en los presupuestos familiares y el poder de compra de los ciudadanos.

La inmediatez con la que el gobierno del presidente Biden pretende llevar a cabo esta transición solo ha conseguido que el país haya pasado de la independencia energética nacional a la dependencia energética internacional, agravada por la guerra ruso-ucraniana. El aumento de precio del carburante en el último año está afectando directamente el precio del transporte y de todos los bienes de consumo, y haciendo resurgir un problema de inflación, no conocido desde los tiempos del presidente Reagan.

Ante esta situación surge el debate ya clásico sobre las políticas que el gobierno debería aplicar para resolver el problema económico; aunque, la historia nos demuestra que generalmente los problemas se agravan cuando los políticos tratan de intervenir para resolverlos. Hay diferentes posiciones ante la crisis económica: la ideológica con vistas electorales, o aquella otra que aplica la experiencia histórica para corregir el problema en su complejidad. Milton Friedman decía que “uno de los grandes errores es juzgar las políticas y los programas por sus intenciones y no por sus resultados”.

A comienzos del pasado siglo, el presidente Harding asumió el poder en 1921 con la depresión económica en pleno apogeo. Su gobierno, salvo reducir impuestos y el gasto gubernamental, no fue más allá. Quizás políticas más agresivas hubieran evitado los locos años veinte cuya consecuencia directa fue el desplome de la bolsa de valores ocurrida el martes negro del 29 de octubre del 1929. El presidente Hoover tuvo la necesidad de intervenir ante la gravedad del momento, firmando en junio de 1930 el Tariff Act of 1930, que imponía una tasa impositiva efectiva del 60% sobre más de 3.200 productos importados a los Estados Unidos. No obstante, un número de reconocidos economistas miembros de la American Economic Association, e incluso el propio Henry Ford, intentaron convencerlo para que no apoyara tal legislación. El resultado fue que en los Estados Unidos se vivieron diez años de Gran Depresión por la reducción de las importaciones y exportaciones, un aumento histórico nunca visto de la tasa de desempleo en niveles superiores al 15% y la bancarrota de más de 9.000 bancos. La bolsa de valores no recuperó los niveles predepresión hasta después de la Segunda Guerra Mundial, en 1954.

A día de hoy, reducir el precio del combustible para ayudar a reducir la tasa de inflación es de gran complejidad si tenemos en cuenta el hecho de que hemos perdido la independencia energética. La inflación es el resultado del desequilibrio entre la escasez de la oferta y el exceso de la demanda, lo que finalmente pudiera acabar en el mercado negro.

En la época de Nixon, para enfrentarse con al problema de la inflación, el Gobierno intentó mantener el control de los precios, una medida que ni funcionó entonces ni funcionaría en la actualidad. En la actualidad, el gobierno norteamericano intenta subir impuestos para reducir la masa monetaria en circulación y hacer que las empresas paguen una tasa que se considere justa, según baremos del Gobierno. Sin embargo, los impuestos corporativos, que en los EEUU llegaron en 2021 a ser de los más altos de la historia, acaban siendo pagados indirectamente por los trabajadores y consumidores, no por las corporaciones. Los impuestos sobre la renta personal se ha demostrado que terminan siendo desviados desde el sector privado productivo hasta el Gobierno, que no produce nada. Esos recursos, en lugar de ser invertidos para fomentar el crecimiento económico, son usados para fomentar un Gobierno más grande.

El presidente Clinton intentó apostar por el gran Gobierno, sustentado por altos impuestos, que no funcionó y que provocó disputas políticas con el entonces presidente de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich, y dos cierres temporales del Gobierno. El resultado fue la aceptación por parte del presidente Clinton en 1997 del primero de cuatro presupuestos públicos equilibrados consecutivos desde la década de 1920. El superávit presupuestario durante esos años ayudó a un crecimiento económico tan significativo, que al presidente no le quedó más remedio que declarar, el 23 de enero de 1996 durante el discurso del Estado de la Nación: “la era del Gran Gobierno ha terminado.”

En Europa, la Comisión Europea aplica tímidas medidas respecto al control de la inflación, el equilibrio presupuestario, y la moderación de los impuestos, una política que está retrasando de un modo incomprensible la actuación de los gobiernos, que tienen la economía en un estado más que preocupante.

Sería deseable que algo de lo expuesto anteriormente y que forma parte de la experiencia económica del último siglo pudiera ser aplicado a nivel mundial. La historia nos ha demostrado que seguir la ortodoxia económica clásica consistente en mantener un gobierno limitado, impuestos modestos, y equilibrio presupuestario sería la trilogía ganadora para aumentar el crecimiento económico del país y el poder adquisitivo de los ciudadanos.

María Lorca-Susino es Profesora de Economía de la Universidad de Miami